Cada seis meses, Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, publica su Government Requests Report, un informe de transparencia donde detalla cuántas veces los gobiernos del mundo le pidieron datos de usuarios, con qué resultado y bajo qué figura legal. Ecuador Chequea analizó los 13 reportes semestrales publicados entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2025 para reconstruir la evolución de los pedidos hechos por el Estado ecuatoriano.
Lo esencial
- Entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2025, las solicitudes del gobierno ecuatoriano a Meta se multiplicaron por 13,5 veces: de 166 a 2.244 en un solo semestre.
- 2024 fue el año con más solicitudes registradas hasta ahora, con 3.563 pedidos en los dos semestres combinados. El primer semestre de 2025 (2.244 pedidos) ya casi iguala, él solo, el total de todo 2023.
- La mayoría de esas solicitudes no llega por la vía de un juez: son solicitudes de emergencia, un mecanismo pensado para riesgo inminente de muerte o lesión grave, que Meta puede atender sin una orden judicial previa.
- En el primer semestre de 2025 ocurrió una anomalía: los pedidos por proceso legal (los que sí requieren una orden judicial, citación u otro documento formal) se dispararon a 817, más del doble que en cualquier semestre anterior, pero la tasa de éxito de esos pedidos se desplomó a apenas 8%, la más baja de toda la serie.
¿Qué mide exactamente este reporte?
Meta clasifica los pedidos de los gobiernos en tres categorías:
- Proceso legal (Legal Process Request): el gobierno presenta una orden judicial, citación, orden de allanamiento u otro documento formal exigiendo datos de una cuenta. Es la vía «regular» para pedir información.
- Solicitudes de emergencia (Emergency Request): un mecanismo excepcional para casos en los que las autoridades alegan un riesgo inminente de muerte o lesión grave y piden datos sin esperar a completar el proceso legal formal. Meta evalúa cada caso antes de responder.
- Solicitudes de preservación (Preservation Request): le piden a Meta que «congele», con fines de conservación, los datos de una cuenta mientras la autoridad tramita el proceso legal correspondiente. Meta no entrega esos datos hasta que llega ese proceso; si nunca llega, la información no se comparte.
Para cada categoría, el reporte indica cuántas solicitudes se recibieron, a cuántas cuentas afectaron y en qué porcentaje de los casos Meta entregó «algún dato», no necesariamente todo lo pedido.
Una curva sostenida al alza
Sumando ambos semestres de cada año, la serie completa de solicitudes totales es la siguiente:
El crecimiento no es lineal: hay un salto marcado a partir de 2023, cuando las solicitudes casi se triplican respecto a 2022. Ese salto coincide con el periodo de mayor inseguridad registrada en el país y con el uso más intensivo de redes sociales por parte de la Policía y la Fiscalía para investigaciones.
El peso de las solicitudes de emergencia
De los tres mecanismos, el que más ha crecido, y el que domina el total, es el de emergencia. En el primer semestre de 2025, por ejemplo, Ecuador presentó 1.427 solicitudes de emergencia frente a 817 de proceso legal: casi el doble.
Esto importa porque las solicitudes de emergencia no pasan por un juez antes de pedirle los datos a la plataforma. Es Meta quien decide, caso por caso, si el relato de riesgo inminente que le presenta la autoridad justifica entregar información sin la garantía adicional de una orden judicial. La compañía sostiene que revisa cada solicitud, pero el mecanismo depende en buena parte de la descripción que hace la propia autoridad que pide los datos.
La tasa de éxito de estas solicitudes es consistentemente alta, entre 65% y 90% según el semestre, más alta que la de los pedidos por proceso legal formal.
La anomalía del primer semestre de 2025
El dato más llamativo de toda la serie aparece en el primer semestre de 2025. Los pedidos por proceso legal, los que requieren orden judicial, citación u otro documento formal, pasaron de 309 en el segundo semestre de 2024 a 817. Pero la proporción de esos pedidos en que Meta efectivamente entregó algún dato cayó a 8%, muy por debajo del rango histórico (19%-81% según el semestre).
