Para la oposición, el caso Progen y sus artistas judiciales y políticas restan fuerza al discurso oficialista de transparencia, y deja sin piso la trillada frase de «investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga».
Corría el último semestre de 2024 y Ecuador afrontaba una de las más severesas crisis eléctricas con apagones de hasta 14 horas diarias. En el marco de la declaratoria de emergencia emitida para superar esta crisis, el Gobierno, a través de CELEC-EP, suscribió contratos Progen Industries LLC para instalar generadores en las centrales Salitral y Quevedo.
Ese proceso es considerado uno de escándalos más grandes de corrupción, que generó un perjuicio para el Estado de 104,4 millones de dólares, según la Fiscalía, ya que los motores entregados por Progen incumplieron las condiciones del contrato. Los equipos eran usados, repintados, con placas alteradas y no cumplían con las condiciones técnicas ni la potencia requerida.
El caso tuvo su repercusión en el ámbito judicial y político. Sin embargo, sectores de oposición consideran que en los dos ámbitos, el oficialismo ha promovido la impunidad, ha protegido a sus funcionarios o exfuncionarios.
En esa dinámica, el caso Progen le está pasando factura a ADN y se ha convertido en la «piedra en su zapato», y ha alimentado la crítica de la oposición, desde donde se asegura que faltan nombres de presuntos responsables indirectos como Roberto Luque e Inés Manzano, en su momento ministros de Energía.
El proceso judicial
La Fiscalía investiga el caso Progen, conocido también como caso «Apagón», por el presunto delito de peculado. Oficialmente hay 21 procesados, 19 de ellos con orden de prisión preventiva.
De los 21 investigados, dos eran funcionarios de alto rango: Antonio Goncalves, exministro de Energía por tres meses; y Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Energía. El caso está en etapa de instrucción fiscal y se han registrado novedades.
Por ejemplo, la fiscal Luzmilla Lluglla fue separada del caso y el fiscal general, Carlos Alarcón, puso en su reemplazo a Judith Bonilla.
Lluglla había dirigido desde el inicio la investigación del caso Progen y fue cuestionada por los abogados de varios procesados ya que no habría incorporado al expediente audios, correos electrónicos, documentos y solicitudes de pericias que habrían sido entregados varios meses atrás sin resultado alguno.
Cuando Lluglla inició la investigación, aparecía el nombre de Roberto Luque, ministro de Daniel Noboa, en el expediente ya que fue el que, como ministro de Energía encargado, declaró la emergencia en el sector eléctrico y dispuso que Celec realice contrataciones para generar energía adicional. Sin embargo, finalmente no fue incluído en el proceso judicial.
En la versión ampliada que rindió Celso Sánchez, extécnico de la Celec que viajó a los Estados Unidos a revisar los generadores y uno de los procesados, indicó que había advertido a sus superiores que los equipos ofrecidos por Progen tenían fallas, pero que su informe no fue tomado en cuenta. En su declaración, Sánchez no incluyó a Luque en el presunto entramado de corrupción.
En relación a Manzano, se han filtrado conversaciones y chats de presuntas conversaciones suyas con directivos de Progen y otros involucrados. Además, se le cuestiona haber permitido una adenda que facilitó a CELEC realizar desembolsos por millones de dólares a Progen, a pesar de los retrasos e incumplimientos de la empresa.
Manzano respondió a través de su cuenta X. Aseguró que los hechos hablan por sí solos. «No participé en la contratación de PROGEN, impulsé acciones bajo la Ley RICO en Estados Unidos y compareceré ante la Fiscalía las veces que sean necesarias», posteó. Agregó que cuando llego al Ministerio de Energía, ya existían los contratos con Progen, por lo que no los negoció, no los adjudicó ni fue parte de las decisiones que hoy investiga la Fiscalía.
En el ámbito político
El proceso judicial está en marcha y hoy por hoy los altos colaboradores y excolaboradores de Noboa han sido excluidos del proceso. Situación similar se vive en el ámbito político.
Los intentos de fiscalizar por parte de la oposición, se han topado con el cerco de los votos que el oficialismo cuenta en la Asamblea y sus diferentes instancias.
Un primer intento de la Revolución Ciudadana por llevar a la entonces ministra Manzano a juicio político, fue negado. El 29 de julio de 2025 los asambleístas correístas Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna entregaron formalmente la solicitud de juicio para que Manzano responda políticamente por su presunta responsabilidad en el caso Progen.
La solicitud no pasó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominado por ADN y presidido a esa fecha por Niels Olsen (ADN), titular de la Legislatura, y se frenó cualquier iniciativa de investigación política en ese sentido.
Sin embargo, el caso Progen y su entramado de corrupción seguía creciendo y esto dio impuso a la bancada correísta para hacer un nuevo intento por llamar a Manzano a la Asamblea. Barreto y Luna presentaron el 26 de mayo de este año una nueva solicitud de juicio político contra la exministra. Esta vez la solicitud fue admitida a trámite por el CAL y remitió el expediente a la Comisión de Fiscalización para que sustancie el proceso. Parecía que está vez sí se iba a concretar la comparencia de Manzano al Paralmento para que exponga su verdad.
La Comisión, también de mayoría oficialista, negó esa posibilidad y en un comunicado, emitido pocos minutos después de haber tomado la resolución, que demostró que la decisión había sido tomada antes de someter a votación, aseguró que el caso debe investigarse hasta las «últimas consecuencias», pero con seriedad, rigor técnico y respeto institucional. Y deja en manos de las autoridades y de la Fiscalía determinar responsabilidades penales, administrativas y civiles.
La decisión de la Comisión no fue bien vista incluso entre aliados del oficialismo. Sergio Peña dijo que los juicios políticos no son malos, ya que sirven de mecanismo para transparentar la gestión del funcionario y que despeje dudas en el Pleno de la Asamblea.
Jhajaira Urresta agregó que lo deseable hubiese sido que el proceso baje al Pleno de la Asamblea para lograr un debate mucho más amplio y una respuesta contundente para el pueblo.
La investigación del caso Progen no solo se estancó en la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Transparencia, también dominada por el oficialismo, se aprobó un informe librando de responsabilidades políticas a Manzano y Luque, trasladando la culpa de las presuntas irregularidades a funcionarios de rango medio y argumentando que la investigación les corresponde a la Fiscalía y a la Contraloría.
Un reportaje de Ecuavisa, que incluyó un audio filtrado, daba cuenta, en voz de Manzano, de una presunta operación política con la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome (ADN), para frenar cualquier intento de juicio político en su contra y limitar las comparecencias por el caso Progen.
Jácome aseguró que en el audio difundido no le atribuye responsabilidad alguna, que no hay mensajes de texto o que haya evidencia de una participación suya para tratar de encubrir a Manzano.
Para la oposición legislativa, el caso Progen y sus artistas judiciales y políticas restan fuerza al discurso oficialista de transparencia y dejan sin piso la trillada frase de «investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga».
