El proyecto deberá ser calificado por el CAL y tratado en una de las comisiones de la Asamblea.
La asambleísta del oficialismo, Camilo León, presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para, dijo, defender la libertad de expresión. La reforma consta de un artículo único, con el objetivo de añadirlo al numeral 1 del artículo 396 del COIP.
Este numeral señala como contravención de cuarta clase que se sanciona con prisión de 15 a 30 días a la persona que por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil.
León propone que a continuación se incluya el siguiente texto: «El juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión respecto de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a los servidores públicos en el marco de las funciones oficiales, aplicando los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen la protección reforzada».
«Vamos a proteger la libertad de expresión y sobre todo el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada», dijo León. Añadió que el articulado vigente ha sido una herramienta usada por Gobiernos anteriores para perseguir o intimidar a medios de comunicación por hacer uso de su libertad de expresión.
Según la legisladora, con su propuesta normativa, los jueces se verán obligados a garantizar la libertad de expresión de los comunicadores ya que el objetivo es proteger a los periodistas para que no puedan ser perseguidos «por levantar su voz en contra de la corrupción, en contra del poder; ni ahora, ni nunca», manifestó.
La disposición general del proyecto dispone que para juzgar los hechos regulados en el numeral 1, los operadores de justicia deberán aplicar un test de proporcionalidad basados en los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de acuerdo a los estándares desarrollados por la Corte Constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.
El proyecto de Ley deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y remitirlo a alguna de las Comisiones especializadas para su tratamiento.
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