Al interior de la Comisión ocasional de la Asamblea que tratará la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en el país, hay posiciones distintas: ¿es o no ceder soberanía? ¿mejorará la lucha contra el crimen organizado? El debate comienza…
POR: Hugo Constante
Gisella Garzón (correísmo), Sofía Sánchez (PSC), Mariana Yumbay (Pachakutik), Arturo Ugsha (independiente), Rafael Dávila (independiente), Nataly Morillo (oficialismo) y Jorge Peñafiel (Construye) son los siete asambleístas que integrarán la ‘Comisión ocasional para el tratamiento del proyecto de reforma constitucional’. Así lo aprobó hoy el Pleno de la Asamblea, con 108 votos a favor. La Comisión tratará el proyecto de reforma parcial a la Constitución presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el objetivo de permitir en Ecuador el establecimiento de bases militares extranjeras.
La Comisión tiene 180 días para tratar el proyecto de reforma y se podrá prorrogar por el mismo plazo previo aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Según la normativa, la reforma deberá ser tramitada en dos debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero y para su aprobación se necesitan al menos 70 votos.
Luego del tratamiento legislativo se tendrá que convocar a referéndum en los 45 días siguientes.
Fue la Corte Constitucional la que a través de dictamen ordenó que la vía a seguir para el tratamiento de la reforma sea a través de la Asamblea. Además, ordenó que antes de la convocatoria a referéndum se le remita la convocatoria con los considerandos, la pregunta y los anexos.
Se prevé un fuerte debate
El tratamiento de la reforma en la Comisión ocasional estará matizado por las posiciones ideológico-políticas de sus integrantes. Noboa ha manifestado que esta reforma es necesaria para ayudar a combatir la inseguridad y la narco-delincuencia.
Nataly Morillo, en representación del oficialismo, asegura que es necesario dejar de lado todas las disputas políticas, ya que la alta criminalidad que afecta a América Latina y al mundo necesita de acciones concretas multilaterales y bilaterales. “Esto significa cooperación internacional en aspectos como Defensa, Justicia, Inteligencia, investigación criminal”, dijo la legisladora. Cuestionó a los sectores que aseguran que permitir bases militares extranjeras en territorio nacional es ceder soberanía. “Es un trabajo de respuesta e interdicción con otros países. El crimen organizado opera en conjunto. ¿Por qué nosotros, los políticos, no podemos trabajar en conjunto para sacarlos del país?”, indicó Morillo, y añadió que la labor de la Asamblea es establecer los parámetros de cooperación para que las bases militares extranjeras que se establezcan en el país no sean impuestas por las ideologías de los Gobiernos de turno.
Una visión totalmente opuesta tiene la asambleísta correísta Gissela Garzón, en coherencia con la línea política de su movimiento político, que cuando se lo conocía como Alianza PAIS impulsó la prohibición de permitir bases militares extranjeras. Esa prohibición expresa consta en la Constitución de 2008, que fue propuesta por Alianza PAIS, principalmente.
Garzón manifestó que las bases militares extranjeras no resuelven la necesidad de la población en materia de seguridad y aseguró que Gobierno cuenta con los instrumentos legales aprobados por la Asamblea para combatir la inseguridad. “La seguridad no es sólo detener delincuentes; también es evitar que adolescentes y jóvenes lleguen a serlo y esa es la deuda enorme del Gobierno”, aseguró Garzón. Añadió que el presidente Noboa no ha implementado política social, educativa, mejoras en la condiciones de vida de las zonas pobres, que son las más afectadas por la violencia. Para la legisladora sí se trata de un tema de soberanía.
Mientras que las bancadas de Construye y del Partido Social Cristiano anticiparon el respaldo al proyecto de reforma constitucional. Camilo Salinas, de Construye, aseguró que es necesario tener el acompañamiento internacional para luchar contra las mafias y la delincuencia organizada “que nos está ganando terreno”.
El primer vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera (PSC), manifestó que el pueblo quiere celeridad en el tratamiento del proyecto de reforma.
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