En Ecuador, el hacinamiento y las condiciones de vida en los Centros de Privación de la Libertad alarman a los defensores de Derechos Humanos. Los gobiernos han tratado estas problemáticas superficialmente, así lo indican los hechos.
Al inicio de la gestión de Rafael Correa se evidenció una situación crítica en las cárceles. En 2007, según la Rendición de Cuentas 2007-2011 de la Defensoría Pública, existió un hacinamiento carcelario de 145%. Es decir, había 18.400 personas privadas de libertad (PPL) en centros de rehabilitación social con capacidad para 7.500.
El documento indica que para 2010 el número de PPL se redujo a 12.000; sin embargo, existía sobrepoblación carcelaria. El 31 de agosto 2010, el entonces ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, José Serrano, anunció la declaratoria de estado de emergencia del Sistema penitenciario, tras evidenciar falencias en salud, infraestructura física, eléctrica e hidrosanitaria en los centros a escala nacional.
En efecto, el Gobierno anterior se enfocó en construir y repotenciar la infraestructura de las cárceles, lo cual permitió reducir el hacinamiento de 0.24%, en 2014; a 1.72%, en 2015; pero en 2016 volvió a subir al 22%, según lo manifestado por la exministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zuñiga, durante la sesión de la Organización de Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal (EPU), en mayo de 2017. También se propició la construcción de tres centros de rehabilitación social (CRS) regionales en Guayas, Cotopaxi y Azuay. Dicha infraestructura alberga a cerca del 50% de la población penitenciaria nacional.
En octubre de 2017, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, afirmó en una entrevista para diario El Telégrafo que en el país el hacinamiento es del 42%. La exasambleísta explicó que un factor que incide es la decisión de los jueces de dictaminar prisión preventiva. “Antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal las sanciones no eran tan extensas. Ahora, con la acumulación de penas en el caso de sustancias ilícitas, se hace más larga la estancia de una persona, permanecen más tiempo y entran más personas”.
En abril de 2018, Alvarado acudió a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para informar sobre las mejoras en los centros penitenciarios. Ahí sostuvo que la sobrepoblación disminuyó del 42% al 37%. Existe una población interna de 37.530 personas (92% es de hombres y 8% mujeres) en centros con capacidad para 27.230.
Según Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), “en la actualidad, se evidencia una mejora en la infraestructura carcelaria; sin embargo, existen condiciones de represión y violencia en los Centro de rehabilitacion social».
Daniel Véjar, asesor legal de Inredh, manifiesta que “encerrar a una persona, someterle a tortura y tratos inhumanos no son formas de reinsertar o rehabilitarla». Él define el Sistema carcelario de Ecuador como algo netamente punitivo, es decir, que se restringe a encarcelar y torturar a las personas. El defensor de Derechos Humanos sostiene que prácticas internas carcelarias como: malas condiciones de vida, tráfico al interior, no se ajustan a los parámetros internacionales de los derechos humanos.