Expertos delinean aspectos básicos que los electores deben tomar en cuenta en los planes de gobierno de los ocho candidatos. En las calles, ciudadanos consultados expresan sus principales expectativas sobre seguridad para quien ocupe el sillón de Carondelet.
¿Cuáles deberían ser las prioridades en materia de seguridad ciudadana para el próximo presidente de la República? ¿Qué capacidades o rasgos de su perfil deberían tener en cuenta los electores al elegir entre los ocho candidatos? Los ciudadanos están prestos a dar sus respuestas. En un recorrido por el norte de Quito, esbozaron sus principales preocupaciones para quien ocupe desde finales de año el sillón presidencial, en Carondelet.
“No hay otra acción más prioritaria que crear fuentes de trabajo para combatir la inseguridad. No hay nada más prioritario en los actuales momentos”, dijo el quiteño Wilson Guamacaz, de 67 años de edad. Él considera que la inseguridad no sólo son robos, asaltos y extorsiones, sino, también, la falta de una cultura de trabajo y de “verdaderas oportunidades” para acceder a fuentes de empleo. “Mientras no haya empleo, la gente va a seguir delinquiendo, se van a seguir formando bandas de delincuencia organizada”. Para él, quien resulte electo debería tener el perfil de un estadista.
“El perfil debe ser de alguien que sepa de seguridad, no poner a un ingeniero que sólo administre las cárceles”, contestó Mesías Chávez, de 65 años de edad. Para él, los candidatos no deben ofrecer cosas que no están a su alcance y que corresponden a las cortes de justicia, pero sí tiene la responsabilidad y el deber de exhibir planes de gobierno que garanticen la entrega de recursos a la justicia y las condiciones necesarias para la independencia judicial.
“Lo prioritario es que respete la independencia judicial, pero que exija que se apliquen las leyes para que no liberen a los delincuentes capturados por policías que se jugaron la vida”, añadió.
“Lo prioritario para erradicar la inseguridad en Ecuador es sacar a todas las mafias del pasado, que siguen enquistadas en la Justicia y en el sector público”, agregó Patricio Proaño, de 59 años de edad, quien labora como taxista.
Respecto al perfil del candidato, este transportista consideró: “Deberemos ver bien si es una persona honesta. De nada sirve que haya recursos para combatir la inseguridad, si no hay una persona honesta que cumpla los planes sin robar, sin desviar los recursos que deben ir a la Policía”.
Análisis
Tres expertos consultados por Ecuador Chequea formularon al menos cinco prioridades en materia de seguridad que debería contemplar quien resulte electo presidente para un breve período de un año y medio de Gobierno de transición.
El primer y más importante aspecto para establecer estas prioridades, señalaron los especialistas de manera unánime —casi con las mismas palabras—, es definir previamente un «plan viable».
Esto quiere decir, puntualizaron, que el próximo gobierno debe considerar, no sólo el inusual y escaso tiempo que tendrá su periodo, sino también las circunstancias y probabilidades reales para ejecutar dicho plan.
Un segundo aspecto, que, de igual manera, los expertos calificaron como indispensable, tiene que ver con su equipo de trabajo: los postulantes no sólo deben anticipar y transparentar quiénes conformarán el equipo de trabajo, sino también deben demostrar que son capaces de liderarlo.
Otros tres aspectos que destacaron los expertos, entre muchos, se refieren a estrategias específicas y, sobre todo, técnicas para combatir la delincuencia organizada en las calles, pero también en el interior de las cárceles; depurar de malos elementos a la Policía y a todas las entidades del Estado donde continúan produciéndose casos de corrupción; e involucrar y movilizar a la gente en iniciativas ciudadanas de autoprotección.
Sobre el perfil
La investigadora especialista en Teoría de la Seguridad Humana, Carla Álvarez, consideró que para calificar como realistas o viables las propuestas de seguridad de los ocho postulantes, primero hay que fijarse en dos aspectos indispensables. El primero consiste en establecer los recursos y presupuestos necesarios, y el segundo implica especificar los tiempos y cronogramas de ejecución de las tareas generales y específicas.
