Cuando se interrumpe el suministro de energía eléctrica, la cotidianidad inevitablemente cambia. Los negocios dejan de atender, las familias deben reorganizar sus actividades, las clases se suspenden y la jornada de trabajo sencillamente queda incompleta. Y a dichos perjuicios se suma otro: el hecho de que nadie sabe con certeza qué está ocurriendo, cuánto durará o cuándo volverá a suceder. Y en estas condiciones, la ansiedad, desesperación y frustración se disparan. De ahí que, la incertidumbre también tenga un costo y en nuestro país, claro, lo paga siempre el ciudadano. Y es que los recientes cortes de energía y los anuncios oficiales de mantenimiento de las redes eléctricas vuelven a colocar a Ecuador frente a una exigencia básica y común respecto de cualquier gobierno: información clara y oportuna. El anuncio de supuestas intervenciones para el 17 y 18 de octubre, por ejemplo, dejó varias preguntas irresolutas sobre las posibles suspensiones, los sectores afectados y los horarios. Y estas son las respuestas que las personas necesitan, precisamente, para poder organizarse.
Ciertamente, el mantenimiento de la infraestructura es indispensable. Sería completamente irresponsable cuestionar su realización únicamente por las molestias que nos podría ocasionar; pero anunciar un mantenimiento solo describe la actividad técnica a ser ejecutada en tanto que informar que va a haber una interrupción de energía eléctrica explica con claridad su consecuencia para el usuario y una comunicación pública completa debería contener ambos supuestos. Si los trabajos a ejecutar requieren cortar el suministro de energía, corresponde decirlo explícitamente, indicando dónde y durante cuánto tiempo; debiendo señalar, asimismo, las causas. Porque una falla imprevista, una intervención programada o una restricción por insuficiencia del suministro de energía eléctrica requieren respuestas diferentes y confundirlas solo impide comprender el problema y evaluar la actuación de las autoridades. Aunque debo advertir que, sería también poco serio presumir siempre que todo mantenimiento encubre un déficit energético. Por lo que, para evitar justamente los rumores y las sospechas “malintencionadas” deben comunicarse con transparencia suficientes explicaciones verificables.
Y la comunicación resulta aún más sensible cuando las disposiciones cambian repentinamente en pocas horas. La rectificación del anuncio de desconexión industrial por siete días, por ejemplo, evidenció cuánto puede afectar una instrucción incierta a quienes deben planificar la producción del país, cumplir con múltiples contratos y sostener, entre otros, el empleo de los ecuatorianos. Una decisión de esta magnitud exige coordinación previa antes de comunicar y una explicación suficiente cuando se modifica lo comunicado. Y es que, la continuidad de un servicio público esencial compromete la responsabilidad pública de quienes nos gobiernan. Esta responsabilidad comprende mantener las instalaciones, anticipar los riesgos, ejecutar oportunamente las inversiones que se requieran y comunicar asertivamente las dificultades que se tengan. Porque la ciudadanía puede comprender una emergencia y colaborar frente a una contingencia, pero para hacerlo necesita conocer la situación y las medidas previstas por los responsables, incluso cuando existan aspectos que las autoridades aún no puedan asegurar.
Porque gobernar en condiciones difíciles exige reconocer los límites de la propia gestión. Si existe un riesgo de cortes de luz, debe explicarse. Si hay un mantenimiento programado, deben darse los detalles de sus efectos. Si la información divulgada cambia, corresponde actualizarla y justificar con suficiencia el cambio. Porque al país le urge recuperar la previsibilidad del servicio eléctrico así como la confianza en la palabra pública. Porque quien permanece a oscuras necesita saber cuándo volverá la luz. Y cada anuncio nos permite tomar las decisiones más adecuadas.
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