El mapa político de Chimborazo, una provincia mayoritariamente indígena, está fragmentado entre tres movimientos y cuatro alianzas políticas para ocupar diez alcaldías y una prefectura. Un rastreo de registros oficiales expone cómo el patrimonio de sus autoridades aumentó significativamente desde que fueron electas en 2023.
La provincia de Chimborazo, en la Sierra Centro, está gobernada por once autoridades locales. En este territorio, de población mayormente indígena, habitan poco más de 486.000 personas. En las elecciones de 2023, todas las autoridades locales llegaron por primera vez, es decir que podrían optar a la reelección en los comicios de finales de 2026.
Pero a pesar de que llevan apenas tres años en el cargo, estas autoridades llaman la atención. Desde procesos judiciales penales hasta incrementos o disminución en sus patrimonios. Además cuatro tienen relación con empresas activas o inactivas, y dos no presentaron su declaración de impuesto a la renta periodos antes de asumir su función pública.
El caso más importante de la provincia es el proceso penal que enfrenta el alcalde de Riobamba, John Vinueza, quien fue electo por la alianza Vecinos en Acción, conformada por Centro Democrático y RETO. Vinueza, quien antes de lanzarse a las seccionales fue asambleísta, fue llamado a juicio por el presunto delito de asociación ilícita, en el llamado caso Altares.
Tres de las alcaldías –Alausí, Chambo y Chunchi– están en manos del Movimiento Político Provincial Cambio (MPPC), en tanto que dos llegaron auspiciados solo con una tienda política: Pachakutik en Penipe y el movimiento CREO en Pallatanga. Los otros siete responden a alianzas, como el alcalde de Riobamba.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Saltos patrimoniales en Chimborazo
En la provincia de Chimborazo, dos autoridades locales registran incrementos importantes en sus patrimonios, de acuerdo a la información de la Contraloría General del Estado, en tanto que una un retroceso, aunque menor.
El prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda Cuvi, llegó a su cargo en mayo de 2023 por la alianza Vida, entre la Izquierda Democrática y un movimiento local. Presentó su declaración patrimonial de inicio de gestión, en la que señaló que tenía a esa fecha un patrimonio de USD 906.500. Tres años después, en 2026, presentó su declaración periódica, en la que dijo que su patrimonio era de USD 1.069.941.
Es decir que en ese tiempo, el patrimonio del prefecto creció en más de USD 163.000. De acuerdo con sus declaraciones, esto se da principalmente por un aumento en sus bienes inmuebles, que pasaron de USD 1,03 millones, a USD 1,13 millones en los años ya citados.
Asimismo, las deudas declaradas por el prefecto disminuyeron de USD 153.652 en 2023 a solo USD 69.211 en 2026.
Otro caso de aumento patrimonial es el del alcalde de Pallatanga, David León González (CREO), quien declaró un patrimonio de USD 81.413 en 2023, cuando asumió el cargo. Pero para 2025, dos años después, la información que entregó a la Contraloría es que su patrimonio era de USD 211.311.
Según esta información presentada por el alcalde, su patrimonio creció en 160%, con un incremento de más de USD 129.000.
El crecimiento se da por un aumento en los bienes muebles. La principal diferencia entre ambos documentos, es que en 2025 el alcalde declaró tener USD 50.000 en la categoría de “obras de arte, joyas y colecciones”, que no tenía en años anteriores.
Además, informó sobre un aumento en el valor de dos casas, posiblemente por un aumento en el impuesto predial. De tal manera que esa categoría pasó de USD 45.396 en 2023 a 89.074 en 2025.
La alianza periodística de Spondylus Info Lab solicitó al prefecto Tayupanda y al alcalde León una explicación sobre sus incrementos patrimoniales. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hemos recibido una respuesta.
Alcaldes empresarios
Cuatro alcaldes de la provincia de Chimborazo aparecen en los registros de la Superintendencia de Compañías con relaciones con empresas activas e inactivas.
El alcalde de Chambo, Luis Escobar Garcés (MPPC), es accionista de la empresa Hospital del Día EV S.A.S., que se dedica a actividades de atención médica y consta como activa. En esa firma, tiene un capital invertido de USD 1.000 y es el único accionista, además del gerente general desde 2021.
