La Corte Constitucional rindió cuentas de su gestión en 2025, un año complejo para el organismo por las presiones externas alrededor sus sentencias, algunas de ellas que no gustaron al oficialismo.
“Toda democracia se fortalece cuando las instituciones actúan con transparencia y cumplen a cabalidad las competencias que le han sido confiadas”, manifestó Jhoel Escudero, presidente de la Corte Constitucional, durante la rendición de cuentas de este organismo correspondiente al 2025.
Escudero manifestó que la Corte no solo es un órgano de control normativo sino una garantía viva de la supremacía de la Constitución y la protección de los Derechos. Agregó que su razón de ser cobra especial relevancia en momentos complejos, cuando las tensiones institucionales o sociales ponen a prueba la vigencia de la Constitución y la fortaleza del estado de Derecho. “Fue un año de desafíos para la supremacía constitucional. La Corte Constitucional asumió como le corresponde un papel institucional asegurando la independencia judicial y la confianza ciudadana”, dijo Escudero.
Para el presidente de la Corte, la labor del organismo implica proteger derechos, trazar límites, definir estándares y consolidar una cultura constitucional. Recordó la renovación de jueces que se dio en el 2025, cambios que dijo mantuvieron su independencia y su rigor institucional.
El año pasado fue complejo para la Corte Constitucional. Muchos de sus fallos disgustaron al oficialismo que emprendió una campaña de desprestigio hacia los jueces constitucionales y no dudo en asociarles con intereses al margen de la Ley. Escudero manifestó que el compromiso de los magistrados con la transparencia, la objetividad en la toma de decisiones y la independencia judicial son la mejor herramienta que puede tener la ciudadanía para confiar en la Corte Constitucional para el ejercicio de sus competencias.
“La Corte Constitucional trabaja con un espíritu absoluto de objetividad, de respeto al debido proceso. El hecho de escuchar a las partes y tomar decisiones que nazcan de la deliberación del seno de su Pleno no trae ninguna consecuencia de otro orden que no pueda asimilarse en las competencias y responsabilidad que tiene un órgano jurisdiccional del más alto nivel en el Ecuador”, manifestó. Destacó que en ese contexto se ha actuado con objetividad, con estricto apego a sus competencias y al respeto a la institucionalidad.
