La decisión sobre cuál será el salario básico para 2025 se vuelve trascendental, según los expertos, dado el contexto económico y la crisis energética. Las reuniones empiezan este jueves: los sindicatos plantean un incremento de más de 100 dólares. Los empresarios esperarán la información económica que entregue el Estado. 

POR: Juan Camilo Escobar

A las 10:00 de este jueves, representantes de gremios empresariales y organizaciones sindicales fueron convocados por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios del Ecuador (Conades), para discutir el salario mínimo que regirá en 2025, un tema clave para millones de trabajadores y empresas del país.

Esta es la primera de las reuniones en las que ambas partes intentarán llegar a un acuerdo sobre el monto de la revisión salarial. Si no se alcanza un consenso, la decisión final será tomada por el Ministerio del Trabajo, sobre la base de informes oficiales de inflación y de crecimiento de la economía. En cuanto a este último indicador, según la ministra del ramo, Ivonne Núñez, el país no superó el 1% en 2024, en comparación con el año anterior.

“Cuando se habla de incremento del salario básico unificado, necesariamente tenemos que ver el crecimiento económico. A mayor crecimiento económico hay sustentabilidad para hablar de un incremento muy considerable. De 2023 a 2024 no ha habido un incremento de desarrollo económico que supere el 1%”, declaró a periodistas el 30 de noviembre.

Hasta el mediodía de hoy, los representantes empresariales no habían adelantado el monto que propondrán para la revisión, mientras que los sindicatos propusieron un aumento de $104,04 en el salario básico, con el objetivo de igualarlo al costo de la canasta vital, que en octubre de 2024 fue de $564,04, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Una representante empresarial ante el Conades consultada por Ecuador Chequea señaló que el sector empresarial presentará su propuesta una vez que reciba la información técnica sobre la economía nacional, que se espera sea entregada en la primera reunión. Posteriormente, el gremio presentará su propuesta, añadió.

José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que agrupa a varias organizaciones de trabajadores, comentó que la propuesta del sector sindical busca reducir la brecha entre el costo de la canasta vital y el ingreso familiar promedio.

Así, puntualizó Villavicencio, el sector sindical propone que el Salario Básico Unificado pase de $460 en 2024 a $564,04 en 2025. Este incremento tiene un sustento tanto económico como legal, argumentó el representante gremial, tras señalar que la revisión permitiría dinamizar la economía y la productividad afectada por la inseguridad y los apagones y, por ende, aumentar más plazas de empleo. 

Además recordó, que tanto el artículo 328 y la disposición transitoria 25 de la actual Constitución disponen incrementos progresivos. 

Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de Política Laboral, advirtió que la definición del salario mínimo para el próximo año será una de las decisiones más importantes y complejas en medio del contexto socioeconómico actual, marcado por dos meses de apagones, que han impactado al aparato productivo. Sin embargo, destacó que el proceso deberá ajustarse estrictamente a las normas legales y constitucionales, que garantizan la recuperación del poder adquisitivo perdido al cierre de cada año fiscal.

“El criterio de los trabajadores es que se trata de recuperar el poder adquisitivo perdido. Por eso, tienen un enfoque progresivo que establece la Constitución, combinado con un criterio técnico. Ellos consideran que lo que se perdió este año debe compensarse con un ajuste que contemple la inflación proyectada para 2025”, explicó.

Recalde añadió que “la norma establece que la fórmula de cálculo del ajuste salarial debe incluir una proyección promedio de la inflación del próximo año. Por eso, los trabajadores proponen un incremento que resulte de la suma de lo perdido más el ajuste necesario para cubrir la inflación prevista en la economía”.

El año anterior, durante la transición entre los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, las negociaciones entre sindicalistas y empresarios para definir el salario mínimo comenzaron el 9 de noviembre. Al no alcanzarse un consenso, el entonces Gobierno entrante de Noboa decidió incrementar el salario en $10, fijándolo en $460 para 2024.

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