La Alianza que apoya la reelección de Pabel Muñoz a la Alcaldía de Quito, asegura que el Gobierno trata de frenar su candidatura ya que sabe que será el ganador en las urnas.
Dirigentes de la Revolución Ciudadana, de Unidad Popular, del Partido Socialista y del Movimiento Todos, integrantes de la Alianza Ciudadana que impulsa la reelección del correísta Pabel Muñoz a la Alcaldía de Quito, calificaron de persecución política la denuncia por infracción electoral que interpuso Jennifer Celorio Suárez en contra de su candidato.
Celorio puso la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el 21 de agosto y la causa recayó en la jueza Ivonne Coloma Peralta, quien ordenó que complete y aclare la demanda.
Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista, aseguró que hay un deterioro de la democracia en Ecuador, lo que se evidencia, dijo, en la objeción aceptada en Manabí contra la candidatura de la también correísta Luisa González a la prefectura de esa provincia; o la suspensión de los derechos de participación política en contra de Cristian Zamora, alcalde de Cuenca que aspiraba a la reelección; y los procesos judiciales en marcha que involucran al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien también aspiraba a la reelección, y ahora la denuncia contra Muñoz, entre otros casos.
Vallejo dijo que hay la necesidad de mantener elecciones libres y transparentes. «No estamos pidiendo ventaja alguna en este proceso electoral; estamos exigiendo elecciones justas», manifestó. Para el dirigente, es necesario que sea el pueblo el que escoja a sus autoridades en las urnas.
Por su parte Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular, agregó que el Gobierno de Daniel Noboa quiere impedir la candidatura de Muñoz ya que sabe que logrará la reelección. «Noboa sabe que si juega limpio pierde las elecciones. Por ello proscribe a organizaciones políticas, a candidatos con posibilidades de ganar y forma parte de toda la estrategia de fraude electoral diseñada desde la Presidencia de la República», indicó Rojas.
Mientras que Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, aseguró que la institucionalidad está completamente rota. «Cuando a un pueblo le quitan el derecho a elegir y ser elegido, es un pueblo que vive en dictadura», dijo Rivadeneira. Agregó que la denuncia electoral en contra de Muñoz se debe a que el «Gobierno quiere ir solo en (la) papeleta» electoral del 29 de noviembre, fecha en la que los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades seccionales.
Por su parte la asambleísta del oficialismo, Inés Alarcón, restó importancia a lo expresado por los dirigentes de esas organizaciones políticas, ya que dijo que lo único que intentan es posicionar el relato de persecución política debido a la coyuntura electoral.
