Este 29 de noviembre elegiremos siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero, ¿cuántos candidatos conocemos suficientemente para confiarles semejante responsabilidad? Al parecer existen 65 aspirantes y la campaña electoral se realizará entre el 12 y el 26 de noviembre; es decir, tendremos apenas quince días para que dicha cantidad considerable de candidatos nos presenten su trayectoria y podamos, además, contrastar sus propuestas y tomar una decisión medianamente responsable sobre quienes van a ejercer un cúmulo de atribuciones que –nos guste o no– son decisivas para la institucionalidad del país. Sin embargo, una democracia requiere condiciones mínimas que nos permitan comprender: qué estamos eligiendo, quiénes aspiran al cargo y cuáles serían las consecuencias de entregarles, a tales aspirantes, el poder. Y cuando esas condiciones son insuficientes –como ocurre en este caso–, aunque la elección conserve su forma, la misma pierde obviamente su calidad deliberativa y el ciudadano termina ante una papeleta que le exige decidir entre un grupo de completos desconocidos.
Cabe recordar, además, que las organizaciones políticas y los funcionarios públicos tienen prohibido jurídicamente realizar proselitismo político a favor de estas candidaturas. Esto por un propósito inicialmente razonable, ya que un organismo llamado a promover el control social debe indefectiblemente preservar su independencia. Sin embargo, esta restricción exige una contrapartida especialmente sólida de información y promoción pública; de lo contrario, limitar la intermediación partidista puede dejar al elector sin referencia suficiente alguna para decidir adecuadamente. Además, la ausencia del auspicio por parte de un partido político no demuestra, por sí misma –y ya deberíamos tenerlo claro–, total independencia institucional. Esta debería examinarse, más bien, mediante los antecedentes, los vínculos, las actuaciones y los posibles conflictos de interés de los aspirantes en contienda; y, una fotografía, un nombre y/o una promesa de combatir la corrupción, difícilmente permiten semejante evaluación.
Finalmente, la distancia profunda entre la escasa atención que recibe esta elección y el poder que conserva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asusta. Entre sus competencias aún está designar, mediante los procedimientos correspondientes, a las primeras autoridades de la Fiscalía y la Contraloría, así como al procurador y a los superintendentes. Y la independencia y capacidad de estas autoridades afectan directamente la investigación penal, el control de los recursos públicos y la vigilancia de las actividades económicas en nuestro país. Por ello, reducir esta elección a un mero trámite secundario –en apariencia accesorio de la elección de alcaldes y demás autoridades locales– resta importancia pública y denigra al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a pesar de que sus atribuciones permanecen intactas. Es ahí donde surge una grave contradicción institucional, pues, quienes pueden incidir de manera determinante en la conformación de los órganos de control llegan por elección y decisión ciudadana sin un escrutinio suficiente y menos aún proporcional respecto de sus responsabilidades.
Por ello, ojalá el sistema electoral pueda ofrecer, en un lapso extremadamente reducido, información suficiente, accesible y contrastable sobre esta elección. Ojalá, asimismo, los medios de comunicación puedan interrogar, en apenas dos semanas, a los 65 aspirantes y corroborar entre sí sus ofrecimientos. Y ojalá las universidades y organizaciones sociales puedan abrir espacios suficientes de discusión para todos los actores interesados en este proceso electoral. Porque la ciudadanía debe informarse, pero dicha obligación necesita de oportunidades reales para ser cumplida. Y es que el poder de designar autoridades nos exige que examinemos con rigor a quienes van a ejercerlo, pero si llegamos a las urnas sin conocerlos, sencillamente habremos cumplido con el acto formal del sufragio y el calendario electoral, mientras la posibilidad real de controlar democráticamente una decisión que puede condicionar por varios años a todo el Estado ecuatoriano, se habrá asimismo, de manera muy simple, debilitado.
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