La mañana de este 12 de junio, la asambleísta Marcela Aguiñaga afirmó que le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional conocer de la autorización para enjuiciar al expresidente Rafael Correa, bien sea para darla, negarla o declararse incompetente. La militante de la bancada correísta del movimiento Alianza PAIS se refiere al pedido que la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, realizó ayer (11 de junio) al Legislativo para proceder con el enjuiciamiento del exmandatario en el caso Balda.
. @marcelaguinaga (RC): La @AsambleaEcuador debe conocer el pedido de la jueza entorno a los supuestos delitos penales en el caso Fernando Balda y que involucraría al exmandatario Rafael Correa. pic.twitter.com/PkXo8VnO2A vía @vicenteopi
— El Universo (@eluniversocom) 12 de junio de 2018
La misma tarde del lunes, a través de un comunicado difundido en las redes sociales de la Asamblea, se indica que “como es de conocimiento público, a partir de mayo de 2017, el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce las funciones de Presidente de la República. Por tanto, no aplica el Artículo 120 de la Constitución, numeral 10”. Sucede que en el contenido del oficio dirigido a Elizabeth Cabezas, presidente del Legislativo, se cita el articulado en que claramente se señala que la Asamblea tendrá la atribución de “autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente”.
El Pleno no tiene otra opción que declararse incompetente para autorizar el enjuiciamiento de Rafael Correa. Así lo afirma el constitucionalista Salim Zaydán, quien explica que fue un “error” de la jueza Camacho solicitar la autorización de la Asamblea. Con base en la propia Constitución, queda claro que, si se trata de un expresidente, se puede enjuiciar directamente.
El experto también aclara que, si ya se ha ingresado el pedido, la Presidente del Legislativo no puede contestar, sino el Pleno. “Cabezas es la representante, pero el órgano máximo de deliberación y decisión a nivel político es el Pleno”, indica.
En ello coincide Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a cargo del Observatorio Legislativo. “La Asamblea es un cuerpo colegiado y que toma decisiones de manera conjunta, entre todos sus miembros, precisamente para que exista la representación de todos los sectores de la sociedad”, añade.
El abogado acota que en el pedido firmado por la Jueza, se menciona como precedente el caso de Jamil Mahuad. Y tiene razón. En el texto, Camacho menciona que, en su momento, “el Presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso Nacional que se autorice el enjuiciamiento penal del expresidente Jamil Mahuad Witt”. También apunta como motivación para la solicitud el que los delitos a los que se quiere vincular a Correa se habrían cometido entre 2007 y 2017, período en que fue Presidente.
Ante eso, Zaydán y Espinel concuerdan en que en el 2000, el Congreso señaló que no podía autorizar ni negar el enjuiciamiento penal, pues el procesado no desempeñaba funciones en ese momento. Y, por lo tanto, en la actualidad se debe contestar de la misma manera.