Cárcel para Cristina Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
agosto 23, 2022

La expresidenta de Argentina no ha sido condenada, pero sí hay un pedido fiscal

La Fiscalía solicitó una pena de 12 años y la pérdida de sus derechos políticos de por vida por su presunta participación en actos de corrupción durante su mandato. 

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández enfrenta una investigación por supuesta corrupción en la obra pública durante su Gobierno. Sin embargo, no ha sido condenada a prisión ni mucho menos se le han quitado sus derechos políticos de por vida.  Ese es un pedido de la Fiscalía, pero Fernández no ha sido condenada aún. 

En una publicación de Facebook se asegura textualmente: “Cárcel para Cristina Fernández, 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”. Consideramos esta información como engañosa. 

https://www.facebook.com/118875663246784/posts/pfbid02wtuv7VDTcxrpwmSLxeBDvsweeMEdQyb1HLVfqcjLpm8c15DFbHxKoTP9ZjJXFWe9l/?d=n

Le damos esa calificación porque la forma en la que está expuesta la publicación puede dar a entender que la actual vicepresidenta de Argentina ya ha sido condenada; pero en realidad los datos expuestos corresponden a los pedidos de la Fiscalía, que todavía no han sido resueltos por la justicia. 

Tanto medios nacionales como internacionales, como La Nación, Infobae y la BBC, recogieron en diferentes notas los detalles de los alegatos de la Fiscalía en este juicio.

Ayer, la Fiscalía argentina pidió penas de prisión de hasta 12 años e inhabilitación para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta Fernández en el juicio que se le lleva por supuesta corrupción en la obra pública durante su Gobierno.

También solicitaron que se decomisen los bienes de los acusados dentro del juicio por valor de 5.231 millones de pesos argentinos, unos 36,4 millones de dólares. 

“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, declaró el fiscal Diego Luciani durante su alegato.

Fernández es juzgada desde el 2019 por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.

El juicio se centra en las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

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