El alza del diésel reabre el conflicto con los transportistas pesados. Confetrape advierte una posible paralización y Fenatrape pide focalizar subsidios para la frontera.
El alza del costo del diésel volvió a dividir a los gremios del transporte en Ecuador. Mientras la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, Confetrape, presidida por Fernando Ortiz, advirtió ayer que el sector se acerca a un “colapso” y dejó abierta la posibilidad de frenar operaciones, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) optó por una vía más cauta y prevé pedir al Gobierno un mecanismo de focalización del subsidio para los transportistas de frontera, golpeados por el encarecimiento del combustible, la inseguridad vial y la caída del comercio con Colombia.
Esta precisión de los transportistas se produce frente al fin de las compensaciones para parte del transporte público y comercial, pero con esquemas distintos y plazos limitados. El 12 de septiembre de 2025, el Ejecutivo dispuso el alza del diésel de USD 1,80 a USD 2,80 por galón y creó un sistema de compensaciones para contener el impacto en ciertos segmentos del transporte. Luego, el 31 de marzo de 2026, amplió por un mes la compensación para los transportistas intraprovinciales e interprovinciales.
El Gobierno habilitó en octubre de 2025 un bono temporal de tres meses para propietarios de unidades de carga pesada, carga liviana, transporte escolar, institucional y mixto, con una cobertura estimada de más de 53.000 transportistas. Así, mientras el transporte público de pasajeros ha tenido renovaciones parciales del esquema, en el sector comercial y de carga persiste la queja de que la ayuda fue corta, insuficiente o ya terminó.
En el caso de Confetrape, el reclamo es más frontal. Ayer Ortiz advirtió que la medida de hecho no sería “por elección”, sino por el deterioro de la operación, y atribuyó la tensión a costos que, según el gremio, se han vuelto “insostenibles”. No es una advertencia nueva. En febrero anterior los transportistas inter e intraprovinciales ya exigieron renovar las compensaciones e indicaron que analizaban alternativas como una focalización del subsidio o trasladar el mayor costo a tarifas.
Fenatrape, en cambio, confirmó a Ecuador Chequea que prevé reunirse mañana con autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte para plantear una focalización del subsidio al diésel en la frontera norte. Esto, debido a la preocupación de que el impacto no proviene solo del combustible: también pesa la guerra de aranceles con Colombia, que habría reducido a menos del 5% los traslados de mercadería en ese corredor, y la inseguridad en los ejes que conectan Sierra y Costa.
En esa línea, la federación recordó que ha mantenido reuniones recientes centradas en seguridad vial, controles en carreteras y afectaciones operativas en rutas estratégicas.
El malestar no se limita al transporte pesado. En Quito, gremios de transporte urbano, escolar, interparroquial, camionetas y taxistas dijeron la semana pasada que la compensación estatal no cubre el aumento integral de sus costos, porque el combustible es solo una parte del problema y se suma al encarecimiento de repuestos y operación. Sin embargo, pese al malestar esos sectores aún no suspenden servicios, aunque dejaron abierta la puerta a movilizaciones si no reciben respuestas.
En la base del conflicto está el deterioro del costo diario de trabajar con sus unidades de transporte por las que invirtieron grandes cantidades de dinero y por las que siguen endeudados, indicaron transportistas consultados por Ecuador Chequea en las vías de Quito.


Xavier Vázconez, transportista de carga liviana que distribuye mercadería en Pichincha, dijo a este medio que antes llenaba el tanque con unos 40 dólares y ahora gasta casi el doble. Asegura que el problema no es solo el combustible: también pesa la inseguridad en carretera y la caída del trabajo.

En el mismo sentido, Carmen Cárdenas, transportista escolar, afirmó que solo recibió tres meses de compensación y que cada tanqueada pasó de unos 20 a 45 dólares.
Como antecedente, Fenatrape ya había advertido sobre el efecto no solo de las alzas en el diésel sino también del impacto de los toques de queda parciales ordenados por el gobierno, como el que ordenó en 9 provincias del país a partir de mayo próximo.
En un oficio del 13 de marzo de 2026,, la federación pidió al Ministerio de Transporte flexibilizar las restricciones de movilidad nocturna para evitar retrasos en la cadena logística.

