En Esmeraldas, apenas 3,8 de cada 10 casas tienen este servicio y hay marcadas diferencias con provincias mejor dotadas. Según expertos, las nuevas cifras del Censo 2022 permitirán una mejor planificación en el tema a los gobiernos locales. 

La electricidad alcanza casi a la totalidad de los hogares ecuatorianos. Es el servicio básico que más se ha extendido en las dos últimas décadas, en contraste con el alcantarillado, que continúa como una tarea pendiente para tres de cada 10 hogares.

Se trata de uno de los datos más llamativos del Censo de Población y Vivienda realizado el año anterior: así, mientras 9,8 de cada 10 hogares tiene electricidad, apenas 6,6 hogares tiene alcantarillado.

No es un dato menor para los 2’261.000 hogares que no pueden hacer algo tan sencillo como aplastar un botón o accionar una palanca del inodoro.

Hernán Orbea, arquitecto y catedrático universitario de urbanismo, destaca que el acceso al alcantarillado, junto con el suministro de agua potable, constituye un «mínimo deseable» para todas las sociedades del mundo y es un elemento fundamental para llevar una vida digna.

Los resultados del Censo evidencian notables contrastes en el acceso al alcantarillado, con un 9,2 de cada 10 viviendas con alcantarillado en Pichincha, mientras que en Esmeraldas apenas alcanza el 3,8 de cada 10. Otras provincias con déficits considerables en el acceso al alcantarillado son Guayas (6,6 de cada 10), Cañar (6), Sucumbíos (4,9) y Morona (4,2).

Estas marcadas “disparidades” se enmarcan en un crecimiento nacional del acceso al alcantarillado, que pasó del 48% en 2001, al 53,6% en 2010 y al 65,8% en 2022. 

En este contexto, la brecha en el acceso al “saneamiento básico” sigue siendo un desafío importante para la igualdad y el bienestar en Ecuador, remarca el urbanista Orbea. Y con los nuevos datos del Censo, considera, los gobiernos locales pueden actualizar sus planes y sus pedidos de mayores recursos al Gobierno nacional y a organismos internacionales.

«Como es indelegable, debe tener una naturaleza pública y dependemos de las intenciones, las capacidades y los presupuestos de las entidades públicas que asumen directamente esta competencia, que son los municipios», comentó.

«No hay intenciones políticas, porque las intenciones en otros ámbitos funcionan o se ‘propagandean’ mejor que en este caso, que es una necesidad real», sostuvo sobre la verdadera prioridad que los políticos de turno en los municipios han otorgado en las últimas dos décadas a la construcción de sistemas de alcantarillado.

En la práctica, a esta falta de prioridad se suma la escasez de recursos económicos y, sobre todo, de capacidades técnicas, señaló el especialista Orbea: «Ante esa falta de respuesta institucional, la gente se ve obligada a carecer del recurso o a gestionarlo por sí misma, lo que provoca muchas afectaciones en el ambiente.

En este sentido, explicó que la acumulación de aguas residuales y su infiltración en el suelo son dos de las principales consecuencias de su evacuación de manera no técnica en poblaciones que carecen de una red pública de alcantarillado.

Este problema, a criterio del presidente del Colegio Médico, Carlos Cárdenas, se ha observado en especial en Manabí y Esmeraldas, con casos críticos de una doble carencia de agua potable y de alcantarillado.

Las acumulaciones de aguas servidas contaminan pozos del agua que consumen diariamente en zonas enteras de Esmeraldas, lo cual continúa generando problemas de salud pública, en particular de enfermedades gastrointestinales que afectan en mayor medida a niños.

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