El oficialismo pone en el orden del día los casos relacionados a sus legisladores, pero no los que involucran al correísmo.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) remitió a la Asamblea dos oficios solicitando se pronuncie sobre la autorización para el inicio de causas penales en contra de las legisladoras Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana; y de Diana Jácome, de ADN.
Son dos querellas diferentes. A Palacios le demanda Cynthia Gellibert Mora, secretaria de la Administración Pública, por presunta calumnia.
A Jácome le demanda su colega Juan Andrés González, asambleísta de la Revolución Ciudadana, también por presunta calumnia.
En tratamiento diferenciado
Son dos procesos idénticos, pero en el orden del día solo está tratar la solicitud sobre la inmunidad de Jácome. Son 101 votos los que se requieren para autorizar el procesamiento penal. Votación imposible de alcanzar por la composición de la Legislatura, por lo que el proceso en contra de Jácome no avanzará.
La situación de Palacios es diferente y complicada. El plazo para que la Asamblea se pronuncie vence hoy, pero al no hacerlo se considera automáticamente levantada su inmunidad y concedida la autorización para su procesamiento penal.
Es la segunda vez que el oficialismo mete en el «congelador» el tratamiento sobre inmunidad parlamentaria de un legislador correísta y, consecuentemente, permite que la justicia común le juzgue. La primera fue con González, en una causa propuesta en su contra por la legisladora Naila Quinta, del oficialismo.
La bancada de la Revolución Ciudadana cuestionó está discrecionalidad y no descarta interponer demandas internacionales. Franklin Samaniego asegura que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), se olvida de que es titular de la Legislatura y no del Movimiento ADN.
Jácome por su parte deslindó cualquier responsabilidad en este tipo de acciones. Dijo que a ella no le corresponde poner el orden del día de determinada sesión del Pleno, ya que eso es potestad de la Presidencia de la Legislatura.
Para Cecilia Baltazar, exPachakutik, la ley debería ser para todos y si tratan un pedido, deberían tratar también los otros para que haya el debate y sean los votos lo que definan la situación de un asambleísta.