En otras palabras: el Estado ecuatoriano pidió más del doble de información por la vía formal que en cualquier semestre anterior, pero Meta se la negó en 9 de cada 10 casos. El reporte de Meta no explica las razones puntuales de cada rechazo, solo indica que la solicitud no cumplió los requisitos para que la empresa considere que existe una obligación legal de responder; por lo que esta cifra no permite, por sí sola, establecer si el problema estuvo en la calidad de las solicitudes, en su alcance o en otro factor.
Solicitudes de preservación: también en alza
Las solicitudes de preservación, pedir que Meta «congele» una cuenta mientras se tramita el proceso legal correspondiente, pasaron de 48 en 2019 a un pico de 365 en el primer semestre de 2022, con oscilaciones desde entonces entre 145 y 334 por semestre. Estas solicitudes no implican, por sí solas, entrega de datos: son un paso preventivo para evitar que la información se pierda mientras avanza un trámite judicial.
Solicitudes de emergencia: ¿puede prestarse para persecución?
El propio diseño del mecanismo de emergencia tiene una debilidad estructural que vale la pena señalar, aunque los datos de Ecuador por sí solos no permiten sacar conclusiones sobre si se ha usado así en el país.
A diferencia del proceso legal formal, una solicitud de emergencia no pasa por revisión judicial previa. Se basa en que la autoridad describe una situación de peligro y es Meta quien decide, únicamente con esa descripción, si le cree. No hay un juez ni ningún tercero independiente verificando la urgencia antes de que los datos se entreguen. Eso significa que, en teoría, el mecanismo puede invocarse de forma indebida, por cualquiera que logre parecer una autoridad legítima, sin la garantía adicional que sí exige un proceso legal.
Existen casos documentados de ese tipo de abuso, aunque no corresponden a gobiernos actuando como tales sino a criminales que se hicieron pasar por policías. El caso más conocido es el del grupo de hackers LAPSUS$, que en 2022 usó cuentas de correo gubernamentales robadas o falsificadas para conseguir que Meta, Apple y Discord entregaran datos de usuarios sin ninguna orden judicial real. El FBI alertó en 2024 que este tipo de fraude, conocido como «fake EDR» (Emergency Data Request), se volvió un negocio en foros criminales, con gente vendiendo credenciales de correo gubernamental y plantillas de solicitudes falsas.
Además del fraude criminal, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), Access Now y Amnistía Internacional han documentado un patrón más amplio en distintos países: gobiernos que usan justificaciones de «emergencia» o seguridad nacional para acceder a información o ubicar a periodistas y activistas sin las garantías del proceso judicial ordinario. Por eso RSF ha pedido que cualquier excepción de este tipo esté sujeta a autorización judicial y revisión periódica.
Lo que los datos de Ecuador no dicen: el reporte de Meta no identifica qué personas o instituciones estuvieron detrás de cada solicitud, así que no hay forma de saber, si alguna de las 1.427 solicitudes de emergencia del primer semestre de 2025 apuntó a un periodista, activista u opositor.
¿Qué no muestra este reporte?
Para entender el alcance real de estas cifras, es importante señalar sus límites. Primero, Meta no identifica qué instituciones del Estado (Policía, Fiscalía, un juez, otra entidad) hicieron cada solicitud, ni el motivo de la investigación.
Asimismo, «Entregar algún dato» no significa entregar todo lo pedido: puede tratarse de información básica de suscripción y no necesariamente contenido de mensajes o publicaciones.
El reporte de Meta no distingue entre pedidos vinculados a delitos comunes, terrorismo, seguridad nacional u otras causales. Además, los datos de 2025 corresponden solo al primer semestre; Meta todavía no publica el reporte del segundo semestre del año.
Fuente:
- Meta, Government Requests Report, reportes semestrales de Ecuador desde el primer semestre de 2019 hasta el primer semestre de 2025: https://transparency.meta.com/reports/government-data-requests/country/EC/
