El sistema judicial, como cualquier otro servicio público, es deficiente en el Ecuador. La demora en los trámites, la corrupción y la inseguridad jurídica hacen que el Consejo de la Judicatura —órgano de gobierno del poder judicial— tenga los más bajos niveles de aceptación de la ciudadanía.
Y si bien estos servicios pudieran mejorar implementando sistemas de gestión eficientes, con autoridades enfocadas en ello, el principal problema radica en la falta de independencia de los jueces, la cual es pilar del Estado de derecho.
La independencia judicial no es una quimera; es posible si atacamos el problema de raíz. Aquello requiere de una reforma constitucional que recomponga la organización del poder judicial, en donde el Consejo de la Judicatura deje de ser el órgano de gobierno y se mantenga únicamente como el órgano de administración del sistema. Es decir, ocupado de mantener los edificios en buenas condiciones, el pago de sueldos y los insumos de oficina al día; y no lo que es hoy: el órgano que controla a los jueces a través del régimen disciplinario.
Y que el poder de los jueces recaiga, como en la mayoría de los países democráticos del mundo, en la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema. Pero claro, ustedes lectores, como yo, serán escépticos en otorgarle ese poder a una Corte cuyos presidentes nos han defraudado últimamente; quienes, después de una larga y respetada carrera judicial, llegados a la presidencia rápidamente se alinearon al poder político para permitir el golpe de Estado al poder judicial, al impedirle a la legítima presidenta de la Judicatura posesionarse del cargo. Me refiero al asalto a la Dra. Alexandra Villacís.
Pero la luz podría estar al final del túnel. La Constitución de la República establece que la Corte Nacional de Justicia, integrada por veintiún jueces, se renueva parcialmente cada tres años; esto es, siete jueces por renovación. Y como el Consejo de la Judicatura ha sido tan negligente —el actual y los anteriores— y no han podido realizar la renovación correspondiente al año 2024, sucede que este año tendrán que hacer un concurso para dos renovaciones. Ello, sumado a las renuncias y destituciones de otros jueces, hace que en el próximo concurso de renovación de la Corte Nacional haya que elegir a dieciocho de veintiún jueces.
Este hecho se convierte en una oportunidad de oro —sin «meterle las manos a la justicia por última vez»— para lograr un acuerdo nacional por una Corte Nacional de Justicia de primer nivel, en la que los mejores y más experimentados abogados integren el tribunal de máxima instancia del país. A partir de una Corte de excelencia, podremos caminar hacia la recomposición del poder judicial con las reformas constitucionales, legales y de gestión que hagan posible un servicio de justicia de calidad.
En la próxima entrega les digo cómo debe integrarse esa Corte y cómo atraer a los mejores.
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