Se instaló el juicio en contra del exmandatario y otros 20 procesados acusados de haber recibido sobornos.
En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de juzgamiento en el caso Sinohydro, en la que están procesadas 21 personas, entre ellas el exmandatario Lenin Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina, sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno, y su cuñada Martha González.
El Tribunal lo integran los jueces Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio Inga. Antes de instalarse la audiencia, abogados de los procesados indicaron que habín presentado un escrito en el que pedían que se suspenda el proceso ya que el fiscal subrogante, Carlos Alarcón, está participando en el concurso que realiza el Consejo de Participación Ciudadana para designar al Fiscal titular, por lo que habría conflicto de intereses.
Alarcón descartó esa posibilidad y manifestó que no hay normativa que le impida ser parte procesal en el juicio y al mismo tiempo participar en el concurso. Recordó que la jueza Camacho también participa para el cargo de fiscal general y, a la vez, integra el Tribunal del caso. Tras una corta deliberación, el Tribunal no aceptó el pedido de los abogados ya que adujo que no se puede suspender el juicio por hechos que no tienen relación con el proceso y que lleva adelante otra institución.
El inicio del juicio
El caso tiene relación a una presunta red de corrupción que habría recibido sobornos por 76 millones de dólares de la empresa china Sinohydro para adjudicarse el contrato de construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
En los alegatos de apertura, Alarcón, acusó al ex presidente de autor directo del delito de cohecho. A su entorno familiar en cambio les acusó de cómplices.
Conto Patiño, empresario y amigo cercano de Moreno, y su entorno familiar habrían participado en el presunto ilícito y habrian participado de los sobrinos. Patiño y su entorno familiar habría recibido más de 58 millones de dólares, mientras que Moreno y su familia se habrían beneficiado con más de un millón de dólares.
El resto de los 76 millones de habrían repartido entre otros involucrados en el proyecto y que hoy también están procesados.
El presupuesto delito se habría dado cuando Moreno era Vicepresidente de la República en el Gobierno de Rafael Correa.
El abogado de Moreno, David Meza, aseguró que se trata de una narrativa política y no penal, ya que no tuvo injerencia en el proceso y pidió que en este juicio no se vaya juzgar el pasado político de defendido.
El resto de los abogados de los procesados manifestaron que probarán que la Fiscalía no tiene elementos para probar la acusación. Hasta el cierre de esta nota lo abogados continuaban presentando sus alegatos.
