Ecuador se aleja cada día más del Estado de Derecho. Pasan los años y seguimos descendiendo en el ranking del World Justice Project (WJP). Esta vez ocupamos el puesto 102 de entre 143 países. Esto debería preocuparnos a todos; sin embargo, no parece ser un tema que interese demasiado. Al contrario, quienes otrora se autodenominaban defensores de la democracia, parecen haber olvidado sus premisas con el fin de justificar los atropellos de los últimos tiempos. Quizás sea porque reciben algo a cambio, pero ¿qué debemos hacer quienes no nos hemos vendido al poder de turno?
Lo primero sería preguntarnos: ¿cuál es el precio de nuestra democracia? ¿A cambio de qué estamos permitiendo su debilitamiento? Desde que comenzaron a proscribir partidos políticos, perseguir a los jueces que fallan en contra de sus intereses, perseguir a periodistas y medios de comunicación, y manejar a su antojo las instituciones electorales, Ecuador no es un mejor país. Es que incluso en el supuesto no consentido de que pudiésemos vender la democracia, creo que tendría que ser a un muy alto precio. Lo curioso es que, en la analogía que propongo, sucede lo contrario: cambiamos oro por cobre. La democracia se extingue en manos de un autoritarismo aplastante que no admite discrepancias.
Sería ingenuo, por decir lo menos, pensar que la democracia se convierte en dictadura de la noche a la mañana. Lo cierto es que se trata de un proceso de desgaste en el que se busca convencer a la ciudadanía de que la democracia está sobrevalorada. Como si fuese un bien de escaso valor del que podemos prescindir fácilmente por un momento para luego recuperarlo como si nada. Lo que no queremos reconocer es que cuando renunciamos a la democracia estamos poniendo en riesgo nuestro propio bienestar. Aplicando el viejo adagio de que “nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde”, espero que no sea demasiado tarde cuando intentemos reaccionar.
La democracia se sostiene en el Estado de Derecho y este, a su vez, en el respeto al principio de legalidad. Esa loca idea de que todos somos iguales ante la ley. Todo esto pierde sentido cuando la ley es utilizada para vulnerar los derechos de los demás. Puede ser que todavía no lo suframos en carne propia, pero nadie está a salvo de ser la próxima Daniella Camacho, Verónica Abad o Alexandra Villacís, entre otras. Ojalá que, cuando esto termine, al menos sepamos recordar a quienes se prestaron para torcer el Estado de Derecho a su antojo, conviertiéndose en una versión deteriorada de lo que prometieron derrotar.
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