En Tungurahua cuatro alcaldes y el prefecto cuentan con denuncias por diversos delitos: presuntos enriquecimiento ilícito, estafa, contaminación del ambiente y otros relacionados con violencia de género. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones quedaron archivadas.
Esta es la radiografía de una de las provincias más prósperas del país. Con una población de 584.638 personas, Tungurahua se ha convertido en un centro industrial que genera cada año algo más de USD 4 mil millones. Y se evidencia en los patrimonios de sus autoridades.
La mayoría rebasa los USD 100.000. Además, seis de las once autoridades poseen empresas activas relacionadas a venta de autos, comercialización de medicinas y servicios de transporte.
En algunos casos, esas mismas autoridades han enfrentado denuncias por diversos presuntos delitos. De las causas consultadas en el registro de procesos de la Función Judicial (e-Satje), diez de los catorce procesos judiciales fueron archivados o están en solicitud de archivo, en dos casos hubo sobreseimiento y otros dos se solucionaron con conciliaciones.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Alcalde con alertas de Contraloría
El alcalde de Baños, Marlon Guevara, quien va por su segundo periodo, es uno de los funcionarios que más acumula procesos en el sistema de la Función Judicial: tres investigaciones archivadas y un sobreseimiento. En 2023 fue electo por la alianza Centro Democrático – Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua (CD–MCAT), que también ganó las alcaldías de Mocha y Patate.
En 2018, la Contraloría General del Estado remitió a Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal contra Guevara y tres funcionarios del Municipio, además del representante legal de la empresa Amazonas Building, que ganó la adjudicación de un contrato para la construcción del proyecto Termas de la Virgen, por un valor de USD 6’469.558. La Contraloría había detectado irregularidades en el proceso de licitación. La compañía presuntamente presentó documentos, para acreditar su experiencia, con firmas y montos inconsistentes. Por eso, se presumió un delito de falsificación o uso de documento falso. La comisión técnica y el alcalde manifestaron que cumplieron con todos los aspectos de la Ley de Contratación Pública y que, en la etapa precontractual, no estaban facultados para verificar la autenticidad de las firmas. En enero de 2022, la fiscalía provincial de Tungurahua pidió el archivo de la causa por falta de documentos originales y el vencimiento de los plazos legales. Una jueza aceptó el archivo.
En 2018 y 2021, el alcalde de Baños tuvo otras dos denuncias por el supuesto delito de estafa. El primer proceso fue archivado sin detalles de lo sucedido. El segundo terminó en sobreseimiento tras el pagó una deuda de USD 12.000 a una proveedora de Patate, por la confección de unos implementos deportivos, por lo tanto, la Fiscalía retiró los cargos.
En el 2019, la Fiscalía inició una investigación previa contra el alcalde de Baños, y su esposa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Un informe de Contraloría habría detectado presuntos movimientos económicos sin justificación. La entidad de control dijo que “desconocía” el origen USD 124.124, con los que Guevara y su pareja habían comprado un auto, cancelaron tarjetas de crédito y pagaron un préstamo. Sin embargo, dentro del caso no se encontraron elementos suficientes para seguir con la investigación y esta fue archivada.
Violencia de género e intimidación
En Tungurahua, dos alcaldes han sido vinculados a casos relacionados con violencia de género. Danilo Ortiz, del cantón Mocha, fue denunciado por presunta violencia psicológica en septiembre de 2022. Sin embargo, se llegó a un acuerdo de conciliación y la investigación quedó archivada. En respuesta al pedido de su versión el alcalde dijo telefónicamente que no habían las pruebas suficientes y que por eso se archivó.
El alcalde de Patate, Hernán Medina, enfrentó una investigación por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente relacionado con violencia intrafamiliar. El caso también fue archivado.
Finalmente, Pablo Velasco, alcalde de Quero, registra una investigación previa por el presunto delito de intimidación contra una mujer en el cantón La Libertad (Santa Elena). El caso se archivó.
Cuentas pendientes desde que era alcalde
El prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, cuenta con tres investigaciones: dos fueron archivadas y la otra continúa en trámite. Las tres tienen relación con sus funciones cuando fue alcalde de Pelileo.
La primera causa se originó tras una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en 2014 por un presunto delito ambiental. En documentos judiciales se explica que el agua utilizada por las lavadoras de jeans del cantón va directo a los ríos y los estaría contaminando. El caso sigue en investigación previa luego de que un fiscal quisiera archivarlo, pero la solicitud fue negada y el expediente pasó a otro agente.
La segunda investigación previa inició en el 2016, cuando un ciudadano acusó a Caizabanda de presunta usurpación ya que autoridades municipales habían ingresado a sus terrenos para remover la tierra y construir un estadio. El juez declaró la causa como desierta y la archivó.
Un año después, en 2017, se abrió una nueva investigación por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, pero fue archivada.
Patrimonios millonarios
Las autoridades de Tungurahua se caracterizan por tener patrimonios altos. La alcaldesa de Ambato, Diana Caiza Telenchana (Pachakutik), registra en la Contraloría General del Estado un patrimonio de USD 1.140.929 en 2025. Entre 2023 y 2024, tuvo un aumento del 25% pasando de USD 904.864 a USD 1.131.082, en un año.
La funcionaria es accionista y administradora actual de Chibuleo Motors Cía. Ltda., según el portal público de la Superintendencia de Compañías. La empresa se dedica a la venta de vehículos nuevos y usados. El pago de impuestos de Caiza también ha aumentado en los últimos años. En 2022, cuando aún no era alcaldesa, canceló USD 826 por el impuesto a la renta. Mientras que, en 2025, el valor abonado al SRI fue de USD 6.964.
