Tras una década de espera, hoy se presentó un estudio que confirma que la “institucionalización” sigue teniendo más peso que el acogimiento familiar, pese a que debería ser excepcional. Consultadas por Ecuador Chequea dos de las investigadoras y una especialista advirtieron sobre un Estado “reactivo” que confunde pobreza y negligencia.
Casi seis de cada 10 medidas judiciales de protección a menores de edad registradas entre 2019 y mayo de 2026 correspondieron a acogimiento institucional, una modalidad que debería aplicarse de forma excepcional o de última opción, según los resultados del Análisis de la Situación de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, CSRA 2026, elaborado conjuntamente por Aldeas Infantiles SOS Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar, que se presentaron hoy en Quito.
El acogimiento institucional concentró el 58,75 % de las medidas registradas, frente al 41,25% correspondiente a acogimiento familiar, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura recopilados para esta investigación.
Para Adriana Rodríguez, docente del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina, el predominio del acogimiento institucional por sobre el acogimiento familiar evidencia una respuesta “predominantemente reactiva”. Esto, dijo, porque “van al acogimiento institucional ya cuando se han vulnerado derechos de niños, niñas y adolescentes mientras el acogimiento familiar es una alternativa que no se está dando con la debida fuerza”
Dos de cada tres adolescentes institucionalizadas son mujeres
“Tiene rostro de mujer, tiene rostro de niña el acogimiento institucional”, dijo Rodríguez al descatar que en este estudio se encontró que dos de cada tres adolescentes en acogimiento institucional son mujeres. Entre diciembre de 2019 y mayo de 2026, la proporción femenina en el grupo de 12 a 17 años se ubicó entre 62,4% y 67,7%. El estudio vincula ese patrón con riesgos diferenciados, entre ellos violencia sexual y uniones tempranas.
Para Rodríguez esa sobrerrepresentación refleja las violencias que recaen sobre los cuerpos de niñas y adolescentes, incluida la violencia sexual. El informe, por su parte, sostiene que estos riesgos diferenciados no están siendo abordados con suficiente especialidad.
Diez años después: “No ha cambiado nada dentro de la institucionalidad”
Según este estudio la reorganización de las instituciones estatales y la multicompetencia de jueces y juntas han diluido, la especialidad que requiere la atención de la niñez, mientras la rectoría del Estado es percibida como debilitada y “fragmentada”.
Consultada estos resultados, Sara Oviedo, exintegrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas participó en el anterior CRSA 2026, elaborado aproximadamente una década atrás dijo que “no ha cambiado nada. No ha cambiado nada dentro de la institucionalidad, y se ha empeorado la situación social de niños, niñas y adolescentes, terriblemente”.
El estudio recuerda que los últimos datos disponibles corresponden a 2014 y 2015 y señala que el nuevo informe identifica problemas actuales de fragmentación, pérdida de especialidad e insuficiente articulación institucional.
Para Oviedo, el problema no es la existencia de distintas instituciones especializadas, sino su incapacidad para actuar como sistema.
“El problema es que no hay coordinación interinstitucional, no hay coordinación. Las instituciones no se articulan, cada quien va por su lado, y mientras eso pase vamos a ir teniendo este tipo de deficiente atención”, añadió.
Puso dos ejemplos: las dificultades para que los acuerdos entre salud y educación se traduzcan efectivamente en atención para la niñez y las demoras en los casos que deben pasar de una Junta Cantonal a la Fiscalía.
“Pero es difícil, los documentos que entregamos quedan guardados en el escritorio”, dijo.
Violencia y reclutamiento entran en la crisis familiar
A los factores económicos y familiares se suma un entorno de violencia criminal que, según el CRSA 2026, ha alterado las condiciones de protección.
El estudio identifica el reclutamiento, las extorsiones y el desplazamiento interno forzado como fenómenos que fracturan vínculos familiares y exponen a niñas, niños y adolescentes a riesgos extremos de captación por grupos de delincuencia organizada.
Frente a este tema Oviedo sostuvo que ese escenario no puede analizarse separado de la pobreza, la violencia dentro de los hogares, la falta de empleo y la ausencia de otras oportunidades para los adolescentes.
Ante la discusión en la Asamblea de una normativa destinada a frenar el reclutamiento de menores de edad por organizaciones criminales, Oviedo advirtió que “el problema no es legal, el problema es social. Puede estar bien la normativa”, dijo
Además, sostuvo, que combatir el reclutamiento requiere políticas sociales. “No es con leyes que paramos. No es con leyes, es con inversión social y políticas públicas sociales”, afirmó.
La pobreza y la “negligencia”
La negligencia fue el principal motivo registrado para el ingreso de niñas, niños y adolescentes a acogimiento institucional, según el CRSA 2026 representó el 44% de los casos en diciembre de 2022, aumentó al 50,7% en diciembre de 2025 y se situó en el 48,9% en abril de 2026.
El informe aclara, sin embargo, que las condiciones de vulnerabilidad económica pueden ser registradas como “negligencia” y sostiene que la pobreza no equivale a una incapacidad para cuidar. La falta de vivienda, empleo, ingresos o tiempo para ejercer las tareas de cuidado son condiciones materiales que, según el documento, no deberían ser interpretadas automáticamente como negligencia.
Los datos muestran, además, una estrecha relación entre el acogimiento institucional y la vulnerabilidad socioeconómica. Entre enero y mayo de 2026, entre el 93% y el 94% de las personas en acogimiento institucional se encontraban en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, de acuerdo con el estudio.
El informe señala que el riesgo de perder o la pérdida del cuidado familiar no responde a una sola causa, sino a la acumulación de privaciones y violencias económicas, familiares, territoriales e institucionales. Cuando esas condiciones no son atendidas a tiempo, advierte, pueden derivar en una crisis familiar.
Rodríguez señaló que la pobreza, por sí sola, no determina la capacidad de una familia para cuidar a sus hijos. “Puede haber una familia pobre que está haciendo muy bien su trabajo de cuidado”, afirmó.
Eso no significa, añadió, que las condiciones económicas sean irrelevantes. El desempleo, la sobrecarga de las tareas de cuidado sobre las mujeres, las dificultades para acceder a servicios de salud, el costo de los medicamentos, la inseguridad, la violencia y la pérdida del tejido social pueden acumularse hasta poner en riesgo los vínculos familiares.
Una medida temporal que puede durar más de cinco años
La respuesta institucional tampoco siempre es breve. El 20% de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional lleva más de cinco años bajo esa modalidad, según el informe.
Así, el CRSA 2026 también identifica demoras excesivas en audiencias, informes y procesos de esclarecimiento legal y las define como una brecha entre el “tiempo institucional” y el “tiempo vital”: mientras avanzan los trámites, niñas y niños pierden años críticos para su desarrollo y vinculación familiar.
El estudio indica que esa permanencia prolongada es particularmente relevante porque la medida debería ser temporal y que los retrasos pueden extender el acogimiento durante etapas fundamentales para la construcción de vínculos.
Lo que viene
La directora nacional de Aldeas SOS Ecuador, Eva Peñafiel declaró que el estudio plantea convertirse en una “línea de base” para la incidencia en políticas públicas durante el período 2026-2030. Así, destacó las recomendaciones de fortalecer una política nacional de prevención, diferenciar pobreza de negligencia en los protocolos de protección, reducir la institucionalización, ampliar las alternativas de cuidado familiar, agilizar los procesos legales y establecer mecanismos de acompañamiento continuo para adolescentes y jóvenes.
