El pasaje urbano de Quito subirá a 40 centavos después de las elecciones. Dos analistas explican cuánto puede afectar la medida a Pabel Muñoz, quien aspira a la reelección.
El aumento del pasaje de buses en Quito puede convertirse en una herramienta de campaña contra el alcalde Pabel Muñoz, quien busca la reelección. Sin embargo, su impacto electoral inmediato podría ser limitado porque los quiteños comenzarán a pagar la nueva tarifa después de las elecciones, desde enero de 2027, según dos analistas políticos consultados por Ecuador Chequea.
Wilson Benavides y Fabricio Betancourt coinciden en que la distancia entre la aprobación de la medida, la fecha de las elecciones y la entrada en vigencia de la nueva tarifa es determinante. El Concejo Metropolitano aprobó el 8 de septiembre elevar la tarifa urbana de 35 a 40 centavos a partir del uno de enero de 2027, mientras que las elecciones seccionales se realizarán el 29 de noviembre.
La nueva tarifa comenzará a regir el uno de enero de 2027. Hasta entonces, los pasajeros seguirán pagando el actual pasaje de 35 centavos, vigente desde noviembre de 2020 y el Municipio contempla desembolsar aproximadamente 23,3 millones de dólares en compensaciones, con un máximo de 8.000 dólares por cada una de los 2.931 buses, a razón de 2 mil dólares mensuales.
Benavides diferencia entre la toma de la decisión y su aplicación concreta. A su juicio, el incremento puede generar un costo para Muñoz, pero antes de las elecciones seguirá siendo una medida abstracta porque los ciudadanos todavía no sentirán el aumento directamente en sus bolsillos.
Para la oposición, agregó, el tema será un argumento contra el alcalde y los concejales que apoyaron la reforma, pero no necesariamente será el problema con mayor peso electoral.
Benavides asegura que asuntos como las controversias relacionadas con la tasa de recolección de basura, el tráfico generado por las obras viales y la inseguridad pueden resultar aspectos más inmediatos y de más peso para el votante.
También señaló que la discusión del transporte no comenzó con Muñoz ya que se originó en la Ordenanza 17 de 2020, impulsada durante la gestión de Jorge Yunda, con la que el pasaje se incrementó de 25 a 35 centavos, dejando pendiente la integración tarifaria y la caja común.
Betancourt coincide en que el aumento llega en un momento políticamente calculado en el que todavía no toca directamente el bolsillo del usuario.
La crítica tiene asidero entre ciudadanos que siguen de cerca las noticias sobre movilidad, dijo, especialmente porque persisten cuestionamientos a la calidad y a la falta de integración del sistema. Pero considera que el costo electoral “no va a ser muy alto” antes de noviembre.
La oposición puede obtener una ventaja temporal, añadió, pero el asunto podría perder espacio en la agenda hasta que el incremento sea aplicado.
“El impacto” más fuerte, según su análisis, aparecerá después de los comicios y se reflejará en la opinión pública sobre la administración que tenga que ejecutar y controlar la nueva tarifa.
Betancourt señaló además a Cuenca como referencia para la integración del transporte público y privado mediante un sistema común de pago.
Fuera del Concejo, la disputa pasó inmediatamente a la campaña
La decisión de aumentar el pasaje urbano abrió un nuevo frente político contra el alcalde Pabel Muñoz, con seis concejales y al menos cinco postulantes a la Alcaldía cuestionando una reforma aprobada a menos de tres meses de las elecciones.
La candidata a la alcaldía, Carla Larrea, sostuvo que “pagar más” no puede significar mantener el mismo servicio. El también postulante César Díaz acusó al alcalde y al Concejo de dar “las espaldas al pueblo”.
Harold Burbano, el candidato a la alcaldía por ADN, organización política del presidente Daniel Noboa, cuestionó tanto el incremento como los recursos públicos destinados a los operadores y sostuvo que esa fórmula no resuelve el problema estructural.
El exconcejal y actual candidato a la Alcaldía capitalina, Wilson Merino, también criticó los nuevos valores. Propuso municipalizar estratégicamente parte del sistema e integrar la tarifa. Sin embargo, María Fernanda Guillen, quien ocupa su curul luego de que Merino renunciara para terciar por la Alcaldía, votó a favor del incremento.
El exalcalde y también candidato, Jorge Yunda, cuestionó los aproximadamente 23 millones de dólares previstos para compensaciones y acusó a la actual administración de no implementar integralmente la Ordenanza 017-2020, aprobada durante su gestión.
La justificación de Muñoz
Muñoz defiende que las compensaciones y el nuevo esquema no constituyen un cheque en blanco, pues la ordenanza exige, entre otros aspectos, avanzar en la implementación del sistema integrado de recaudo en un plazo de ocho meses, así como mejorar el control de flotas, la información al usuario, la capacitación de los conductores, los canales de quejas y los mecanismos adicionales de seguridad hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, antes de dar paso a la votación en la sesión del 8 de septiembre, no solo responsabilizó al Gobierno de la medida por haber eliminado, en septiembre de 2025, el subsidio al diésel con el que funcionan los buses del transporte público, sino que también afirmó que, de no crearse las compensaciones temporales, el alza de los pasajes se aplicaría de inmediato una vez aprobada la ordenanza.
La confrontación tiene, efectivamente, el antecedente en septiembre de 2025. El 12 de ese mes, en cadena nacional, el Gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel y el nuevo precio comenzó a regir desde las 00:00 del día siguiente. El Ejecutivo creó compensaciones temporales para impedir que el mayor costo se trasladara inmediatamente a los pasajeros.
Muñoz rechazó entonces un aumento del pasaje. “No estamos abiertos a definir un incremento de tarifas por la eliminación del subsidio al diésel”, dijo el 16 de septiembre de 2025. También responsabilizó al Gobierno nacional de haber colocado el incremento tarifario en la discusión pública.
Un año después, su administración sostiene que el escenario cambió porque las compensaciones nacionales terminaron. El Municipio calculó un desequilibrio de alrededor de 8.000 dólares por unidad para mantener el sistema durante 2026.
¿Cómo actuaron los actuales concejales?
El Concejo Metropolitano aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de Ordenanza 127-2026 para incrementar el pasaje, impulsado por la administración del alcalde Muñoz, con 14 votos a favor y seis en contra. Muñoz respaldó la reforma junto con los concejales Adrián Ibarra, Cristina López, Darío Cahueñas, Diana Cruz, Diego Garrido, Emilio Uzcátegui, Estefanía Grunauer, Fernanda Guillén, María Fernanda Racines, Gabriel Noroña, Héctor Cueva, Joselyn Mayorga y Mónica Proaño.
Analía Ledesma, Andrés Campaña, Bernardo Abad, Blanca Paucar, Fidel Chamba y Michael Aulestia votaron en contra.
La oposición cuestionó que el incremento llegue antes de una mejora real en la calidad y seguridad del servicio. Una de las más insistentes posiciones de rechazo durante la sesión extraordinaria del 8 de septiembre fue la de Andrés Campaña, quien calificó la medida como “metida de mano al bolsillo de los quiteños” y cuestionó que además del incremento de 35 a 40 centavos en el pasaje urbano, los pasajes en parroquias rurales tendrán impactos significativos. Campaña aspira a la reelección como concejal por el movimiento Imparables, que a su vez auspicia a Merino para la Alcaldía.
