El dictamen de la Corte Constitucional sobre la vía para restar competencias al Consejo de Participación Ciudadana revivió la polémica de los concursos realizados por ese organismo.
El dictamen de la Corte Constitucional, difundido sobre el mecanismo para pasar del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) a la Asamblea la potestad de designar autoridades de control, puso en nuevamente en debate la labor que realiza el CPCCS.
En septiembre de 2025 el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó a la Corte Constitucional cuatro propuestas de modificación constitucional para determinar si la enmienda es la vía adecuada para tramitarlas.
La primera propuesta era la creación de un registro de personas condenadas por delitos sexuales; la segunda, la adopción de una mayoría calificada en la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de decretos de excepción, leyes y consultas populares de iniciativa presidencial; la tercera, la inclusión de ciertos delitos en procedimientos especiales; y la cuarta, el traslado de la atribución de designar autoridades del Consejo de Participación a la Asamblea y la implementación de nuevos procedimientos de designación.
En su dictamen del enero de este año, la Corte Constitucional señala que solo la cuarta propuesta puede ser tramitada como enmienda. Para el resto se deben establecer otras vías.
El constitucionalista José Chalco explica que, en lo formal, el dictamen de la Corte Constitucional, implica que, al ser una propuesta nacida del Ejecutivo, esta no tiene que ser tramitada en la Asamblea, sino que pasa directo a referéndum, sí así lo decide Noboa, luego del segundo control que realice la Corte Constitucional.
El dictamen dispone que el expediente regrese al despacho de la jueza ponente, Karla Andrade, a fin de iniciar el respectivo control previo de constitucionalidad de los considerandos y de la pregunta cuatro.
Este control implica que el organismo constitucional determine que la pregunta y los anexos relativos a la propuesta de enmienda cumplan con los requisitos de claridad, neutralidad, concordancia, que no induzcan al error.
Lo de fondo
Lo que Chalco critica es el momento en que se difunde este dictamen, al que califica de tardío, ya que se presentó en septiembre de 2025. El constitucionalista señala que es difícil que la propuesta tenga apoyo en las urnas por la impopularidad que ha deteriorado los intentos de modificación que nacen del Ejecutivo. Para Chalco, la mejor vía para lograr ese cambio tan necesario es que el trámite de las enmiendas sea a través de la Asamblea, donde se necesitarían 101 votos. Este proceso se sigue cuando la propuesta es presentada por los legisladores.
La asambleísta de ADN, Inés Alarcón, dijo que el Consejo de Participación Ciudadana fue una institución impulsada por la Revolución Ciudadana para poner autoridades a la carta, por lo que es importante tomar una decisión sobre ese organismo. «No tiene legitimidad por los casos de corrupción. Recordemos el caso Ligados», dijo Alarcón. Agregó que la bancada oficialista está de acuerdo en que el Consejo de Participación deje de designar autoridades.
Para Álex Toapanta, de Pachakutik, hay que esperar para ver cuál es el trasfondo del dictamen y de la propuesta del Gobierno.
