Sus miembros buscan evitar un abuso de las acciones de protección y quieren que la Corte se pronuncie sobre el uso de medidas judiciales que han impedido el avance de los concursos de selección de autoridades, como en el caso del Contralor.

El concurso para designar al nuevo Contralor del Estado continuará suspendido hasta que haya una resolución judicial sobre una acción de protección aceptada a trámite por el juez de Samborondón, Edwin Tierra, cuya audiencia está convocada para este 20 de octubre. 

El proceso de selección, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) a través de la respectiva Comisión Ciudadana, está en su fase final. 

Los puntajes de la fase de méritos y oposición estaban ya en conocimiento de los postulantes desde el pasado 3 de octubre, para que ejerzan su derecho a la impugnación y tras ese paso solo quedaba por designar oficialmente a la nueva autoridad de control. 

Lideraba el proceso Mauricio Torres, con 87,5/100 puntos que le convertían en el virtual Contralor General del Estado. 

Sin embargo, el proceso no pudo continuar, ya que el 4 de octubre, la ciudadana Elizabeth Palma interpuso la acción de protección que fue aceptada al día siguiente por el juez Tierra quién, además, dispuso como medida cautelar la suspensión temporal del concurso hasta la resolución de la causa para ver si se han vulnerado o no derechos constitucionales.

Pedido de «auxilio» a la Corte Constitucional

Esta no es la primera vez que se suspende este concurso. También se paralizó el 14 de septiembre por disposición de un juez de Bucay, pero como la demandante desistió de continuar con el trámite, otro juez archivó el caso y revocó la medida cautelar. 

Extraoficialmente se conoce que, al momento, están ingresadas a la Función Judicial al menos otras cuatro acciones de protección contra este proceso de selección. 

En años anteriores, otros concursos también se han suspendido temporalmente por medidas cautelares dictadas. 

Por eso hoy, en sesión del Pleno del CPC, los consejeros aprobaron por unanimidad un proyecto de resolución, presentado por Nicole Bonifaz (presidenta), para que se solicite a la  Corte Constitucional un mecanismo que» frene el uso y abuso de las garantías jurisdiccionales en los concursos para designación de autoridades».

 De acuerdo a la resolución, en 20 días la Coordinación Jurídica del organismo presentará un informe sobre los mecanismos a los cuales se puede acudir, para que la Corte Constitucional se pronuncie. «Es necesario buscar una solución al lamentable abuso del recurso de acciones de protección que siguen frenando este y los demás concursos para la designación de autoridades», dijo Bonifaz. 

El consejero Augusto Verduga aseguró que la vía es pedir a la Corte una acción de interpretación, pero que quien debe solicitarlo es la Función de Transparencia de la cual es parte el Consejo, por lo que se debería coordinar con el titular de esa Función, César Córdova, para presentar la petición. Verduga coincidió en que el «abuso» de las acciones de protección frenan el normal desarrollo de los concursos de selección de las autoridades. 

Por su parte, el consejero Juan Esteban Guarderas propuso que también se pida a la Asamblea, cuando esta se instale, que genere legislación y mejore el sistema jurídico vigente.

Concurso paralizado 

Como parte de esta resolución, se ratificó que el concurso para designar contralor no puede continuar hasta que no haya la sentencia definitiva del juez que lleva la causa. 

Esto implica que, hasta entonces, el Pleno del Consejo tampoco podrá recibir a los miembros de la Comisión ciudadana de selección, ni al secretario de esa Comisión ni a los veedores del concurso para que expliquen cómo se ha desarrollado el proceso.

Los consejeros coincidieron en señalar que la medida cautelar emitida por el juez Tierra, de suspender temporalmente el concurso, es de obligatorio cumplimiento y que de no hacerlo podrían ser destituidos de los cargos. 

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