Que ‘Ecuador está en el radar de la delincuencia organizada’ y es necesaria la ayuda internacional. Ese fue el argumento del frente de seguridad del Gobierno en el inicio del debate sobre la propuesta de reforma que permitiría las bases militares extranjeras en el país.
POR: Hugo Constante
El frente de seguridad del Gobierno abrió la etapa de comparecencias convocadas por la Comisión ocasional de la Asamblea para el tratamiento de la reforma parcial a la Constitución que busca permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. El primer convocado fue Santiago Andino, secretario jurídico (s) de la Presidencia de la República, en representación de Daniel Noboa, como proponente de la propuesta de reforma.
El funcionario argumentó que Ecuador está en el “radar” de la delincuencia organizada transnacional, dedicada principalmente al narcotráfico, por lo que es necesario pedir ayuda internacional para combatir a ese enemigo común.
Andino explicó lo que se pretende cambiar, del artículo 5 de la Constitución, el marco legal y el dictamen de la Corte Constitucional que señala que la vía para la reforma es a través de la Asamblea, previa su aprobación en referéndum. “Al menos deberíamos levantar el ‘candado’ para, en caso de ser necesario y en el momento oportuno, permitir, bajo los controles necesarios, la implementación de una base militar (extranjera)”, dijo.
Explicó que, de ser aprobada la reforma por el pueblo, su aplicación no sería inmediata, ya que el siguiente paso sería aprobar tratados o acuerdos internacionales de cooperación entre gobiernos, que deben ser ratificados tanto por la Corte Constitucional, en lo jurídico; como por la propia Asamblea, en lo político.
Mientras tanto, la canciller, Gabriela Sommerfeld, descartó que sea una manera de ceder soberanía, ya que este es un concepto que se adapta a la realidad, intereses y necesidades de los países en un determinado momento. Sommerfeld agregó que es precisamente en el ejercicio de esa soberanía que un Estado decide negociar, adoptar y hacer parte de un determinado tratado en materia internacional para combatir, por ejemplo, al narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Añadió que, al firmar un tratado o un acuerdo, las partes se comprometen a su cumplimiento, con lo que garantizó que Ecuador no permite ni permitirá que entidades extranjeras actúen libremente en nuestro territorio, por fuera de los acuerdos que se logren alcanzar.
Alcance en seguridad
El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, manifestó que, en la práctica, Ecuador vive un conflicto armado interno, que exige una primera fase de respuesta con unas Fuerzas Armadas altamente equipadas y preparadas, por lo que es necesario acudir a la cooperación internacional como parte complementaria a la estrategia de seguridad nacional para solventar las deficiencias de medios y tecnología, elementos imprescindibles para enfrentar al crimen organizado transnacional. El funcionario dijo que una base militar extranjera en nuestro país significaría mayor efectividad en la ejecución de operaciones al incorporar mayores recursos de equipamiento, fortalecimiento de Inteligencia, vigilancia y control; tecnología de última generación, como satélites, drones, radares y sistemas de vigilancia marítima que estarían disponibles ṕara identificar las rutas del narcotráfico.
Es que, según Fernando Coronel Tello, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el narcotráfico tiene varias maneras de operar a escala nacional. Por ejemplo, informó que en Santa Elena se han identificado 12 pistas clandestinas; en Manabí y Guayas, nueve en cada una de esas provincias; en Los Ríos, seis; cuatro en Esmeraldas; en Guayaquil, tres; y en El Oro, Galápagos y en Santo Domingo de los Tsáchilas, una pista en cada provincia, para un tal 46 pistas clandestinas a escala nacional desde el 2023 y lo que va del 2024. “La reforma permitirá que ambas fuerzas militares, la ecuatoriana y la extranjera, mejoren los estándares de monitoreo, facilitación de información para las operaciones que redunden en la contención del narcotráfico en espacios marítimos y aéreos”, dijo Coronel.
Mientras que Víctor Hugo Zárate, comandante general de Policía, dijo que la cooperación internacional es crucial para combatir al narcotráfico y al crimen organizado a través del intercambio de información lo que permite una respuesta más coordinada y efectiva.
Poco convencidas
Las asambleístas Gissela Garzón (correísmo), presidenta de la Comisión, Mariana Yumbay (Pachakutik) y Rosana Palacios (Unidad Popular) se mostraron escépticas de los beneficios que podría acarrear la propuesta de reforma. Garzón dijo que las comparecencias de los funcionarios dejan muchas interrogantes porque reconocieron que el país tiene convenios en materia de seguridad con otros gobiernos, y no han terminado de justificar la necesidad de apoyo internacional, cuando las fuerzas del orden tienen herramientas operativas para combatir al crimen organizado, como el uso progresivo de la fuerza.
Yumbay, en cambio, se mostró partidaria de no eliminar la prohibición constitucional para instalar bases militares extranjeras, pero lo que se podŕia realizar es añadir un inciso al artículo 5, donde se establezcan algunas excepciones. “La cooperación internacional es posible sin la necesidad de instalar o ceder bases militares”, dijo.
En cambio Palacios indicó que las organizaciones sociales lucharon una década para sacar a los militares estadounidenses de la base de Manta, ya que violentaron los derechos humanos, y no es posible que se pretenda regresar a esa época.
Parte de los cuestionamientos de los legisladores de la Comisión, como Jorge Peñafiel, de Construye, fue si la reforma no tiene un tinte electoral, porque se presentó a puertas de la campaña. Los funcionarios descartaron que tenga esa motivación y dijeron que es una respuesta que se dió sin tener en cuenta los tiempos, ante la arremetida del crimen organizado.
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