“La justicia no estará de rodillas ante el crimen organizado”. Con esa frase, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, acusó a los 37 procesados del caso ‘Metástasis’ por delincuencia organizada. ¿Cuáles son los argumentos de la Fiscalía? Conócelos.

POR: Juan Camilo Escobar

La cercanía del juicio por el caso ‘Metástasis’ se hace cada vez más presente. Este proceso penal, que la Fiscalía ha descrito como una «radiografía de cómo el narcotráfico se infiltró en las instituciones del Estado», ha conducido, hasta ahora, a la acusación de 37 individuos por delincuencia organizada, vinculada al narcotraficante asesinado Leandro Norero. Entre los imputados se encuentran exfuncionarios de alto nivel como Willman Terán, expresidente de la Judicatura; Ronny Aleaga, exasambleísta correísta; y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, entidad que maneja las cárceles.

Manuel Cabrera, conjuez de la Corte Nacional de Justicia, está cerca de ordenar el inicio de este juicio histórico, luego de los nueve meses que siguieron a un “megaoperativo” policial, que incluyó 75 allanamientos en seis provincias. En la madrugada del 14 de diciembre de 2023, se produjeron arrestos de cerca de una veintena de personas, entre ellas empresarios, abogados, funcionarios judiciales y carcelarios, además de fiscales y jueces.

Con el juicio a la vista, el país se prepara para observar de cerca uno de los casos más significativos y esclarecedores de corrupción y narcotráfico en la memoria reciente. Cabrera convocó inicialmente a una audiencia preparatoria de juicio para el 16 de agosto, la cual fue suspendida para atender una solicitud de los procesados de que se “declarara la nulidad” del proceso, alegando diversos errores de procedimiento y una supuesta vulneración de su derecho a la defensa por parte de la Fiscalía.

Luego de esta pausa de casi un mes, esta semana se llevaron a cabo tres jornadas adicionales de dicha audiencia preparatoria. 

En la primera de ellas, el miércoles, Cabrera rechazó las solicitudes de los procesados y validó «todo lo actuado por la Fiscalía». Cabrera desestimó uno a uno los cuestionamientos, argumentando que “no se evidencian vicios de trámite”, que sí se les permitió acceder a información del proceso y que el informe de la Fiscalía cumple con las normas legales. 

Cabrera desestimó, por ejemplo, las objeciones de Ronny Aleaga, quien argumentaba una limitación en su derecho a la defensa, señalando que Aleaga “no especificó en qué sentido no se le permitió ejercer su defensa” y destacando la falta de claridad en su reclamo.

Así, una vez validadas las investigaciones de la Fiscalía, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, comenzó a acusar uno a uno a los 37 procesados como autores del delito de delincuencia organizada. 

LAS ACUSACIONES

A cuatro de ellos no solo los acusó como autores directos, sino como líderes de la “estructura criminal” vinculada con Norero: Xavier Novillo y Christian Romero, alias ‘Globalpax’, abogados que gestionaron la libertad de Norero, recluido en la cárcel de Latacunga; Xavier Jordán, empresario que ofreció utilizar sus empresas para lavar activos de Norero y administrar sus bienes; y, Javier Gilmar C. B., alias ‘Yankee’.

Además, Toainga identificó tres niveles de colaboración de los procesados, ya sea en la financiación, la planificación y dirección de la organización criminal del asesinado narcotraficante. Así señaló a 33 personas como colaboradores en el caso Norero. Entre ellos se encuentran:

– Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional de Justicia.

– Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana.

– Yanina Villagómez, exfiscal provincial del Guayas.

– Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.

– Claudia Garzón y Mirian Delgado, exintegrantes del Comité de Pacificación de las Cárceles.

SUSTENTO

Para sustentar sus acusaciones, Toainga inició una maratónica lectura que se extendió por tres jornadas adicionales, entre el mismo miércoles y el viernes, de los diferentes tipos de pruebas y evidencias documentadas en más de 100 mil “fojas” o páginas. La magnitud de esta documentación se evidenciaba en una gran cantidad de cartones colocados y apilados en varias filas en la sala de sesiones donde se celebró esta audiencia.

Se trataba de la exposición de Toainga de los así denominados “elementos de convicción” recabados por la Fiscalía para sustentar sus acusaciones. El más importante de ellos era el conjunto de transcripciones de los chats que, a través de aplicaciones de mensajería móvil, como Threads, mantuvieron Leandro Norero con sus operadores y entre estos últimos. Así, Toainga explicó que estos chats fueron extraídos y periciados de los teléfonos de Norero, tras su asesinato en la cárcel de Latacunga, el 3 de octubre de 2022.

Toainga también detalló informes de diferentes peritajes, no sólo sobre esos chats, sino también sobre transferencias y depósitos bancarios, así como sobre la entrega de bienes o dinero en efectivo para diferentes personas identificadas por la Fiscalía como colaboradores de Norero.

