El presidente del Consejo de Participación asegura que hay una persecución política para tomarse esa institución. El 25 de septiembre se llevará a cabo la audiencia para verificar el cumplimiento de la sentencia del 2019.
Apenas cuatro meses han pasado desde que se posesionó el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y su presidente, Alembert Vera, ya se ha abierto al menos tres frentes por su cuestionada gestión al frente del organismo. Entre ellos, con los consejeros de minoría, con la Fiscalía y con la Corte Constitucional.
Vera minimizó los conflictos con los dos primeros, pero ha salido a defender su gestión por todos los medios posibles, cuando la Corte inició la fase de seguimiento al cumplimiento del dictamen interpretativo del 2019, con el que blindó las resoluciones que tomó el Consejo de Participación transitorio.
Esto, a raíz de que el Consejo de Participación permanente convocó, por orden judicial, a una veeduría que revise el proceso de designación de los jueces constitucionales. “Me parece que el presidente del Consejo está caminando en terrenos complicados”, manifestó el constitucionalista Ismael Quintana.
Para el 25 de septiembre está fijada la fecha de la audiencia convocada por la Corte para escuchar los argumentos de las autoridades del Consejo de Participación. Quintana indicó que luego de esa audiencia la Corte debería al menos destituir a Vera del cargo, ya que es evidente que la intención de armar una veeduría no hace más que confirmar que no estaba dispuesto a cumplir con el dictamen del 2019.
¿Desesperado?
Vera afirmó que se presentará ante la Corte a exponer sus descargos, pero al mismo tiempo solicitará medidas cautelares y presentará demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya que todo se trata, manifestó, de una persecución política.
Vera, quien en su momento fue abogado del entonces Presidente de la República, Rafael Correa, y cuya campaña al Consejo fue acogida y difundida públicamente por el correísmo a través de las redes sociales, aseguró que no maneja una agenda correísta, sino de territorio, de acercamiento a los ciudadanos y que hoy sus opositores -los poderes de siempre, según sus palabras- hacen un nuevo intento por apoderarse del Consejo. Y citó como ejemplo las intenciones de restarle competencias al organismo que preside.
El presidente del Consejo reiteró que convocar la veeduría por pedido ciudadano fue por orden de un juez y, que la convocatoria fue hecha por una instancia administrativa sin que el Pleno haya tomado ninguna decisión. “Aquí nadie está desobedeciendo o incumpliendo nada. Lo que se ha puesto en el debate público, por la fase de seguimiento iniciada por la Corte, es la capacidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho de fiscalizar al Estado. Es imposible concebir que los ciudadanos no puedan iniciar veedurías”, manifestó.
Debate constitucional
Para el constitucionalista José Chalco han existido actos por parte del Consejo que evidencian claramente la intención de incumplir el dictamen del 2019, con el objetivo de revisar el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional. También recordó que hace poco tiempo atrás, el pleno del Consejo abrió un expediente sobre la Fiscal Diana Salazar para revisar las calificaciones que obtuvo para llegar a ese cargo en el proceso que llevó adelante el Consejo transitorio, lo que en la práctica es un acto administrativo para incumplir el mencionado dictamen.
Por su parte, Quinta agregó se le debería preguntar a Vera que si es está consciente, como ha manifestado públicamente en los últimos días, que no se puede revisar los procesos de designación que hizo el Consejo transitorio, cuál es el sentido de integrar una veeduría que haría un informe destinado a ser guardado en el “cajón de un escritorio”.
Algunos frentes abiertos
- Los consejeros de minoría responsabilizan a Vera por la convocatoria a la veeduría y cuestionaron que no se haya realizado una consulta jurídica para que sea puesto en conocimiento del pleno.
- La Corte Constitucional inició la verificación del cumplimiento de un dictamen interpretativo que emitió en mayo del 2019, en el que blindó las actuaciones del Consejo transitorio que presidió Julio César Trujillo (+). Los vocales están convocados para audiencia el próximo 25 de septiembre.
- El 19 de mayo, la Fiscalía inició una investigación previa contra los siete vocales por un supuesto intento de borrar o alterar los archivos que respaldan la designación de Diana Salazar como Fiscal General.
- El 29 de junio, Vera presentó una denuncia por fraude procesal en contra de la Fiscalía, porque en el expediente de la investigación previa iniciada el 19 de mayo encontró una hoja vacía y numerada.
- Jorge Medida, juez de Bucay, suspendió el proceso de designación del Contralor General del Estado. Una ciudadana denunció presuntas irregularidades en la etapa de méritos.
- Vera fue denunciado por Juan Esteban Guarderas, por el auspicio en redes sociales que recibió durante la campaña por parte de la Revolución Ciudadana. El juez electoral, Guillermo Ortega negó y archivó la denuncia porque la difusión en las redes sociales no se considera promoción electoral. La sentencia de primera instancia habría sido apelada por Guarderas.
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