Al dictar sentencia en el caso ‘Metástasis’, el Tribunal dijo que se probó la existencia del delito de delincuencia organizada a través de una amplia red de contactos, que buscaba la impunidad de Leandro Norero y su comodidad en la cárcel. Los argumentos de la Justicia.
POR: Hugo Constante
“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. Con esa frase, la jueza nacional Mercedes Caicedo inició ayer la lectura de la condena a 20 de los 21 procesados en el caso ‘Metástasis’. Culminó así un juicio que se llevó a cabo por cerca de un mes. La jueza de la Corte Nacional de Justicia fue clara y determinante: el fallo era unánime, con base en las pruebas presentadas, tomado con independencia e imparcialidad y en los plazos razonables con lo que se cumplió el debido proceso.
Caicedo, jueza ponente del Tribunal Penal, integrado además por los magistrados nacionales Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, lamentó que este caso, abierto en diciembre de 2023, demuestre cómo la Justicia fue infiltrada por grupos delincuenciales organizados, que no sólo trataron de influir en decisiones judiciales, sino que, al hacerlo, cometieron otros delitos, como tráfico de armas, de drogas, planeaban asesinatos, ofrecían tráfico de influencias.
Tras el proceso y escuchadas las partes, el Tribunal concluyó que se evidenció la existencia de una estructura criminal alrededor de Leandro Norero (+), que operó desde mayo de 2022 en que fue detenido el capo del narcotráfico por el presunto delito de lavado de activos, hasta el día de su asesinato, en la cárcel de Latacunga, en octubre del mismo año. Una estructura criminal cuyo objetivo era la libertad e impunidad del capo y que quedó registrada en los chats que este mantenía con varios de sus operadores y que salieron a la luz al materializar la información contenida en los celulares de Norero, encontrados en su celda, tras su asesinato y que se ha demostrado que esos chats no son falsificados.
Los jueces consideraron que se probó la existencia del delito de delincuencia organizada, no sólo para lograr beneficios económicos, sino otros beneficios materiales, siempre alrededor de una figura: Leandro Norero, ya que la banda trabajaba para él, directa o indirectamente, con el propósito de lograr que estuviese cómodo y seguro en la cárcel y, a la par, pueda “trabajar” para lograr su libertad. Con ese objetivo no dudaron en ofrecer coimas, manipular sorteos de los casos que involucraron al capo, comprar abogados, policías, fiscales y jueces. No era necesario que todos se conocieran entre sí, dijo el Tribunal, ni que actuaran al mismo tiempo.
El Tribunal dictó sentencia contra 20 procesados: uno fue condenado a 10 años de prisión, en su calidad de líder de la banda; 12 recibieron sentencia agravada de 9 años y cuatro meses de prisión, al considerar que cometieron el delito aprovechando que eran funcionarios públicos; cuatro procesados más fueron condenados a 7 años de cárcel y otros tres a 3 años y 4 meses. Sólo a un procesado se le ratificó el estado de inocencia: al exfiscal de Guayas John Campuzano.
Principales sentenciados
Este es el grado de participación y el rol en la organización delictiva de los principales implicados, según la sentencia oral del Tribunal:
- Xavier Novillo, líder de la estructura criminal, condenado a 10 años de prisión. Mantenía comunicación directa con Leandro Norero (+). Era el encargado de planificar las actividades ilícitas, para lo que ubicaba a funcionarios corruptibles y cooptaba a policías. “Era el corruptor del sistema de Justicia en Guayas” para buscar la impunidad del narcotraficante. Intervino directamente en la oferta, negociación y pago de sobornos a cambio de beneficios judiciales para que Norero regresara a su actividad delictiva habitual.
- Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Juez de la CNJ al momento del cometimiento del delito. Sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión como colaborador de la organización, aprovechando su puesto en la Corte. Actuaba a través de su hombre de confianza y colaborador de despacho, Álex Palacio (sentenciado a pena abreviada por su testimonio anticipado). Aprovechándose de su cargo, ofrecía la compra de sentencias favorables para Israel Norero, hermano del capo, también investigado en el caso de lavado de activos. Terán habría negociado 2 millones de dólares para lograr la libertad de Israel Norero, pero el capo, finalmente, le dio 10.000 dólares para que retrasara el trámite del ‘habeas corpus’, hasta que el entonces juez Ronald Guerrero (también sentenciado) se hiciera cargo del proceso, ya que salía “más barato”.
- Pablo Ramírez, exdirector de la entidad a cargo del sistema carcelario (SNAI), condenado a 9 años y 4 meses de prisión. El Tribunal le encontró culpable de tres conductas ilegales cuando estuvo a cargo de ese organismo. Haber gestionado favores penitenciarios relacionados con seguridad y comodidad para Norero durante su permanencia en la cárcel de Latacunga. Haber autorizado la salida de los “brazos armados” del capo: alias ‘Madrid’ y alias ‘Cuyuyuy’, para que armen su equipo de seguridad dentro de la cárcel. Y de recibir beneficios económicos directos por parte de Norero. De acuerdo con la sentencia, Ramirez, exgeneral de Policía, le dio a Norero un estatus de privilegio en la cárcel, ya que prohibía que le requisaran la celda, donde el capo tenía un sistema de internet desde donde planificaba sus actividades ilícitas. El entonces director del SNAI habría recibido 200.000 dólares a cambio. Para el Tribunal no cumplió su rol de director del SNAI, sino que se puso al servicio de la red criminal.
- Claudia Garzón, de nacionalidad colombiana, excomisionada para la pacificación de las cárceles en el Gobierno de Guillermo Lasso. Recibió una condena atenuada de tres años y cuatro meses de prisión, por haber colaborado en el juicio, al haberse presentado ante las autoridades y asistir a todas las jornadas del proceso penal. Sería el nexo entre Norero y Ramírez para que el capo recibiera tratos preferenciales al interior de la cárcel de Latacunga. A cambió Garzón habría obtenido beneficios materiales, como un departamento en Bogotá, otro en Cartagena y un vehículo para su hija. Según el Tribunal, más que “pacificadora” de las cárceles habría sido “facilitadora” de los beneficios a Norero, incluso después de que dejó de integrar la Comisión.
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