Con estos informes, Toainga demostraba no sólo cómo Norero y sus colaboradores ofrecieron sobornos a fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales a cambio de beneficios legales para él y sus familiares, y cómo se sobornó a policías para alertar y entorpecer operativos en su contra, así como a agentes y autoridades de las cárceles para garantizarle comodidad y seguridad en la cárcel de Cotopaxi. 

Además, los informes mostraban cómo el empresario Xavier Jordan ofreció a Norero actividades empresariales en Estados Unidos para lavar activos, y cómo el exasambleísta correísta Ronny Aleaga intentó silenciar las denuncias de corrupción de Fernando Villavicencio.

Toainga también expusó evidencias sobre los retrasos y obstáculos en la investigación de lavado de activos dirigida por la fiscal Lidia Zarabia contra el narcotraficante Norero. Según Toainga, Zarabia había solicitado la suspensión de funcionarios judiciales involucrados no sólo en estos retrasos, sino también en la concesión de beneficios legales injustificados a familiares de Norero. Sin embargo, recordó, la solicitud no fue atendida por Terán, entonces presidente de la Judicatura.

La indignación del fiscal Toainga al presentar estas pruebas fue tal que llegó a expresar: “La justicia no estará de rodillas e impasible ante el crimen organizado”. También, con la misma indignación, lamentó que esta red delictiva se haya establecido y desarrollado dentro del sistema de justicia, y que varios funcionarios estén involucrados.

PUNTUALIZACIONES:

• El agente policial Lino Macas mantenía comunicación directa con Leandro Norero para proporcionarle información con el objetivo de intimidar a Lidia Zarabia, la fiscal encargada de investigarlo por lavado de activos. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, ambos planearon «amedrentarla sin dejar rastro», colocando un ataúd en su domicilio y una granada en su vehículo. 
• El abogado Kevin Prendes coordinó con el coronel Neisser Garzón el operativo policial en la vivienda de Leandro Norero en Samborondón, según los chats presentados como evidencia por el fiscal Toainga, durante la audiencia. Toainga recordó que Garzón ya se sometió a un “procedimiento abreviado” y fue sentenciado con relación a este delito.
• El exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, «me vino a conocer (a la cárcel de Latacunga) y le agradecí porque no me enviaron a La Roca», en referencia a la prisión de máxima seguridad, señala Norero en uno de los chats extraidos de sus dispositivos móviles. 

• El policía Danilo Leal proporcionaba información confidencial a la organización criminal de Leandro Norero, facilitando la evasión de operativos policiales y ofreciendo asesoría sobre cómo «no dejar rastro» de sus actividades delictivas.
• El fiscal de Guayas John Campozano contactaba al narcotraficante Norero y a sus operadores para ofrecerles asesoría legal y proporcionarles información con el fin de que los miembros de su organización criminal evadieran a la Policía, según las revelaciones presentadas por Toainga.
• La fiscal María José Aguirre colaboró con Norero, brindándole asesoría en su estrategia legal. «Cumplió todos los pedidos» de Norero, alterando evidencias y otros favores, a cambio de joyas, sostuvo Toainga.

LO QUE VIENE

Esta semana que concluye, con todo y sus tres jornadas de la audiencia, no fue suficiente para que el fiscal Toainga completara la identificación y documentación de los diversos roles desempeñados por los colaboradores de Norero. 

Al mediodía de hoy, antes de que el conjuez Cabrera suspendiera la audiencia hasta las 14:00 del lunes 16, Toainga demostraba, por ejemplo, que Mayra Salazar, relacionista pública de la Corte de Guayas, y la abogada Sofía García, fueron identificadas como colaboradoras clave de Norero. Según Toainga, ambas habrían facilitado la obtención de un ‘habeas corpus’ a favor de Johanna Norero, hermana de Norero, a cambio de depósitos bancarios y sobornos a jueces y funcionarios judiciales.

Se espera que en la próxima sesión del lunes, Toainga concluya su «dictamen acusatorio». Posteriormente, se anticipa que el conjuez Cabrera permitirá a la Procuraduría actuar como parte acusadora particular y fundamentar su solicitud para que los procesados sean llamados a juicio.

Después de la intervención de la Procuraduría, el conjuez ha anticipado que otorgará 20 minutos de intervención a cada uno de los abogados de los 37 procesados. Si se cumple este límite, las réplicas podrían extenderse por más de 12 horas, lo que podría resultar en al menos un día adicional de audiencia.

MÁS INVOLUCRADOS

Además de los 37 acusados esta semana, la Fiscalía ha conseguido que la Corte Nacional condene a otros 12 procesados bajo los denominados “procedimientos abreviados”, luego de que estos admitieran su culpabilidad y cooperaran con la investigación.

El caso ‘Metástasis’ también dio lugar al caso ‘Purga’, que investiga una presunta red de corrupción judicial en la Corte del Guayas, diseñada para favorecer al narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, conocido como ‘Fito’, líder de la banda criminal Los Choneros.

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