Dos de los aspectos que están en análisis son la proporcionalidad de las penas y la tipificación de nuevos delitos.
La Comisión de Seguridad de la Asamblea avanza en el tratamiento del proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa legislativa presentada por la asambleísta del oficialismo, Mishel Mancheno.
La Comisión está en proceso de socialización de la propuesta de Ley para construir el informe para primer debate. Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, manifestó que el país enfrenta una situación compleja de violencia, criminalidad organizada y afectación a la ciudadanía, por lo que es necesario que el Estado fortalezca sus capacidades operativas, normativas e institucionales.
La Defensoría presentó seis observaciones, entre ellas, la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en relación a la proporcionalidad de las penas. “La respuesta frente al crimen organizado, debe servir; pero también debe estar apegada al texto constitucional. El incremento de penas debe superar el análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta”, con el objetivo de que la normativa sea impugnada o tenga una aplicación desigual, dijo Varela. Además, recomendò a la Mesa Legislativa que revise la técnica legislativa utilizada en la redacción de nuevos artículos para evitar duplicidad, o confusión en la numeración de la normativa; y si es necesario crear nuevos delitos independientes, cuando podrían ser considerados agravantes de una delito ya existente.
Según la asambleísta de Pachakutik, Mariana Yumbay, la proporcionalidad de las penas es un aspecto que ha sido observado por varios especialistas que han acudido a la Comisión a dar sus aportes. Yumbay espera que las sugerencias de aquellos invitados que no necesariamente responden al oficialismo, sean tomadas en cuenta.
En los justificativos para presentar el proyecto de Ley se afirma que desde 2018, la escalada del crimen organizado ha transformado la estructura de la criminalidad nacional, llevando al país a convertirse en un nodo estratégico de la economía criminal transnacional.
Las cifras que se citan en el documento aseguran que en 2025, Ecuador cerró el año con 9.216 homicidios intencionales, la cifra más alta en la historia del país, con una tasa de 50,91 por cada 100.000 habitantes, que supera el pico de 2023, donde fue de 47,25 por cada 100.000 habitantes y el registro de 2024 que se ubicó en 38,80 por cada 100.000 habitantes.
“Esta violencia no es aleatoria. Tiene su origen en la disputa territorial entre organizaciones criminales por el control de los eslabones de las cadenas de valor ilícitas”, consta en el documento.
