A través de redes sociales desde el 30 de octubre circula una imagen de un supuesto documento oficial del Gobierno boliviano. En el mismo la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia decreta que «a partir del 1 de noviembre el servicio de internet es exclusivamente para el uso de instituciones pertenecientes al Estado». Se añade que podrá ser usado por el público en general con autorización previa del «ministerio de comunicación». El documento es falso.

Dicho proyecto no figura en la página web del órgano legislativo boliviano. De hecho no existe ningún proyecto en tratamiento, o aprobado, en el que figure algo relacionado a una posible censura en el uso de internet:

Además, no existe ninguna mención al tema en la agenda legislativa boliviana entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2019. Es decir, el tema que supuestamente fue aprobado el 31 de octubre en realidad nunca se debatió en el plenario.

Por otra parte, el servicio de internet es ofertado de forma abierta por distintos proveedores en Bolivia. Por ejemplo, AXS Bolivia, empresa boliviana de que ofrece servicios de internet, telefonía y transmisión de Datos, solo requiere que el usuario llene un formulario con datos que incluyen: documento de identidad, una factura de agua o luz, y en caso de empresas el NIT o número de identidad tributaria. No existe ninguna mención a una autorización del Ministerio de Comunicación.

Marcos Gandarillas, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia, confirmó que el mensaje es falso. El experto recalcó que el simple hecho de que no tenga un número de registro oficial hace inválido al documento. «Normalmente las leyes en Bolivia se promulgan tras un largo proceso que les asigna una numeración, tengo entendido que ni siquiera existe un proyecto», aseguró.