Un solo voto puede cambiar la correlación de fuerzas en el interior de este organismo, que vive entre polémicas. Esta es una historia que se repite, cíclicamente. ¿Quiénes tomarán ahora las decisiones, una vez que el correísmo perdió el timón?

Nicole Bonifaz, Andrés Fantoni, Juan Esteban Guaderas y Mishelle Calvache son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) que integran la nueva mayoría, desplazando al correísmo que, con la destitución de Alembert Vera no sólo perdió la Presidencia y, por ende, el control del Consejo, sino que también quedó en minoría.

Con la salida de Vera, los consejeros de la ‘liga azul’ —nombre con el que el correísmo promocionó a sus candidatos al Consejo a través de las redes sociales— que conservan los cargos son: Augusto Verduga y Yadira Saltos. A ellos se ha sumado y coincidido en votaciones y criterios Johanna Verdezoto, quien llegó al Consejo como independiente.

Vera, quien era Presidente, fue destituido por la Corte Constitucional y, de inmediato, Bonifaz asumió ese cargo. En su discurso, pidió a los consejeros que superen las rencillas entre mayorías y minorías, para devolverle la institucionalidad al organismo.

Sin embargo, para la elección de Fantoni como vicepresidente, operó está nueva mayoría que dio sus votos, mientras que el bloque correísta, ahora en minoría, votó en contra.

Durante la campaña electoral del 5 de febrero, Bonifaz y Fantoni fueron promovidos por el Partido Social Cristiano, demostrando que, aunque en teoría el Consejo es un espacio que no debería tener injerencia partidista, en la realidad quienes han llegado a ser elegidos como sus autoridades han mostrado afinidad a algún grupo político. 

Para el analista electoral Fausto Camacho el modelo de funcionamiento del Consejo de Participación está agotado por responsabilidad de quienes llegaron y lo transformaron en un organismo político para cooptar a las autoridades de control, cuando su objetivo, según la Constitución, es fomentar la participación de la ciudadanía. «Es un Consejo que sufre de la misma crisis (de las anteriores administraciones), que no le permite cumplir con lo que propone la Constitución», manifestó. 

Un voto puede cambiar todo 

Para Camacho, la actual mayoría que opera en el Consejo se dio puntualmente para elegir al Vicepresidente, pero no descarta que en cualquier momento pueda romperse debido a la perspectiva y los intereses que tienen cada una de sus autoridades.

Por un lado, los consejeros de la ‘liga azul’, que responden a un determinado sector y, por otro lado, el resto de consejeros, que se proyecta por su propio andarivel. 

Con siete integrantes, en una correlación de fuerzas 4 – 3, basta con que uno de ellos se pase de bando para inclinar la balanza y se hable de nueva mayoría. 

Ya sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana del 2022. Los consejeros Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán conformaban la mayoría y con sus votos aprobaban resoluciones en el Pleno. Del otro lado, estaban Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, que votaban en contra y no lograban que pasaran sus propuestas. 

Sin embargo, en enero del 2022, desacuerdos en la mayoría sobre la expedición de un reglamento hicieron que Estupiñán dejara esa mayoría y se uniera a los de minoría que, a su vez, se convirtieron en nueva mayoría, lo que les permitió nombrar nuevo presidente (Ulloa en vez de Almeida) esquema con el que funcionaron hasta enero del 2023, en que la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros, por incumplimiento en la designación del titular del Consejo de la Judicatura. 

El panorama del actual Consejo

Esta inestabilidad de quién podría ser el próximo voto disidente es permanente en el Consejo.

Al iniciar este periodo, en mayo del 2023, Vera fue electo presidente y Bonifaz vicepresidenta por unanimidad de los presentes, ya que Saltos no asistió a esa sesión.

Sin embargo, esa unanimidad de criterios no se puedo mantener en el tiempo. De a poco, Calvache y Fantoni se fueron separando y criticando las actuaciones de sus colegas. 

Pero la mayoría se mantenía firme con los cinco consejeros restantes. 

Luego, quien marcó distancia de la mayoría fue Bonifaz. Lo hizo cuando la Corte Constitucional inició la fase de seguimiento al cumplimiento de su dictamen interpretativo que blindó las resoluciones del Consejo transitorio. 

Ahora Bonifaz es quien preside el organismo y asegura que el Pleno debe actuar como un cuerpo colegiado, en conjunto para tomar decisiones. 

Por su parte, Verduga manifestó que es muy pronto como para saber si esa nueva mayoría se mantendrá o romperá en el futuro. Lo que sí aseguró el consejero es que será crítico cuando identifique irregularidades «o posturas que lo que hacen es torpedear el normal decurso de las sesiones». 

En algo que sí lograron unanimidad los siete consejeros es en la aprobación de una resolución que archiva y deja sin efecto todas las actuaciones administrativas con relación a la revisión del concurso en que se designó a Diana Salazar como Fiscal General, y al concurso en el que se designó a los jueces de la Corte Constitucional.

Unanimidad que se dió por dos motivos: el primero, porque el archivo de esos casos es una orden proveniente de la propia Corte Constitucional; y, segundo, porque los consejeros saben que sus actuaciones están aún en la mira de los jueces constitucionales, ya que la fase de seguimiento al cumplimiento del dictamen del 2019 no se ha cerrado y, de no cumplirlo, pueden seguir el camino de Vera: la destitución.

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