El alcalde de Mocha, Danilo Ortiz, también registra un patrimonio en ascenso. Él lleva en el cargo siete años. Fue reelecto en 2023 con más del 80%, una de las votaciones más altas del país. Ortiz arrancó su primer mandato en 2019 con una declaración patrimonial juramentada de USD 410.013. En 2025 su patrimonio declarado llegó a USD 771.238, lo que representa un incremento del 88%. equivalente a USD 361.225
Dentro de los detalles de las declaraciones patrimoniales juramentadas de la página oficial de Contraloría, Ortiz inició su primera gestión como alcalde con una finca y seis terrenos a su haber que sumaron USD 426.623. Siete años más tarde, sus bienes incluyen 9 terrenos, una casa y la finca. Seis de los nuevos terrenos fueron adquiridos entre 2024 y 2025. En el registro también aparece un terreno de USD 11.578 adquirido en 2014 pero que no se incluyó en la declaración de 2019. Entre sus bienes muebles, en 2025 se registraron USD 150.000 en semovientes (ganado), USD 20.000 en menaje de casa y USD 40.000 en maquinaria pesada.
En la página de la Superintendencia de Compañías identifican al alcalde Danilo Ortiz como accionista de la Compañía de Transporte Pesado Internacional Nueva Generación en Transporte Nugetrans S.A.. Además, tiene un RUC como productor de leche desde 2006.
Danilo Ortiz conversó por teléfono con el equipo de Spondylus Info Lab. El alcalde de Mocha dijo que el aumento del patrimonio se debía a que, en su primer periodo, hizo una gestión para revalorizar los predios que habrían pasado de 50 centavos a USD 5,00 en la zona urbana y USD 3,00 en la zona rural. Se le solicitó que envíe por mail los documentos que sustenten estas afirmaciones sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
De hecho, la finca que registra Ortiz, en 2019 estaba avaluada en USD 350.000 y, en 2025, su valor bajó a USD USD 303.737. De igual manera la diferencia entre sus bienes inmuebles de 2019 y los de 2025 (eliminando los 3 terrenos, y la casa obtenida después de ese año) es de apenas USD USD 5.715.
En este grupo con altos patrimonios también está el alcalde de Píllaro, Israel Chicaiza (MCAT), con un patrimonio de USD 558.000 y el alcalde de Pelileo, Gabriel Zúñiga Silva (Avanza), con un patrimonio de USD 355.431.
También existen funcionarios con patrimonios relativamente más moderados. El alcalde de Patate, Hernán Medina Castro (CD/MCAT) tiene USD 153.650. El líder del cantón Quero, Pablo Velasco Garcés (SP), contabiliza USD 147.800. Mientras que, el prefecto Manuel Caizabanda (Pachakutik) inició su gestión con un patrimonio de USD 119.324. En 2025 este cayó a USD 95.887.
Saltos patrimoniales
Marlon Guevara, ha sido alcalde de Baños en los últimos dos periodos consecutivos: 2014-2019 y 2023-2027, arrancó su segundo mandato, en 2023, con un patrimonio de USD 1.255. En 2025 esa cifra aumentó a USD 54.680, equivalente a un aumento de 4.256%.
Acercando la lupa, dentro de los bienes declarados en 2023 se encuentra un terreno en Tungurahua, un departamento y una casa en Pichincha, todo avaluado en USD 233.949. Lo que hace la diferencia es que, en 2025, dentro de los bienes inmuebles se suma otro terreno, también en Tungurahua, con un valor de USD 63.642. Adicionalmente, una deuda personal registrada por Guevara bajó de USD 220.000 a USD 180.000 entre 2023 y 2025.
Milton Ramírez, alcalde de Tisaleo incrementó su patrimonio en un 343% en dos años, lo equivalente a USD 58.258. En 2023 en los registros digitales de Contraloría, Ramirez no tenía bienes inmuebles. Para 2025, en su declaración patrimonial juramentada aparecen tres terrenos, dos en Tungurahua y uno el Pastaza, que juntos suman USD 94.728. adicional aparece USD 6.015 en deuda de una tarjeta de crédito.
Ramírez respondió a Spondylus Info Lab que, el incremento patrimonial entre 2023 y 2024 “no representa un enriquecimiento injustificado”, sino la incorporación de un bien inmueble avaluado en USD 60.000 comprado en 2019 y que por error fue omitido en la declaración inicial de 2023.
Por su parte, el burgomaestre del cantón Cevallos, Carlos Soria, inició su gestión en 2023 con un patrimonio de USD 233.700. Un año después, ese valor aumentó en 37%, pasando a USD 320.964, es decir una diferencia de USD 87.264. En 2025 se halló un disminución del 30% en su patrimonio declarado en 2025, con un valor de USD 224.964, es decir bajó en USD 96.000 y tiene relación con una deuda contraída entre 2024 y 2025 por el valor de USD 120.000 con un saldo que pagar de USD 109.000.
El alcalde de Pelileo, Gabriel Nicanor Zúñiga Silva, tuvo un crecimiento patrimonial constante del 5% por año, es decir, en 2023, declaró un valor de USD 321.376, en 2024 su patrimonio fue de USD 339.263 y, en 2025, este llegó a los USD 355.431.
El burgomaestre explicó a esta alianza periodística que, la variación registrada responde a circunstancias normales, transparentes y debidamente reflejadas en las declaraciones patrimoniales presentadas ante los organismos de control competentes. Y que el incremento se debe, principalmente, a la reducción de obligaciones previamente adquiridas.
