Durante su participación en el programa Políticamente Correcto, transmitido el 10 de mayo de 2026 por Ecuavisa, el exministro de Finanzas Alfredo Arízaga realizó varias afirmaciones sobre ingresos de los hogares ecuatorianos, economía, empleo informal y seguridad. Ecuador Chequea revisó cuatro de esas declaraciones con base en estadísticas oficiales, documentos públicos y reportes periodísticos.
“En Ecuador hay 4 millones 800 mil familias; el 60 % de esas gana USD 1.500 o más al mes”
La cifra de 4,8 millones de familias es una aproximación razonable al número de hogares en Ecuador. El Censo de Población y Vivienda 2022 del INEC registró 5,19 millones de hogares. Sin embargo, no existe evidencia oficial que respalde que el 60 % de ellos perciba ingresos mensuales iguales o superiores a USD 1.500.
Si esa afirmación fuera correcta, entre 2,9 y 3,1 millones de hogares ecuatorianos estarían en ese rango de ingresos. No obstante, la mediana del ingreso laboral mensual fue de USD 397,8 en el segundo trimestre de 2025 y el promedio fue de USD 498,8 en diciembre de ese año, cifras muy inferiores al monto señalado.
Aunque algunos hogares cuentan con más de un perceptor de ingresos, los datos oficiales no muestran que seis de cada diez familias ecuatorianas superen los USD 1.500 mensuales. Por ello, la afirmación es falsa.
Fuentes
- INEC, ENEMDU II trimestre 2025
- INEC, Mercado Laboral diciembre 2025
- INEC, ENIGHUR
“Si contabilizan cuánto gana una persona que vende tickets de parqueo en Zona Azul son posiblemente unos USD 1.000 al mes. No son empleados de nadie”
En Quito, los distribuidores de tickets del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SERT), conocido como Zona Azul, no son empleados municipales. Trabajan bajo contratos mercantiles y reciben una comisión sobre lo recaudado, por lo que sus ingresos dependen del número de tickets vendidos y de la zona donde operan.
Es posible que algunos trabajadores en sectores de alta demanda obtengan ingresos cercanos a USD 1.000 mensuales. Sin embargo, no existe información pública que demuestre que ese sea el ingreso promedio o habitual para quienes realizan esta actividad.
Reportajes periodísticos muestran que los ingresos son variables y que muchos trabajadores no cuentan con afiliación al seguro social ni con beneficios laborales, lo que impide generalizar esa cifra como representativa.
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“El crecimiento de la economía (en 2025) alcanzó el 3.7%”
El Banco Central del Ecuador (BCE) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 3,7 % en 2025. Según la entidad, el resultado fue impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones, la inversión y el consumo de los hogares.
El crecimiento económico ocurrió después de la contracción registrada en 2024, por lo que parte del resultado responde a una recuperación respecto de una base comparativa baja. Aun así, el dato oficial coincide con lo señalado por Arízaga.
La frase complementaria “eso significa que algo está funcionando” es una valoración política y no una afirmación verificable en términos estrictos.
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“El arancel a Colombia hace mucho daño, pero hace mucho más daño esta convivencia entre el gobierno actual de Colombia y el crimen organizado”
La afirmación del exministro Alfredo Arízaga compara el impacto económico del arancel impuesto a productos colombianos con el supuesto efecto de la “convivencia entre el gobierno actual de Colombia y el crimen organizado”. Aunque el primer componente puede evaluarse con datos comerciales, el segundo contiene una acusación política de carácter amplio que no está acompañada de evidencia concreta ni define qué se entiende por “convivencia”.
No existen indicadores oficiales ni estudios que permitan medir de forma objetiva y comparable cuánto daño económico produce esa supuesta relación entre el gobierno colombiano y organizaciones criminales. Además, la frase parte de una premisa controvertida que, al no estar delimitada ni sustentada con hechos específicos, no puede ser verificada en los términos en que fue formulada.
Sí es correcto afirmar que el arancel o tasa de seguridad aplicada a las importaciones desde Colombia tiene efectos económicos sobre el comercio bilateral. Sin embargo, no es posible determinar con evidencia pública que la presunta cercanía entre el gobierno de Gustavo Petro y el crimen organizado cause un daño mayor al de esa medida comercial.
Fuentes
