El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 87 votos a favor y 54 en contra el proyecto de Ley Reformatoria para Sancionar el Uso Indebido de Uniformes e Insignias de la Fuerza Pública.
Aunque las distintas bancadas coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para combatir delitos cometidos por personas que se hacen pasar por miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas, la aprobación de la normativa estuvo marcada por cuestionamientos de la oposición respecto a una disposición incorporada durante el trámite legislativo.
Legisladores de la Revolución Ciudadana y de Pachakutik aseguraron que el informe para segundo debate incluyó una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que, según afirmaron, no fue discutida ni analizada dentro de la Comisión de Seguridad Integral, encargada de tramitar el proyecto.
La disposición observada corresponde al artículo 20 del texto aprobado, que establece que la Contraloría podrá disponer la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contengan información confidencial o clasificada como reservada, secreta o secretísima, relacionada con procesos, actuaciones, exámenes especiales, auditorías o expedientes institucionales, en un plazo máximo de 30 días calendario una vez que estos hayan concluido y se encuentren ejecutoriados.
El artículo también señala que la eliminación deberá realizarse mediante una resolución motivada, bajo protocolos de seguridad institucional, y con mecanismos que garanticen la trazabilidad y el registro de las actuaciones realizadas. Asimismo, establece que no podrá destruirse información vinculada con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles o administrativas, ni con indicios de responsabilidad penal que no hayan prescrito.
La legisladora de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, sostuvo que la reforma podría afectar el acceso ciudadano a información relacionada con exámenes especiales, auditorías y eventuales incrementos patrimoniales injustificados de funcionarios públicos. Según anunció, una vez que la ley sea sancionada por el Ejecutivo y publicada en el Registro Oficial, presentará una demanda de inconstitucionalidad contra esa disposición.
Por su parte, la asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, manifestó que respalda el objetivo general de la normativa para sancionar el uso indebido de uniformes e insignias institucionales, pero cuestionó la incorporación de una reforma que, a su juicio, no guarda relación con la materia principal del proyecto.
“No es parte de la transparencia insertar artículos que no corresponden al objetivo de la reforma”, señaló la legisladora durante el debate.
Desde la bancada oficialista, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón (ADN), rechazó las críticas y defendió el contenido del informe aprobado. La legisladora sostuvo que los cuestionamientos responden a una estrategia política para desacreditar el trabajo de la comisión y afirmó que sectores de la oposición mantienen una postura de rechazo sistemático a las iniciativas impulsadas por el oficialismo.
El proyecto aprobado será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción, conforme al procedimiento legislativo previsto en la Constitución. Mientras tanto, la controversia sobre la reforma a la Ley de la Contraloría anticipa un nuevo debate jurídico y político sobre los alcances de la disposición incorporada en el texto final.
