Las bancadas correísta y socialcristiana, que impulsan el juicio político a Lasso, aseguran que el Gobierno intenta comprar votos; el oficialismo responde que son denuncias sin fundamento al ver que están perdiendo apoyo para la interpelación.
El fantasma de un viejo conocido: el ‘hombre del maletín’, ronda nuevamente la Asamblea, a propósito de la puesta en marcha del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. La sustentación del juicio político impulsado por las bancadas correísta y socialcristiana está en marcha en la Comisión de Fiscalización, que deberá preparar un informe no vinculante para conocimiento del Pleno, que decide la continuidad o no de Lasso en el Gobierno.
Para su censura y destitución se necesitan 92 votos. Esto ha dado puertas en la Legislatura a un cruce de comunicados de las distintas bancadas asegurando que el Gobierno intenta “comprar” votos para que Lasso salga bien librado.
Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, indica en el comunicado que conocen, desde hace tiempo, “esa intención y pininos de abordaje pirata”, y que se habría intentado comprar los votos de dos de sus asambleístas. “No es una negociación. Es corrupción en dos direcciones. Una, que constituiría peculado: comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros (…). Otra, tan ruín e inmoral como la primera, extorsionar asambleístas quitándoles la seguridad que les protege de amenazas criminales”, señala el comunicado.
Por la misma vía se expresó la bancada correísta, que manifiesta que está más firme y unida que nunca, con lo que garantiza que sus 47 legisladores votarán a favor de la censura e interpelación.
Mientras que Pachakutik indicó que no responden a “presiones de ningún Gobierno, ni de partidos políticos históricamente conocidos por su corrupción y traición a la patria”.
El oficialismo
La respuesta de la bancada oficialista no se hizo esperar, también a través de un comunicado. Asegura que a los proponentes “se les están bajando de la camioneta” luego de que la Corte Constitucional admitiera como causal de juicio político sólo una de las tres acusaciones que le imputaban a Lasso, por lo que el abandono del proceso no se ha hecho esperar y la oposición ha caído en desesperación, de ahí los señalamientos al Gobierno, al no querer enfrentar la verdad.
“No existe una sola prueba o indicio que demuestre la supuesta extorsión o negociación de asambleístas por parte del Gobierno, pero sí el registro de la falta de respaldo, cuando sólo alcanzaron las 59 firmas para presentar la solicitud de juicio político”, consta en el texto del oficialismo. Agrega que su bancada siempre propondrá el diálogo público y deliberativo, a diferencia de quienes están “acostumbrados a reunirse en casas privadas para negociar lo que han querido hoy y siempre: la Justicia. Después los descubren y sorprendidos se preguntan: ‘¿hay video’?”.
Sólo se queda en expresiones
En los comunicados del correísmo y de los socialcristianos no dan nombres específicos de quiénes estarían detrás de esta operación de presunta compra de votos, a pesar de dar a entender que saben de quién o quiénes se tratan.
En el caso del PSC, mencionan que, “de avanzar en estos ilícitos le quitarán la máscara a quien mueve los hilos y los emisarios”. Mientras que el correísmo advierte a los emisarios del Gobierno de que no pierdan su tiempo.
Ante lo cual el oficialismo les pide que, si tienen las pruebas suficientes, las presenten ante el Comité de Ética de la Asamblea, para conocer la verdad.
Para el analista en temas legislativos Roger Celi, es deleznable lo que pasa en la Asamblea, ya que lo manifestado en los comunicados se queda sólo en expresiones políticas que no pasan a ser denunciados formalmente. Si hay evidencia de un delito, dice, debería ser puesto en conocimiento de la Fiscalía. “Esto se debería a que los legisladores tienen inmunidad parlamentaria y sus expresiones, actuaciones y resoluciones están revestidas por la Constitución y no pueden ser enjuiciados penal o civilmente por sus expresiones”, dijo Celi. Algo que también ocurre, agrega, con el Presidente de la República, que ha mencionado en su momento que hay legisladores corruptos, sin dar nombres. “Esto ocasiona impunidad, ya que si se están cometiendo delitos, estos se quedan ahí”, dijo Celi.
Agregó que si los jefes de bancada conocen que algunos de sus legisladores se prestan para la compra-venta de votos deben denunciarlos ante el Comité de Ética para proceder a una autodepuración en un ejercicio de responsabilidad, ya que la Ley les prohíbe a los asambleístas gestionar cargos públicos o recibir remuneraciones ajenas a sus cargos.
Por su parte, el exasambleísta Fernando Callejas dijo que pedir dinero o cargos públicos a cambio de votos es un chantaje, lo que Lasso ya denunció públicamente, e inclusive presentó la denuncia ante la Fiscalía, pero luego retiró “como si esto fuese un juego”.
Callejas dice que ahora los asambleístas lanzan acusaciones, tal vez preocupados porque saben que no van a tener los votos para censurar y destituir al mandatario, por lo que en el fondo lo que intentarían es “curarse en sano”.
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