El martes 3 de julio, durante una rueda de prensa, el ministro del Interior, Mauro Toscanini abordó el secuestro de una niña de 12 años embarazada en la provincia de Sucumbíos. El Secretario de Estado se refirió al hecho cómo un caso de «índole familiar», descartando que se tratase de un acto delictivo perpetrado por grupos armados. Cuando la prensa le pregunto cuál es la relación del plagiador con la víctima, este respondió: «es el papá del niño… la pareja».
https://twitter.com/TMT30/status/1014176476063850497
El Ministro detalló que el hombre investigado por secuestro y violación tiene 23 años, e inclusive habría convivido con la menor. A través de Twitter, el Ministerio de Educación confirmó este 2 de julio que la menor fue sacada de su unidad educativa sin consentimiento de sus representantes y con uso de la fuerza, el pasado 12 de junio de 2018. Los hechos ocurrieron en el cantón Cascales, en Sucumbíos, frontera con Colombia.
La posición de @Educacion_Ec en relación a la desaparición de una estudiante en Cascales, en Sucumbíos. Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la familia de la menor afectada, rechazando enfáticamente todo acto violento dentro y fuera de las instituciones educativas. pic.twitter.com/YT0dOuyFSs
— Fander Falconí (@fanderfalconi) 2 de julio de 2018
Lo expresado por Toscanini se contradice con la estructura legal del Estado ecuatoriano. El artículo 68 del Código de la Niñez establece que constituye abuso sexual «todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio».
El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal determina que la violación es «el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo». Quien comete este delito será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años cuando la víctima sea menor de 14 años, y en otros casos.
Virginia Gómez de la Torre, presidente de la Fundación Desafío y exmiembro del Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, diferenció el embarazo infantil del embarazo adolescente. “El embarazo infantil no tiene relación con la falta de educación sexual y con la falta de anticonceptivos, las niñas son embarazadas producto de la violencia sexual. El Código Penal dice muy claramente que toda relación sexual en menores de 14 años es violación”, enfatizó.
Para la doctora es necesario:
- Reconocer que las niñas están siendo violadas.
- Las niñas violadas se quedan embarazadas, y suele suceder en su entorno más cercano.
- Este es un problema de las niñas más pobres del país. Una niña embarazada no suele ser una niña de clase media o alta; suele ser una niña excluida, que no ha ejercido derechos, violentada física y sexualmente, la que se expone a trabajar con su madre en entornos violentos, porque son niñas a las que el Estado no protege.
Frente a esta realidad las acciones que recomienda la experta son:
- Enfrentar la violencia sexual en todas sus formas.
- Incorporar el aborto en casos de violación en la legislación.
- Proteger a las niñas de forma integral. Es decir, brindar una protección real y efectiva mediante la acción conjunta de todas las instituciones del Estado.
En contexto
ONU Mujeres, en su documento ‘Mujeres ecuatorianas dos décadas de cambio 1995 – 2015’, detalla que: “en los últimos 10 años, el incremento de partos de adolescentes entre 10-14 años fue del 78% y en adolescentes entre 15-19 del 11%”. Además, “en el año 2014, 49.3 de cada 100 hijos nacidos vivos fueron de adolescentes, hasta 19 años: 3% menores a 15 años; 23% entre 15 y 17 años, y 23.3% de 18 y 19 años. En total, 12 de cada 100 adolescentes de 12 a 19 son madres”.
Elaboración: ONU Mujeres
Además, de acuerdo al INEC, en su ‘Reporte de Pobreza por Consumo Ecuador 2006 – 2014’, la Amazonía es la región en la cual se registra el mayor porcentaje de incidencia, brecha, y severidad de pobreza y pobreza extrema a escala nacional. “La pobreza rural es tres veces mayor que la urbana, y la pobreza en la Amazonía es casi dos veces mayor que la de la Sierra y la Costa”. Este dato coincide con la afirmación de la doctora Gómez, en torno a que el embarazo en niñas es un problema que afecta a las más pobres del país.
