“El servicio público es la más noble de las vocaciones, si se ejerce con integridad y responsabilidad”, afirmaba Theodore Roosevelt. Sin embargo, en el Ecuador actual, las noticias sobre instituciones contaminadas por intereses personales y corrupción parecen desmentir este ideal. Resulta imperativo analizar si quienes ocupan cargos estatales comprenden la magnitud de su responsabilidad o si simplemente buscan sacar ventaja de su posición.
Nuestra Constitución, en su artículo 229, es clara: servidor público es toda persona que, bajo cualquier modalidad, preste servicios o ejerza un cargo en el sector público. Si bien sus derechos son irrenunciables, la ley es enfática al señalar que la remuneración debe ser justa y valorar la profesionalización y la capacitación. No obstante, la realidad nos muestra una cara distinta. El artículo 230 de la Constitución y la LOSEP establecen prohibiciones tajantes que, con frecuencia, son ignoradas.
Casos de pluriempleo, donde individuos pretenden ejercer varios roles simultáneamente para demostrar poder por encima de la norma, son comunes. A esto se suma el nepotismo, con familias enteras instaladas en instituciones sin haber pasado por concursos de méritos, y actos de discriminación donde grupos de atención prioritaria reciben tratos abusivos. La normativa prohíbe explícitamente desde el abandono del puesto hasta el uso de bienes estatales para fines electorales o la paralización de servicios esenciales como salud y educación.
La impunidad no tiene cabida en la ley: ningún servidor está exento de responsabilidad administrativa, civil o penal por sus actos u omisiones. Para combatir este desgaste ético, contamos ahora con la Política Nacional de Integridad Pública 2024-2030, que busca fomentar una cultura de legalidad y transparencia.
Si aspiramos a una sociedad basada en el “buen vivir”, debemos exigir que el servicio público recupere su esencia. No podemos permitir que el abuso de poder se naturalice. La construcción de un país próspero depende de servidores que actúen con justicia y eficiencia, pero también de una ciudadanía activa que denuncie cada irregularidad. Solo mediante el fomento de valores y la lucha frontal contra la corrupción lograremos el progreso que Ecuador merece.
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