El primer debate del proyecto de Ley se cumplió en la Legislatura. Uno de los temas observados fue el funcionamiento de las casas de acogida.
El proyecto de Ley de Agilización Judicial para la Adopción pasó el primer debate en la Asamblea en medio de un prolongado análisis del contenido de la propuesta. Los legisladores señalaron que la propuesta de normativa es importante para garantizar el futuro de niños, niñas y adolescentes del país que están en condición de adoptabilidad.
Diana Jácome, asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Transparencia donde se trabajó el articulado, manifestó que este es un tema que debe ser apoyado por todos los legisladores, independiente del sector político al que se pertenezca.
Agregó que este proyecto de Ley establece plazos máximos para la adopción. Este plazo sería de 10 días para que la Unidad Técnica de Adopciones elabore el informe de asesoría en casos de adopciones por consentimiento; dos meses para el emparentamiento del niño, niña o adolescente con la familia que desea adoptarle; un día para que el Registro Civil registre la sentencia de adopción; dos meses para que la Policía especializada y la oficina técnica presenten el informe de investigación para ubicar a familiares de hasta tercer grado de consanguinidad, entre otros plazos y términos.
Según el informe de Gestión de Adopciones, citado en el proyecto de Ley, a junio de 2025 existían 72 familias solicitantes para la adopción, y a la vez existían 129 casos de niños, niñas y adolescentes en proceso de adopción.
Las observaciones
Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, dijo que la propuesta busca dar una salida a un problema social relacionado al proceso de adopción, pero cuestionó que en el proceso de construcción del proyecto de Ley no hubo una verdadera participación ciudadana. En cuanto a la aplicación del proyecto aseguró que un problema de fondo es la falta de presupuesto para sostener todo el proceso que implica una adopción.
Otto Vera, del Partido Social Cristiano, considera que se debe incluir un proceso sancionatorio para aquellas personas que administran las casas de acogida y no ejecuten al menos el 80% del presupuesto.
El asambleísta independiente Cristian Benavides agregó que el Ministerio de Desarrollo Humano debe hacerse cargo de las casas de acogida que existen en el país. «No es posible que los gobiernos seccionales o las fundaciones sean los responsables del manejo de estás instituciones.
El proyecto de Ley regresará a la Comisión para que incorpore las observaciones presentadas y prepare el informe para segundo y definitivo debate.
