Hoy se escucharon los argumentos relacionados con la no designación del Presidente de la Judicatura. Durante la audiencia se volvió a evidenciar la ruptura dentro del CPC.

En la Corte Constitucional se cumplió hoy la audiencia de seguimiento a su sentencia del 26 de septiembre del 2022, en la que ordena al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) que designe de manera célere al presidente del Consejo de la Judicatura, de entre la terna que ha remitido la Corte Nacional de Justicia (CNJ). 

La audiencia se cumplió con los jueces constitucionales de manera presencial y los comparecientes de manera virtual. 

Fue el escenario para que la mayoría (Hernán Ulloa —presidente—, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo) y la minoría del CPC (Sofía Almeida, Javier Dávalos y David Rosero) se culparan nuevamente de la crisis institucional y sacaran a relucir sus graves discrepancias internas; además de deslindar responsabilidad de la no designación del titular de la Judicatura. 

La audiencia se centró principalmente en la sesión del 2 de enero de este año, en la que la mayoría no logró consenso para designar al titular de la Judicatura de la cuarta terna remitida por la CNJ, a pesar de que los consejeros elogiaron a los integrantes de la misma y desatacaron sus perfiles profesionales. 

Durante la audiencia, mayoría y minoría platearon salidas para superar este conflicto y designar al Presidente de la Judicatura. 

La mayoría se defiende 

El más interrogado por los jueces constitucionales fue Ulloa, quien aseguró que la designación no era sólo responsabilidad de los consejeros de mayoría, sino de los siete miembros, pero que los tres de minoría se han ausentado a lo largo del proceso. 

Agregó que una terna anterior había sido devuelta porque dos de sus integrantes no cumplieron con el formato para la presentación de la declaración juramentada y que, al ser procesos estrictos, no hay posibilidad de segundas o terceras oportunidades. Ulloa agregó que el juicio político al que fueron sometidos en la Asamblea afectó el desarrollo de las actividades del Consejo. Sobre la cuarta terna, que se analizó el 2 de enero, dijo que no hubo acuerdo para avanzar en el objetivo de designar a la autoridad, ya que son decisiones personales de cada consejero expresadas a través de los votos y que eso no se pude cambiar, por lo que se decidió devolver la terna para que la Corte envíe otra. 

Acorralado por las preguntas de los jueces, Ulloa dijo que está abierta la posibilidad de reconsiderar esa última votación y que la terna no ha sido devuelta, pero que, para hacerlo, se necesitan cinco votos y el Consejo, al momento, sólo cuenta con cuatro consejeros, dos principales y dos suplentes, porque el resto está con licencia por ser candidatos a la reelección y la Asamblea no ha posesionado a más suplentes, por lo que no habría quórum para sesionar. 

Enrique Herrería, juez constitucional, cuestionó que hable de reconsideración cuando ya dio por cerrado este proceso de designación. El presidente del Consejo buscó una salida extrema en caso de poder tratar la terna y manifestó: “Queda la experiencia, en caso de que no exista consenso, voy a proponer a mis compañeros que se haga un sorteo público”, para designar al titular de la Judicatura. 

En su momento, Rivadeneira también criticó las ausencias de los consejeros de minoría, pero fue más allá y aseguró que se admiró cuando Ulloa, en la sesión del 2 de enero, tras la votación de una primera moción, haya mencionado que se agotó el tratamiento de la terna y, al no haber acuerdo, se la debía devolver. “La intención única de Ulloa era no escuchar el resto de mociones o plantear más para que se devolviera la terna”, dijo Rivadeneira. 

Para Bravo el camino a seguir es la reconsideración y asegura que, de así decidirlo la Corte, habrá el quórum para poder sesionar inclusive si se tiene que convocar a los consejeros que están con licencia.  

En cambio, Estupiñán intervino a través de su abogado, Stalin Raza, quien manifestó que no puede haber reconsideración porque no hubo resolución, y propuso que para destrabar el tema sean los consejeros suplentes que deben actuar esta temporada  los que asuman la responsabilidad y designen a la nueva autoridad. 

La minoría ataca 

Almeida aseguró que sí se ha incumplido la sentencia, pero no de su parte, sino de la mayoría. Agregó que hay un complot para no designar al Presidente de la Judicatura y eso se demuestra, dijo, a través de las votaciones donde no dejan espacio que ejercer un voto dirimente. 

Dávalos coincide con esa apreciación y agregó que a la mayoría no le interesa darle celeridad a la designación por intereses del Gobierno que quiere mantener en el cargo a Fausto Murillo, presidente temporal. 

Rosero, en cambio, fue más directo en su acusación y manifestó que Ulloa nunca tuvo la voluntad de cumplir con la designación porque mantiene una amistad personal con Murillo y no le interesa cambiar al Presidente temporal aupado por el Gobierno. 

En la audiencia también intervino Iván Saquicela, presidente de la CNJ, organismo que ha remitido cuatro ternas en menos de un año y ninguna ha sido tomada en cuenta. Saquicela dijo a los magistrados constitucionales que la sentencia que dictaron el 26 de septiembre no se ha cumplido y que la Ley determina que es causal de destitución de las autoridades que incumplen con el fallo. 

Escuchados los argumentos la Corte Constitucional emitirá su decisión en los próximos días.

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