Los asambleístas de oposición dicen que la resolución podría servir a la ciudadanía para que se active el mecanismo de revocatoria del mandato del Presidente. Aunque, el Gobierno amenaza nuevamente con la muerte cruzada.
La resolución que el pleno de la Asamblea adoptó ayer con 103 votos a favor, en la que determina que el Presidente Guillermo Lasso ha incumplido con su plan de Gobierno presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) y con el Plan Nacional de Desarrollo, podría servir a la ciudadana para que active el mecanismo de revocatoria del mandato del primer mandatario, aseguró Mireya Pazmiño, asambleísta del ala rebelde de Pachakutik, proponente de la moción.
Pazmiño aseguró que el Presidente incumplió sus funciones al no presentar una evaluación al Plan Nacional de Desarrollo, ya que no ha entregado una planificación anual, ni cuatrianual de las 130 metas que se fijó como Gobierno. “Ahora lo que puede pasar es que cualquier ciudadano, con la resolución que sacó la Asamblea, puede pedir al CNE los formularios para la revocatoria del mandato. Recuerden que tiempo atrás negó a un grupo de ciudadanos esa posibilidad, ya que no había ninguna prueba de incumplimiento de funciones, pero ahora la Asamblea lo ha evidenciado”, dijo la legisladora.
La bancada correísta coincide en que Lasso ha incumplido con sus funciones, pero su coordinadora de bancada, Pamela Aguirre, no dice abiertamente que es una forma de promover la revocatoria y prefiere “maquillar” la intención. “La sociedad civil tomará esta resolución y las acciones correspondientes. (…) Por el momento nosotros hemos aprobado una resolución, después pensaremos en las vías”, mencionó.
El jefe de la bancada de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, aunque concuerda en que hay incumplimiento de funciones y que ese es evidente en la realidad del país que vive la falencia de la administración pública, asegura que ni la Asamblea, ni su agrupación política han tendido la intención de una “asonada”, “golpismo” o la destitución del primer mandatario.
Desde la bancada socialcristiana su coordinador, Esteban Torres, asegura que la resolución no tiene efectos jurídicos prácticos, ya que más bien se trata de un efecto simbólico a la gestión del Gobierno, que deja mucho que desear tras casi un año y medio en el cargo. Añadió, que una revocatoria del mandato tiene que reunir varios requisitos como una justificación, recolección de firmas, aprobación en el CNE. “No es que este informe sea la antesala para alguien que quiera aplicar la revocatoria”, dijo.
En cambio el coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, dijo que más allá de la resolución aprobada, la Asamblea no tiene elementos jurídicos, a través de los cuales pueda iniciar algún proceso en contra del Presidente de la República.
El fantasma de la muerte cruzada
Horas después de que la Asamblea aprobó la resolución, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que rechaza lo aprobado por la Legislatura. “Le recordamos a los asambleístas que es absurdo que se pretenda determinar, dentro del primer año de gestión, el incumplimiento de un plan que está previsto ejecutarse en cuatro años”, señala el texto. Se agrega que el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo no es causal de destitución y advierte al Legislativo que “la obstrucción sistemática de dicho Plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea (muerte cruzada)…”.
Los legisladores aseguraron que no le temen a este mecanismo y que si por el bien del país tienen que “irse a la casa” tanto el Presidente de la República como la Asamblea, pues que se aplique.
Para Darwin Pereira, del ala rebelde Pachakutik, el Gobierno y su “equipo de ineptos” debería renunciar por decencia y dar paso a elecciones anticipadas. “Si creen que la vía es la muerte cruzada, nosotros estamos dispuestos a irnos. Si hay que sacrificar a la Asamblea con tal de deshacerse de este Gobierno estamos dispuestos a hacerlo”, aseguró.
Mientras que Pazmiño indicó que cada vez que la Asamblea realiza su control político al Ejecutivo, este responde amenazando con la muerte cruzada.
Los argumentos jurídicos
El constitucionalista, José Chalco reconoce que la resolución de la Asamblea podría ser un insumo para impulsar una revocatoria de mandato, pero aclara que ese mecanismo es un proceso social que no necesita un pronunciamiento previo de la Legislatura, ya que eso significaría que se está eliminando la atribución ciudadana de control social.
Para Chalco, la resolución por sí sola no es más que un “saludo a la bandera” sin inmediato efecto jurídico. “Es una Asamblea desenchufada de sus responsabilidades constitucionales, de sus responsabilidades legales, y de lo que la ciudadanía requiere en este momento”, dijo.
También, para el constitucionalista, Ismael Quintana, el supuesto incumplimiento del plan de Gobierno no es causal de juicio político, ni causal para la destitución del Presidente de la República a través del mecanismo de la muerte cruzada impulsada desde la Asamblea.
Añadió que si alguien considera que Lasso ha incumplido con su plan de Gobierno tiene que presentar ante el CNE la solicitud de inicio del procedimiento, incluir la justificación jurídica y las pruebas de cargo, que deberán ser analizadas por el CNE a quien corresponde analizar si hay o no la causal para iniciar la revocatoria.
“El CNE es el que va a tener que cotejar el plan de Gobierno con el que se inscribió la candidatura y verificar qué de aquello no se ha ido cumplimiento”, dijo. Es decir que, la resolución de la Asamblea no constituye plena prueba de incumplimiento de funciones, lo que no descarta que pueda ser usado. “Pero que eso jurídicamente demuestre de forma objetiva un incumplimiento de plan de Gobierno, diría que no, ya que en ese informe se mezclan muchas cosas, desde el Presupuesto General del Estado, el informe anual de labores y el plan de Gobierno”, manifestó.
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