Excepto el oficialismo, el resto de organizaciones políticas prefiere mantener en reserva los acuerdos que se van logrando para presentar candidatos a las elecciones del 29 de noviembre.
Determinar qué candidatos finalmente presentan sus candidaturas a las elecciones seccionales y a través de qué alianzas se ha convertido en un suerte de misterio, que solo se resuelve el momento mismo en que remiten la documentación a las delegaciones electorales provinciales.
La suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana y Amigo; la admisión a trámite de una causa electoral en contra de Pachakutik que data de 2024; la pugna dirigencial en RETO; la suspensión por violencia de género en contra de Cristian Zamora, alcalde de Cuenca; y los procesos penales abiertos en contra del alcalde de Guayaquil, Áquiles Álvarez, entre otros alcaldes, ha generado que los candidatos y sus organizaciones políticas eviten pronunciarse abiertamente sobre el estado de sus postulaciones.
Sucede especialmente entre los candidatos correístas. «En este país hacer política se ha convertido un «deporte» de alto riesgo», declaró la presidenta de esa organización, Gabriela Rivadeneira, al tiempo de anunciar que participarán electoralmente por intermedio de varias organizaciones políticas, y no solo de una.
Una de las organizaciones que incoporporará a candidatos correístas en cerca de seis provincias es el Partido Socialista. Su presidente, Gustavo Vallejo, evita detallar los alcances de las alianzas entre su organización y otros movimientos y partidos políticos. «La incertidumbre continúa. Este es un país donde el día de mañana salen con sorpresas, te ponen una denuncia al 911, luego un testigo protegido dice que estás haciendo cosas torcidas…» y la organización termina por ser suspendida como ocurrió con el movimiento Amigo, dijo en su momento Vallejo.
En el mismo sentido se han pronunciado asambleístas de Pachakutik y de otras organizaciones políticas de oposición al Gobierno.
Al final, la alianza que se ha concretado y hecho pública en Pichincha es la de Unidad Popular con el Partido Socialista y el movimiento provincial Todos para impulsar las candidaturas correísta de Pabel Muñoz a la reelección para la alcaldía de Quito y de Alexandro Tonello a la Prefectura de Pichincha.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, calificó de una «vergüenza» esta alianza. Aseguró que Unidad Popular actúa por conveniencia política, por intereses personales sin pensar en la ciudadanía y recordó que en 2021 Unidad Popular respaldó a Guillermo Lasso, de CREO, por lo que carece de representación.
El análisis
Alfredo Espinosa, experto en temas electorales, comprende este hermetismo ya que asegura que desde el retorno a la democracia, en 1978, el país no vivido unas elecciones como las de este año, dónde el escenario se presenta con una alta injerencia de la justicia electoral, de la justicia penal que han proscrito y suspendido a partidos y candidatos. «Ha sido llamativo que todos los procesos se desarrollen en el marco de una elección y no antes dé por lo que los candidatos prefieren mantener en reserva con qué partido o movimiento político podrían participar», dijo Espinosa.
Añadió que está situación ha hecho que se fortalezca el discurso de oposición de que el país transita hacia una dictadura o que se vive una autocracia con el objetivo de lograr resultados electorales. «Está es una elección eminentemente atípica y será plebiscitaria. No importa quienes sean los candidatos del oficialismo, porque desde ya cargan la imagen desgastada de un Gobierno que ha sido calificada por gente de izquierda, de derecha como un régimen autocrático», aseguró.
