En medio de acusaciones de pactos, la Comisión de Fiscalización no logró aprobar el informe que recomendaba la interpelación de 6 de los 7 miembros del organismo. ¿Cómo se definirán las posturas de las bancadas? 

El asambleísta oficialista Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización; y el consejero de Participación Ciudadana (CPC) David Rosero —sin estar presente—, fueron los causantes de que esa mesa Legislativa no lograra aprobar el informe borrador que, en principio, recomendaba al Pleno de la Asamblea que se llamara a juicio político a las siete autoridades del CPC. 

Tras la sesión, hubo declaraciones relacionadas a pactos, componendas, intentos políticos para tomarse las entidades de control, y cada grupo político trató de salvar su responsabilidad del fracaso en la aprobación del informe. 

Luego de la lectura de la recomendación, donde constaba que se recomiende el juicio político para la totalidad de los consejeros, Velasco mocionó que el proceso se siga en contra de seis de las siete autoridades: Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira (todos de mayoría); y en contra de Juan Xavier Dávalos y de Sofía Almeida (de minoría), pero que se excluyera a Rosero. 

El argumento de Velasco fue que el consejero no había votado a favor de la reforma al reglamento para la designación del Contralor del Estado, ni por la destitución de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, dos de las cinco causales que dijo eran las más consistentes para determinar incumplimiento de funciones. 

Esto, a pesar que en otra causal propuesta, conflicto de intereses en la designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial, Rosero sí votó a favor. Pero el informe concluyó que no hubo conflicto de intereses de los consejeros, sólo una «ausencia de transparencia» en el proceso. 

Con la incorporación de esa moción, el informe fue sometido a votación. Hubo cuatro votos en contra, de los correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, más Pablo Muentes, del PSC. Los tres votos a favor fueron de los independientes Fernando Villavicencio y Bruno Segovia, más el oficialista Pedro Velasco. Y se abstuvieron los también oficialistas Ana Belén Cordero y Juan Carlos Troya. 

Acusaciones van y vienen 

Al no pasar el documento, se remitirá al Pleno de la Asamblea un informe con las posturas de los integrantes de la Comisión, para que sea esta instancia la que decida el futuro de los consejeros interpelados. Si se repite lo sucedido en Fiscalización, si salvan o censuran a todos,  o salvan a un grupo y para otros recomiendan que se inicie el juicio político. Inclusive si se vota de forma individual, por cada consejero interpelado. Lo evidente es que volverá a medirse el pulso político entre las bancadas, en función de mayorías, aunque sean móviles. 

El correísmo y PK rebelde dejaron en claro que la causal que apoyan es la arrogación de funciones para reformar el reglamento para designar Contralor, causal que pesa en contra de los cuatro consejeros de la mayoría actual. El ala orgánica de PK respalda el proceso contra los siete consejeros. Con la postura de Velasco, de salvar a Rosero, no se conoce aún qué decisión tomará en el Pleno la bancada oficialista, aunque Cordero dijo que deben ser interpelados los siete consejeros. 

Mientras que Muentes, del PSC, se mostró contrario a la unificación de las solicitudes de juicios políticos en contra de esas autoridades. 

Para Segovia, es evidente que hay un pacto entre el PSC y el correísmo para repartirse a través del CPC las principales instituciones del Estado y, por eso, se unieron en contra del informe, a pesar de las pruebas presentadas a lo que, dijo, se sumó el oficialismo. «Se habrán puesto de acuerdo para festinarse el país en una suerte de baratillo de ofertas. (Rafael) Correa y (Guillermo) Lasso son lo mismo. Van cogiditos de la mano», manifestó el legislador. 

Cuero descartó tal pacto y aseguró que se trató de una coincidencia el análisis realizado por Velasco para salvar a Rosero. «En una mesa de discusión se pierde y se gana; hay posiciones de un lado y de otro. Esto implica que tanto el PSC cómo nosotros hemos votado en una misma línea, inclusive el Gobierno se abstuvo. Es decir ¿Tenemos un pacto con el Gobierno? Hay que quitarse ese cuco de la cabeza, no hay tal pacto», dijo Cuero. Por su parte, Villavicencio aseguró que el fracaso de la votación se debió a que el correísmo y el PSC buscan salvar a los consejeros de minoría y el Gobierno a los de mayoría. «Hemos visto una coincidencia entre el Gobierno y la oposición para salvar a los siete consejeros», manifestó. Agregó que al llevarse este tema al Pleno, predominarán los pactos, no la Constitución ni el Derecho para ver a quiénes salvar y a quiénes no.

Mientras que Cordero también negó algún pacto pero dijo que respeta la posición personal y política de Velasco, parte de su bancada como independiente. 

En cambio Ricardo Vanegas, del ala orgánica de Pachakutik, uno de los interpelantes en contra de todas las autoridades del CPC, dijo que en la Asamblea hay una mayoría correísta-socialcristiana más Virgilio Saquicela (independiente), presidente de la Legislatura, que quiere adueñarse de las entidades del Estado a través de la sanción sólo a cuatro miembros del Consejo. Y de paso cuestionó al ala rebelde de Pachakutik a quiénes dijo que si mantienen esas posturas contradictorias mejor se «hagan de UNES (correísmo) que es donde deberían estar». 

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