Mientras unos especialistas dudan de que con los estados de excepción se esté atacando las causas de la violencia o produciendo resultados suficientemente medibles, otro asegura que la medida amplía la capacidad operativa de policías y militares. Las cifras muestran un escenario mixto: los homicidios bajaron 7,8% entre enero y julio frente a 2025, pero volvieron a aumentar en junio y julio y crecieron en 79 cantones.
El nuevo estado de excepción en ocho provincias y tres cantones del país decretado ayer por el presidente Daniel Noboa abrió posiciones contrapuestas entre especialistas en seguridad y criminología consultados por Ecuador Chequea.
Mientras Santiago Argüello y Paul Pinto cuestionan que el Gobierno insista en una herramienta repetida que no ha demostrado suficiente impacto sobre la violencia, John Garaycoa sostiene que la medida entrega facultades operativas necesarias a policías y militares para perseguir y capturar a sospechosos.
Así reaccionaron los especialistas un día después de que Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 498, que declaró por grave conmoción interna un estado de excepción de 60 días en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de los cantones de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, Las Naves, en Bolívar, y, La Maná, en Cotopaxi..
El decreto también establece un toque de queda, pero únicamente en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, entre las 00:00 y las 05:00, desde el 17 hasta el 30 de septiembre. La medida suspende además, bajo las condiciones previstas en el decreto, los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia y permite el empleo complementario de las Fuerzas Armadas junto con la Policía.
Argüello: “Son simplemente medidas de parche”
Santiago Argüello, criminólogo, exdefensor del Pueblo adjunto y exdirector nacional de Política Criminal de la Fiscalía, cuestionó la repetición de estados de excepción y sostuvo que el problema de seguridad requiere intervenir de manera integral en el sistema penal y penitenciario.
“No hay otra medida que decir que son simplemente medidas de parche”, afirmó Argüello al ser consultado sobre la nueva declaratoria.
A su criterio, esas medidas “no solucionan en su conjunto los problemas” y desvían la discusión de reformas que considera estructurales en justicia, legislación penal y sistema penitenciario.
Argüello planteó que una política contra el crimen debería recorrer los distintos “filtros” del sistema penal: desde la definición legal de las conductas que serán perseguidas por el Estado hasta el funcionamiento de Fiscalía, tribunales y cárceles.
Argüello sostuvo que el país necesita precisamente una política criminal integral y no respuestas aisladas.
“Así como hay política petrolera, política económica, debería haber una política criminal, una política criminológica”, señaló.
Pinto cuestiona que se midan operativos y no impacto
Paul Pinto, analista en seguridad y defensa nacional, en cambio, sostuvo que los estados de excepción deberían evaluarse en función de sus resultados sobre violencia, homicidios y seguridad y no solamente mediante cifras de operativos.
A su juicio, los balances oficiales suelen concentrarse en variables como detenidos o droga incautada, que calificó como indicadores de eficiencia operativa, pero no necesariamente como indicadores del impacto final de la política pública.
Detener a más personas, decomisar más armas o incautar más droga permite medir la actividad policial, indicó. Así, sostuvo que para determinar el impacto sobre la seguridad en cambio, deben observarse también resultados como homicidios, extorsiones, secuestros, victimización, reincidencia o concentración territorial de la violencia, idealmente comparados en periodos equivalentes y controlando otros factores.
Garaycoa: el estado de excepción amplía el margen operativo
John Garaycoa, criminólogo y especialista en seguridad, defendió una posición diferente Él considera que un estado de excepción puede servir como una herramienta operativa para policías y militares en situaciones en las que la persecución de sospechosos encuentra límites derivados de derechos como la inviolabilidad del domicilio.
El especialista puso como ejemplo el caso de una persecución en la que un sospechoso ingresa a una vivienda y sostuvo que, durante el estado de excepción, la fuerza pública dispone de mayores posibilidades para continuar el procedimiento.
“El accionar es total, es en todo el territorio, dentro y fuera de tu casa”, señaló al explicar lo que considera la principal ventaja operativa de la medida.
Esto, dijo, luego de recordar que el Decreto 498 sí suspende la inviolabilidad del domicilio en las jurisdicciones sometidas al estado de excepción y permite, dentro de las condiciones establecidas por la declaratoria, el ingreso y registro de inmuebles sin autorización del titular ni una orden judicial previa. Eso no equivale, sin embargo, a una autorización ilimitada para ingresar a cualquier vivienda por cualquier motivo. Las actuaciones continúan sujetas al decreto, la Constitución y a responsabilidades por eventuales abusos.
Garaycoa sostuvo además que las herramientas excepcionales no bastan por sí solas y planteó que la política de seguridad requiere prevención, coordinación pública y privada, recursos, legislación y controles sobre el personal encargado de seguridad y justicia.
También pidió profundizar los controles sobre policías, militares y otros funcionarios expuestos a posibles redes de corrupción, especialmente cuando trabajan en entornos penitenciarios.
Guayaquil ajusta servicios antes del toque de queda
Mientras los especialistas discuten la eficacia de la estrategia, las consecuencias prácticas del Decreto 498 comenzaron a sentirse en Guayaquil.
Álex Anchundia, gerente de Segura EP, pidió este miércoles a la ciudadanía organizar sus actividades antes de la restricción. “Evítese problemas con el Bloque de Seguridad”, dijo Anchundia al explicar los cambios que comenzarán con el toque de queda.
La Metrovía modificará sus horarios, al igual que mercados y terminales terrestres. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo continuará operando durante las 24 horas.
LOS DATOS CLAVE
Estadísticas de la Fiscalía publicadas en el porta de datos abiertos https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/homicidios-intencionales/resource/cb8f704e-2b27-4d7f-9431-d40c4e27fa48
- Enero-julio de 2025: 5.295 homicidios intencionales.
- Enero-julio de 2026: 4.882.
- Diferencia absoluta: 413 homicidios menos.
- Variación interanual: −7,8%.
- Promedio mensual 2025: 756.
- Promedio mensual 2026: 697.
- Promedio diario 2025: 25.
- Promedio diario 2026: 23.
