La presidenta de la Asamblea manifestó que las normativas se deben reformar en base la resolución de la Judicatura de eliminar las unidades de juzgamiento de delitos de corrupción. La opción dice que es el revés, que primero se debió reformar el Código de la Función Judicial.
«Yo no puedo pronunciarme ya que al ser otro poder del Estado, entiendo que la encargada de ese poder lo sabrá explicar y justificar», manifestó la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), en relación a la decisión del Consejo de la Judicatura, presidido por Mercedes Caicedo, de eliminar las unidades judiciales especializadas para el juzmamiento de delitos de corrupción y crimen organizado.
Con el argumento de respetar la Independencia de funciones, Mancheno quiso así evitar comentar esa decisión que ha levantado polémica en el país.
El 7 de septiembre, el Pleno de la Judicatura resolvió eliminar esas unidades y Caicedo manifestó que existía un desequilibrio en la carga procesal de los jueces y que los casos se distribuirán con otros jueces penales de la Unidad Judicial de Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha. Luego se reubicó a los jueces anticorrupción en otros juzgados.
En un conversatorio con la prensa, Mancheno dijo que son decisiones propias de cada institución y que lo que le corresponde a la Asamblea es reformar proyectos de Ley para ajustarlos a la resolución dictada por la Judicatura.
La polémica
La declaración de Mancheno generó cuestionamientos en asambleístas de oposición.
Esto debido a que las unidades especializadas se crearon mediante ley aprobada por la Asamblea, por lo que solo podían ser eliminadas a través de reformas legales al Código de la Función Judicial, y no por una resolución administrativa de los vocales de la Judicatura.
El asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano pidió a Mancheno que haga respetar y que defienda la institucionalidad de la Asamblea, que es el órgano competente para reformar la Ley. «Si querían eliminar los juzgados especializados debían haber propuesto una reforma a la Asamblea ya que está sometido a reserva de la ley», dijo Serrano.
El legislador advirtió que la resolución puede generar consecuencias graves ya que por cuestiones de competencia territorial, los juzgados de Pichincha no pueden conocer casos de otras provincias, una potestad que sí tenían los jueces anticorrupción.
Viviana Veloz, del correísmo, agregó que lo pertinente era que primero reformen el Código de la Función Judicial, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Prevención de Lavado de Activos para luego proceder con lo que la Judicatura estime pertinente, no al revés. «La creación de estás unidades especializadas fueron por mandato legal en el 2020. Luego se publicaron en el Registro Oficial», dijo la legisladora, para finalmente ser abaladas por la Corte Constitucional.
La disputa por la fiscalización
La Comisión de Garantías Constitucionales, integrada en su totalidad por legisladores correístas, inició la fiscalización de la resolución adoptada por la Judicatura y convocó a Caicedo para que explique las razones de la suspensión de las unidades.
Sin embargo, Caicedo no compareció ante la Comisión y los legisladores escucharon los criterios de expertos que cuestionaron la resolución.
Pero minutos más tarde, en la sesión del Pleno, se planteó la moción para cambiar el orden del día y tratar qué comisión debía llevar adelante esa fiscalización. Finalmente el Pleno resolvió con 85 votos a favor que sea la Comisión de Justicia, de mayoría oficialista, la que cumpla con ese proceso y presente el respectivo informe.
