La jueza Marcia Córdova reinstalará el 28 de mayo la audiencia de acción de protección de Fundamedios contra lineamientos de Fuerzas Armadas para calificar a medios y periodistas.
La jueza Marcia Córdova, de la Unidad Judicial de Trabajo del norte de Quito, ordenó que el 28 de mayo se reinstale la audiencia de acción de protección presentada por Fundamedios contra los lineamientos emitidos por las Fuerzas Armadas para calificar a medios y periodistas como requisito para acceder a coberturas informativas.
La disposición fue ordenada mediante oficio del 28 de enero de 2026 por el general Henry Santiago Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El sistema contemplaba criterios como línea editorial del medio, tratamiento informativo histórico, rigor informativo, conducta profesional y postura institucional frente al rol constitucional de las FF.AA.
Durante la audiencia realizada hoy, que se instaló pasadas las 11:00 y duró una hora y 21 minutos, comparecieron el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, junto con abogados de la organización, así como representantes legales de las Fuerzas Armadas y de la Procuraduría General del Estado.
Al finalizar la diligencia, la jueza dispuso dos medidas. Primero, que en un plazo de tres días al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas presenten el documento que demuestre que el acto administrativo que establecía los lineamientos fue derogado. Segundo, que se conforme una comisión mixta integrada por el propio Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo, la cual deberá informar en diez días sobre el estado legal en que se encontraría el acto y precisar si tuvo o tiene carácter administrativo o normativo.
La decisión judicial se produjo luego de que, en la audiencia, los representantes de las Fuerzas Armadas sostuvieran que el oficio que establece los lineamientos ya no está vigente y que no se han vulnerado “derechos difusos” relacionados con la libertad de expresión de los demandantes.
Además intentó justificar, pero citando de manera errónea artículos de la convención Americana de Derechos Humanos sobre supuestos límites del derecho a la libertad de información por razones de seguridad y que la jueza no tendría competencia para resolver la demanda.
En la diligencia, uno de los abogados de las Fuerzas Armadas aludió en términos burlones y despectivos al periodista de Ecuavisa, Paul Romero, quien cubría la audiencia. El reportero consta en el expediente del caso tras haber sido excluido de coberturas informativas luego de publicar un reportaje sobre presuntas irregularidades en el sistema de radares de la institución militar.
El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, señaló que, bajo criterios de derecho administrativo, una disposición debe deshacerse mediante un acto de la misma naturaleza. Por eso, dijo que no basta con una carta enviada al presidente de la Unión Nacional de Periodistas para demostrar que el oficio dejó de existir jurídicamente.
“Ese no es un acto administrativo derogatorio de un instructivo tan importante y con tantos efectos negativos, según nuestro modo de ver, en el ejercicio de los derechos de los ecuatorianos”, dijo.
Según Ricaurte, Fundamedios entiende que el documento sigue vigente porque no se ha mostrado una derogatoria formal. “Por más que nos digan que no se ha aplicado, que no está vigente, etc., no existe, no se ha logrado mostrar lo que tenían que haber mostrado”, agregó.
Uno de los puntos centrales de la controversia es un anexo del oficio, en el que constaría una calificación con categorías y puntajes sobre medios o periodistas. Según Ricaurte, las Fuerzas Armadas intentaron deslegitimar ese anexo alegando que no tiene firma de responsabilidad.
Ricaurte rechazó ese argumento. Dijo que la defensa técnica de Fundamedios mostró que el propio oficio menciona el informe como anexo, por lo que no puede negarse su existencia.
“Pretender negar la existencia de este otro documento diciendo que no está firmado me parece que es realmente una defensa bastante débil”, afirmó.
El director de Fundamedios sostuvo que el problema de fondo es que, según la organización, el oficio permitiría calificar líneas editoriales de medios y condicionar el acceso a coberturas o fuentes oficiales.
“Los efectos negativos sobre los derechos es la vigencia misma de este oficio, de estas disposiciones de Fuerzas Armadas y del hecho de que se trate como una política de una institución tan importante como Fuerzas Armadas que se trate de calificar las líneas editoriales de los medios para darles acceso a coberturas o no”, dijo.
Ricaurte afirmó, además, que esas disposiciones sí se habrían aplicado. Así, dijo que, algunos periodistas fueron calificados y se les restringió el acceso a fuentes del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto con base en esas calificaciones.
“Se procedió incluso a calificar ya a algunos periodistas, a darles una calificación a algunos periodistas y a restringirles el acceso a las fuentes del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto con base en esas calificaciones”, sostuvo.
“Que saliendo de aquí vayan a hacer un documento que derogue, yo creo que ya está cumplido el objetivo de esta acción”, afirmó.
