La resolución obliga a todo el personal, incluida la máxima autoridad, a declarar posibles conflictos de intereses. También exige mapas de riesgos, controles sobre compras y un canal confidencial. El documento no asigna presupuesto.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, ordenó implementar un sistema de control interno que incluye una política antisoborno, declaraciones obligatorias de conflictos de intereses y un canal confidencial para denunciar posibles actos de corrupción.
Se trata de la Resolución SNAI-SNAI-2026-0072-R, publicada hoy en el Registro Oficial, que contiene 28 artículos, cinco capítulos, seis disposiciones generales y 25 disposiciones transitorias, con medidas para la administración central, las cárceles, los centros de adolescentes infractores y otras unidades del organismo.
El documento convierte en responsabilidad directa de cada jefe y servidor del SNAI la identificación y reducción de riesgos en su área. Cada dirección, coordinación y unidad deberá elaborar un mapa de riesgos con responsables, cronogramas, indicadores y acciones de mitigación. La Dirección de Planificación deberá consolidar esa información y reportarla a la máxima autoridad.
La resolución también exige separar funciones consideradas incompatibles. La autorización, ejecución, registro y custodia de una operación deberán quedar en manos de servidores distintos. Toda transacción administrativa o financiera tendrá que contar con autorización previa y escrita, además de documentos suficientes para justificarla. Los expedientes deberán conservarse ordenados, foliados y disponibles para controles posteriores, según los artículos 4 y 5.
Declaraciones para todo el personal
Uno de los cambios más concretos es la obligación de que todo el personal del SNAI, incluido el nivel jerárquico superior, suscriba una declaración de conflicto de intereses.
La norma también regula a los funcionarios responsables de contratación pública, selección de personal, pagos, talento humano y administración de bienes. Así, si un funcionario detecta un conflicto personal o relacionado con familiares, deberá apartarse del trámite por escrito y comunicarlo inmediatamente a su superior.
El artículo 10 establece que ningún servidor podrá recibir beneficios directos o indirectos por sus funciones. La resolución también dispone reglas sobre regalos, obsequios y presentes, que deberán quedar incorporadas en una versión actualizada del Código de Ética.
En materia de delegaciones, el texto advierte que transferir una competencia no libera al superior de su obligación de control: “La delegación no exime al delegante de su deber de supervisión”, señala el artículo 23.
Canal confidencial en 60 días
La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación deberá habilitar, en un plazo de 60 días, un canal electrónico seguro y confidencial para recibir denuncias sobre hechos contrarios a la ética y la integridad.
El SNAI deberá reservar la identidad de quienes denuncien de buena fe. La resolución señala: “Se prohíbe toda forma de represalia contra quien presente una denuncia de buena fe”. Las denuncias maliciosas o temerarias podrán generar responsabilidades, pero el documento no detalla el procedimiento para determinar cuándo una denuncia entra en esa categoría.
La Dirección de Talento Humano también dispone de 60 días para capacitar a todo el personal en integridad, conflictos de intereses y prevención del soborno. Deberá conservar evidencia documental de las capacitaciones realizadas.
La resolución declara una política de “tolerancia cero frente al soborno, el cohecho, la concusión, el peculado, el tráfico de influencias y cualquier acto de corrupción”. Además, prohíbe solicitar, aceptar, ofrecer o entregar dádivas, comisiones o beneficios indebidos.
