El informe anual 2025 de la CIDH advierte un deterioro en las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Ecuador, en un contexto marcado por la violencia del crimen organizado, el uso intensivo de estados de excepción y tensiones entre el poder político y la prensa.
El organismo señala que el país atraviesa un escenario complejo en materia de seguridad, donde periodistas enfrentan riesgos crecientes que incluyen amenazas, intimidaciones y restricciones indirectas a su labor. La CIDH subraya que la cobertura de temas como narcotráfico, corrupción y violencia se ha vuelto particularmente peligrosa, lo que ha derivado en autocensura en ciertas zonas del país.
Sobre los estados de Excepción
El informe también cuestiona el uso recurrente de figuras legales como los estados de excepción, que si bien responden a la crisis de seguridad, pueden generar impactos en derechos fundamentales. En este contexto, la CIDH expresa preocupación por medidas que podrían afectar el acceso a la información y el trabajo de la prensa, especialmente cuando se imponen restricciones amplias o poco claras.
Autoridades y medios de comunicación
Otro punto crítico es la relación entre autoridades y medios de comunicación. El organismo documenta episodios de estigmatización contra periodistas y medios, lo que contribuye a un clima adverso para el debate público. Estas prácticas, advierte, pueden debilitar la democracia al erosionar la confianza en el periodismo independiente.
En el ámbito digital, la CIDH identifica riesgos asociados a la desinformación y al uso de plataformas para desacreditar voces críticas. Asimismo, destaca la necesidad de que el Estado adopte políticas claras para garantizar la protección de periodistas, especialmente en entornos digitales donde las agresiones también se han intensificado.
La CIDH recomienda
El organismo recomienda al Estado ecuatoriano fortalecer mecanismos de protección para periodistas, garantizar el acceso a la información pública y evitar discursos que estigmaticen la labor periodística. También insiste en que las medidas de seguridad deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
El informe concluye que, aunque existen esfuerzos institucionales para enfrentar la crisis de seguridad, es fundamental que estos no se traduzcan en restricciones indebidas a la libertad de expresión, considerada un pilar esencial de la democracia.
