Transportistas dejaron sin buses a Quito para exigir revisión de pasajes o compensaciones. El alcalde Pabel Muñoz rechazó subir la tarifa de 35 a 65 centavos.
Durante las primeras horas de hoy, los transportistas dejaron sin buses a la ciudad para reclamar una revisión de los pasajes o la entrega de compensaciones, pese a las advertencias del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, de que impondrá sanciones.
Esta crisis coincidió con el segundo día de toque de queda dispuesto por el Gobierno nacional mediante el Decreto Ejecutivo 370, que con excepción de servicios de salud, fuerza pública, gestión de riesgos, emergencias y servicios estratégicos, limita la libertad de tránsito en Pichincha y otras ocho provincias entre las 23:00 y las 05:00, del 3 al 18 de mayo de 2026.
Sin embargo, en su primera reacción frente a esta medida de hecho, Muñoz no informó de ninguna sanción y declaró que “ni loco” permitirá que el pasaje suba de la tarifa actual de 35 centavos a 65 centavos. También rechazó que se entreguen compensaciones por alrededor de 5 millones de dólares mensuales, como reclaman los transportistas.
“Compremos el negocio, mejor. Nos quedamos con la administración total del negocio. No podríamos hacer una compensación en ese sentido”, dijo Muñoz, al enfatizar que el Municipio no tiene facultad legal para entregar ese subsidio, salvo que exista una autorización expresa de la Corte Constitucional o del Ministerio de Economía.
Muñoz calificó la suspensión del servicio como una “extorsión” y una “medida irresponsable” de “un puñado de dirigentes”, distintos de quienes supuestamente se habían comprometido a reunirse el 15 de mayo para discutir sus pedidos.
Pasadas las dos primeras horas sin servicio, que debía empezar a las 06:00 debido al segundo día de toque de queda en la ciudad, la Secretaría de Movilidad se limitó a informar que en la medida de hecho habrían participado 57 cooperativas de transporte que no prestaron servicio en la ciudad, mientras que solo siete operaron desde las 06:00.
Mientras empezaba la rueda de prensa del alcalde Muñoz, aproximadamente a las 08:15, la gente todavía realizaba largas filas en paradas estaciones que usulamente tiene gran demanda como La Marín, en el centro, La Ofelia y Carapungo, en el norte, y La Magdalena, en el centro sur.
En medio de su desesperación por trasladarse pasajeros buscaron taxis compartidos, camionetas o furgonetas escolares que ofrecían traslados por tramos cortos a un dólar.
“Fue todo un drama, primero porque no había ni un solo bus y luego, cuando aparecieron furgonetas, querían cobrar un dólar. Así y todo me tocó pagar sino me quedaba”, dijo a Ecuador Chequea, Víctor Salas, empleado privado que vive en Cotocollao, en el nrote, y labora en un almacén en La Mariscal, el centro norte.
Según estimaciones de los propios dirigentes de las compañías operadoras de buses, sus aproximadamente 3.000 unidades trasladan cada día a 1,8 millones de pasajeros y necesitarían una compensación de al menos 10 centavos por pasajero para alcanzar un “equilibrio financiero” frente al incremento de los costos de operación. Esto, recordaron, debido a que cuando se subió el pasaje de 25 a 35 centavos, en 2001, el galón de diésel costaba 1,04 dólares y hoy ese mismo galón cuesta 2,95.
Pasada la una de la tarde los dirigentes de los dirigentes empezaron una reunion con el concejal presidente de la comisión de movilidad del Muncipio, Diego Garrido, para solicitarle sus buenos oficios para que gestione un encuentro directo con el alcalde Muñoz.
Medidas urgentes
En cualquier caso, como medida emergente frente al caótico inicio de la jornada, el Municipio suspendió el Pico y Placa durante la tarde de este martes, entre las 16:00 y las 20:00, para facilitar la circulación de vehículos particulares. Asimismo, el alcalde Muñoz anticipó que esta misma tarde se anunciará si se vuelve a suspender esta restricción vehicular mañana.
El transporte municipal como el Trolebús, Ecovía y Metro no se paralizó, pero sus estaciones estuvieron congestionadas con pasajeros a la espera de “buses alimentadores”.
Frente a esta situación, Muños declaró que «vamos a descontar hasta el último minuto que no han operado el día de hoy, porque tiene que responder al contrato».
Por ahora, el Ministerio de Educación dispuso flexibilidad en la hora de ingreso de estudiantes por las afectaciones en la movilidad, mientras universidades también anunciaron medidas internas para reducir el impacto de la falta de transporte público.
Veedora plantea municipalizar el transporte y cuestiona gestión del alcalde Muñoz
La veedora ciudadana del barrio La Floresta, Rocío Bastidas Granizo, afirmó que la capital enfrenta una “crisis de movilidad” y planteó la municipalización del transporte de pasajeros como “única salida”, en un pronunciamiento en el que cuestiona los resultados de la actual administración municipal tras tres años de gestión.
La veedora cuestionó la falta de declaratoria de emergencia en movilidad y advierte que el Municipio podría negociar un incremento tarifario con los transportistas sin contraprestaciones, en medio de falta de control, sanciones y transparencia. “Sin control, sin sanciones, sin revisiones técnicas vehiculares exigentes, sin orden y sin transparencia”, señala.
Bastidas sostuvo que, pese a que el plan de gobierno municipal reconocía fallas estructurales, como la dependencia del transporte en cerca de 11.000 buses y la deficiente calidad del servicio, no se han implementado medidas de fondo. “Luego de describir esta trágica realidad de la movilidad, los resultados a 3 años de gestión son desastrosos”, señaló.
La veedora lamentó que no existen estudios actualizados sobre la percepción ciudadana de la movilidad y advierte que problemas ya identificados, como la siniestralidad vial, la inseguridad y la congestión “han empeorado. Así, recordó que en una reciente encuesta del Banco Interamericano de Desrrollo que ubicaba estos indicadores entre las principales preocupaciones.
Bastidas también cuestionó el estado de los corrwdores municipales Trolebús, Ecovía y corredores, que, según afirma, han sido objeto de “abandono” y “desmantelamiento”, lo que se refleja en la calidad del servicio y en condiciones de seguridad para los usuarios.