«Cuando nosotros vemos que un candidato está poniendo mucho peso en compras excesivamente grandes o en modificar la Ley, tenemos que dudar de la efectividad de ese plan», comentó la especialista, «porque todos sabemos que la modificación de una ley no es inmediata y una compra pública grande tampoco puede ser inmediata; por ejemplo, la compra de aviones, debido a los procesos que deben seguirse, incluso en Estado de Excepción».
Después de resaltar la limitada duración del período de transición, Álvarez comentó: «Es necesario cuestionar esos planes grandilocuentes y, en su lugar, enfocarse en estrategias con agendas de prioridades centradas en tareas de fácil realización e impacto inmediato. En este punto, los ciudadanos deben evaluar qué acciones les generan mayor identificación o parecen más oportunas».
Tras recordar la urgencia de recuperar el control en el interior de las cárceles, la experta afirmó que resulta indispensable dotar adecuadamente a las instituciones penitenciarias y llevar a cabo todas las acciones necesarias en el ámbito de la Función Judicial para erradicar la impunidad con la que numerosos responsables, no sólo de actos violentos sino también de casos de corrupción, salen de los tribunales. Además, es crucial modernizar la tecnología en puertos y aeropuertos, con el fin de supervisar el ingreso y la salida de sustancias estupefacientes.
Desechar el populismo
La socióloga de la Universidad Católica de Quito Natalia Sierra recomendó a los electores percatarse de si los planes de trabajo de los candidatos contienen planteamientos reales en materia de seguridad. «Lo primero que debe hacer el elector es desechar cualquier populismo penal o garantías de reducción de la inseguridad, sin que presenten un plan real. Cuando se lanzan propuestas sin bases de estudios, eso se llama demagogia y populismo», comentó.
Además de los planes de gobierno, el elector debe cerciorarse de que los discursos con promesas electorales para combatir la inseguridad cuenten con un mínimo de argumentos que respalden la veracidad de dichas afirmaciones.
«Hay muchos candidatos que ofrecen y ofrecen, pero detrás de esas promesas no hay argumentos que respalden su veracidad, debido a que no se observa un conocimiento profundo de las causas que explican el problema de la violencia», remarcó.
Con ambas revisiones, tanto del plan como del discurso, el elector tiene la obligación de reflexionar sobre si lo que ofrecen los candidatos corresponde o no a la realidad que vive cada día. Esto lo señaló después de calificar como un error el «traslado mecánico» de políticas de países con historias y realidades sociales diferentes a las de Ecuador.
«Los países de América Latina, por más que compartamos historias y problemas comunes, también tienen características propias. Por lo tanto, afirmar ‘yo soy el Bukele ecuatoriano’ es absolutamente falso, debido a que no es posible, ya que las condiciones de El Salvador son diferentes. Esto está influenciado por el capital social y económico con el que se lanzó ese modelo».
Involucrar a varios actores
Diego Pérez Enríquez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN (Instituto de Altos Estudios Nacionales), comentó que, a pesar de que el próximo gobierno tiene poco tiempo, es indispensable que presente una visión a largo plazo que pueda ser continuada por los gobiernos siguientes.
«Es fundamental que los electores pensemos en quién propone una mirada a largo plazo sobre la seguridad, porque la inseguridad no se resuelve ni fácil ni rápidamente. Es indispensable una perspectiva que vaya más allá de tener más policías y militares, y de proveerles equipamiento. Se necesita involucrar a los actores de la Justicia, de la Inteligencia y de los Gobiernos Locales».
Y para que esta visión no quede en el discurso, sino que pueda ejecutarse, el candidato debe explicar las «articulaciones» o consensos políticos con los demás actores de la sociedad ecuatoriana, en particular, de las diferentes funciones del Estado.
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