El Pleno de la Asamblea censuró al exministro de Energía por su responsabilidad en la crisis del sector, que originó los apagones en el país. En la sesión de hoy se cerró el debate y se dio la votación: 95 a favor de la censura y 24 abstenciones. 

Con 95 votos a favor, tres más del mínimo requerido, y 24 abstenciones el Pleno de la Asamblea censuró al exministro de Energía Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones, al no tomar medidas, según manifestaron los legisladores, para prevenir los apagones. 

La moción fue presentada por la asambleísta oficialista Nicole Saca y tuvo el apoyo de las bancadas correísta, socialcristiana, del oficialismo y de algunos independientes. Por la abstención se pronunciaron desde la bancada de Construye, Gente Buena y otro grupo de independientes. 

Con la censura, el exfuncionario queda prohibido para ejercer cargo público en los próximos dos años. Por el momento político, la coyuntura energética y la composición de la Asamblea era un resultado previsto, por lo que los asambleístas lo recibieron sin mayores aplausos o festejos. 

La interpelación 

En el debate intervinieron 18 asambleístas. Excepto uno, todos justificaron el juicio político y la necesidad de sancionar políticamente a Santos Alvite, a quien responsabilizan de la crisis energética que se vive hasta hoy en el país.      

El asambleísta César Umajinga (SUMA) aseguró que el juicio político no es por venganza u odio, sino porque no se respetó la Constitución, que garantiza la dotación de servicios básicos, pero que el exministro dejó en la oscuridad a los ecuatorianos. 

Mientras que el oficialista Ramiro Vela añadió que, teniendo todas las herramientas, no se actuó a tiempo, ya que son varios años en que no se hicieron las cosas de manera correcta, en parte por la corrupción del sector energético, por lo que la censura al exministro es mínima e insuficiente para evitar que, a futuro, se repitan estas situaciones. Consideró que es necesario que el informe que aprobó la Comisión de Fiscalización sobre la interpelación sea remitido a la Contraloría y a la Fiscalía.  

Desde la bancada correísta, en cambio, aseguraron que la crisis energética se viene dando desde los tres últimos Gobierno: Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. La legisladora Pamela Aguirre aseguró que desde el 2017 el Estado no ha invertido en proyectos de generación eléctrica con la intención de privatizar el sector y que Santos Alvite incumplió el 85% del plan maestro de electricidad.  

Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, aseguró que Saca, a pesar de ser la proponente del juicio político, durante la sustanciación del proceso no entregó ninguna prueba, ningún argumento, por lo que le correspondió a la Comisión realizar la investigación y recopilar la información para sancionar a los responsables de los apagones. “Tiene que ser censurado, pero no es el único que no ha cumplido sus funciones”, manifestó la legisladora. A su turno, Saca no respondió a la acusación de Aguirre, se limitó a mocionar la censura de Santos Alvite. 

El socialcristiano Lenin Rogel indicó que los apagones afectan a toda la población, pero especialmente a los que tienen pequeños emprendimientos o negocios, ya que no cuentan con recursos para adquirir generadores de energía eléctrica, como sí lo tienen los grandes empresarios e industrias. 

Criterio en contra

El asambleísta independiente Pedro Velasco fue el único en cuestionar la legalidad de este juicio político, a pesar de que, dijo, hay motivos suficientes para cuestionar la gestión del exfuncionario. Sin embargo, aseguró que no se habían cumplido los plazos establecidos en la Ley de la Función Legislativa para el tratamiento de los procesos de interpelación, por lo que Santos Alvite podría recurrir a cortes internacionales para demandar a quienes voten por su censura. 

Velasco recordó que la Comisión de Fiscalización tiene cinco días plazo para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político y calificarlo, pero que lo hizo dos meses y medio después de haber recibido la solicitud. “Esto es grave, nosotros no podemos estar inducidos a cometer errores legales, porque mañana las repercusiones van a ser para nosotros, para los que votemos por una cosa que es ilegal. (…) Todo este procedimiento va a acarrear nulidades”, dijo Velasco. 

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