Ante la consulta de la alianza periodística Spondylus Info Lab, el alcalde informó que el 16 de octubre de 2024 “se inició en la Superintendencia de Compañías valores y Seguros los trámites para la cancelación expedita” de esta firma. Sin embargo, en los registros continúa como activa.
Julio Guaminga Anilema, alcalde de Colta, también aparece como accionista de una empresa, que en este caso está inactiva. Se trata de Chakanacom Compañía Anónima, una firma dedicada a las consultorías técnicas.
Según informó el alcalde a esta alianza periodística, la empresa “no llegó a tener actividad comercial real y permaneció inactiva”. El funcionario informó que su participación en la empresa fue minoritaria, y anterior a su gestión como alcalde y que tampoco ha tenido contratos con el GAD de Colta. Guaminga llegó a la alcaldía por la alianza Minga-Avanza.
Mientras que el alcalde de Riobamba, John Vinueza, aparece como accionista en la empresa Abitazero En Línea Recta Cia. Ltda., actualmente inactiva y en proceso de cancelación.
Además dos alcaldes no han presentado sus declaraciones de impuesto a la renta antes de comenzar sus periodos como autoridades, en 2023. Se trata de Oswaldo Bonifaz Vicuña, alcalde de Cumandá, que no ha presentado su declaración de 2022; y de Jorge David León González, de Pallatanga, que no ha presentado declaraciones entre 2019 y 2022.
Los procesos judiciales contra autoridades de Chimborazo
Siete autoridades locales de Chimborazo aparecen en el Sistema Judicial (Satje) con algún tipo de causa penal en su contra.
La mayoría de casos, sin embargo, son archivos de investigaciones previas, en los que la Fiscalía no encontró indicios suficientes para avanzar hacia una formulación de cargos. Estos son los casos de los alcaldes Luis Escobar, de Chambo; Joseph Frantz, de Chunchi; Julio Guaminga, de Colta; Oswaldo Estrada, de Guano; Jorge León, de Pallatanga; John Vinueza, de Riobamba, y el prefecto Hermel Tayupanda.
Pero aparte de estos procesos que no prosperaron, hay otros que sí avanzaron. El más conocido es el caso contra el alcalde de Riobamba, John Vinueza, que actualmente enfrenta un proceso por el presunto delito de asociación ilícita.
El funcionario y dos concejales fueron llamados a juicio en abril de 2026. Según la Fiscalía, habrían conformado una estructura para cometer delitos como tráfico de influencias, para intervenir en causas de tránsito, cohecho, relacionado con la presunta asignación irregular de 255 cupos de taxis rurales, y presunta falsificación informática, mediante la presunta eliminación de multas.
El alcalde de Chunchi, Frantz Joseph Narváez (MPPC), también enfrentó un proceso penal. Según el portal del Sistema Judicial (e-Satje), en 2017 fue procesado por el presunto delito de intimidación. Tuvo formulación de cargos, fue llamado a juicio, y el caso incluso llegó a audiencia de juzgamiento, pero finalmente se ratificó su estado de inocencia.
La Fiscalía apeló esa sentencia, pero el recurso fue rechazado y el proceso fue archivado. La causa se dio mientras Narváez era concejal y vicealcalde del cantón Chunchi.
Finalmente, el prefecto Hermel Tayupanda también aparece con causas penales, aunque de antes de que llegara a su cargo, cuando era alcalde de Colta, en 2016. Fue querellado por presunta usurpación en una acción penal privada. Lo acusaban de que trabajadores y maquinaria municipal habrían destruido/usurpado parte de una propiedad privada para abrir un camino, y que se habría destruido otra parte de la propiedad para ingresar material pétreo al cementerio de Cajabamba.
En este caso, la sentencia de primera instancia ratificó el estado de inocencia de Tayupanda. Luego, la apelación de la querellante fue rechazada y la casación fue inadmitida por la Corte Nacional. El proceso terminó archivado en marzo de 2019.
La alianza periodística Spondylus Info Lab solicitó la postura legal y versiones de los alcaldes Vinueza y Narváez y del prefecto Tayupanda, sobre estos casos penales. No hemos recibido una respuesta hasta la publicación de esta nota.
