El presidente, Daniel Noboa, decretó la continuación del proceso de regularización de migrantes, que inició en junio del 2022. Esta segunda etapa será sólo para los venezolanos que no lograron obtener su visa en un primer momento.
La llegada y salida de migrantes de Ecuador no ha sido un secreto para nadie. Según datos del Censo Población 2022-2023, en el país hay un total de 231.685 venezolanos, la mayor población migrante que se encuentra en el país, antes de la colombiana y la peruana. Sin embargo, estos registros sólo engloban a un tipo de migración: la regular y mapeable.
Pero no todos los migrantes llegan a Ecuador por estos medios. Este es el caso de Fausto García, de 43 años. Él emigró desde Venezuela hace tres años y llegó al país hace menos de uno. En la frontera, por la falta de un certificado de antecedentes penales apostillado, requisito que establece el Gobierno para ingresar a Ecuador, no pudo hacer su ingreso de forma regular. Esto lo obligó a tomar uno de los pasos irregulares, lo que le ha tenido tres meses, prácticamente, viviendo de esa manera.
“No tenía otra opción, quiero llegar a Perú y para eso tenía que entrar a Ecuador. Hoy aquí no me queda más que deambular pidiendo plata o vendiendo dulces para salir adelante, encontrando lugares donde dormir. A veces, me ha tocado hacerlo en la calle”, dice con una voz ronca por el frío de las mañanas, o así lo justifica.
En el país no se conoce cuántas personas viven en la misma situación, puesto que la falta de una entrada regular los ha llevado a formar parte de un subregistro, una forma de existir sin la validación: un número que no se cuenta en las cifras oficiales o en los registros poblacionales.
Para combatir esto, el Gobierno anunció el viernes un nuevo proceso de regularización migratoria excepcional, también conocido como amnistía migratoria, con el que se espera ayudar a los migrantes a regularizar su estadía en Ecuador, ser tomados en cuenta en las estadísticas y, con esto, propender al acceso a sus derechos y a servicios básicos, como la salud y la educación.
Este proceso se vio consolidado con un Decreto Ejecutivo. Pero, ¿qué implica este nuevo proceso de regularización? ¿Cuáles son sus pros y contras?, preguntas que surgen y que intentamos responder en esta nota explicativa.
Nuevo proceso de regularización
El viernes, el presidente, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 370. En este documento se establece la creación de un nuevo proceso de regularización migratoria, el cual entrará en vigencia este mes y se extenderá hasta abril de 2025. El texto denomina al proceso como una “amnistía migratoria”.
Daniel Caballero, docente experto en Derechos Humanos y migración, explica el porqué de este término: “Se lo llama amnistía porque con este decreto a los migrantes se les estaría perdonando una infracción migratoria, que es una infracción administrativa, por haber estado de forma irregular en el país”. Es decir, el proceso, en primer lugar, se expide como un perdón a los migrantes que se mantienen en el país en una situación irregular, con el objetivo de que estas personas no puedan ser deportadas o sancionadas. Pero no solo eso: “Además del perdón, se les da la posibilidad de regularizarse fuera de los plazos que establece la Ley”.
El Decreto de Noboa establece que este proceso tendrá como beneficiarios a “personas de nacionalidad venezolana, en situación de movilidad humana y su grupo familiar que, habiendo realizado el proceso de Registro de Permanencia Migratoria dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nro. 436 de 1 de junio de 2022, cuenten con su Certificado de Registro de Permanencia Migratoria caducado y no han obtenido un visado, dentro de los anteriores procesos de regularizaciones VIRTE”.
Para comprender esto, hay que recordar que en 2022, Ecuador ya inició un proceso masivo de regularización de migrantes, durante el Gobierno de Guillermo Lasso con un proceso de registro, al que las personas en movilidad humana debían aplicar para poder acceder a beneficios. Uno de estos: evitar posibles deportaciones en 180 días, plazo para la regularización, a través de visas entregadas por la Cancillería. Luego de dos años de proceso, este terminó en los primeros meses de 2024, dejando algunas estadísticas que permiten conocer mejor la realidad de la migración y de los migrantes en Ecuador.
En el inicio del proceso se registraron más de 200.000 personas. De este total, 140.277 llegaron al punto de solicitar una visa. El 90% de estos últimos fueron venezolanos.
Sin embargo, los resultados oficiales demostraron que, del total de solicitantes, sólo 95.807 migrantes obtuvieron una visa. En el caso de los venezolanos, 94.393, de los 138.244 que iniciaron el proceso, lo concluyeron exitosamente. Esto, en otras palabras, significa que el 68,27% de venezolanos que aplicaron a una visa pudieron acceder al documento, dejando un déficit de 31,73% de solicitudes que no llegaron a término.
Asimismo, los datos mostraron que la mayor parte vino de personas de entre 18 y 35 años y, en su mayoría, las solicitudes fueron expedidas en provincias como Pichincha y Guayas.
Pero el proceso que hoy lanza Noboa está enfocado justamente en las personas que no pudieron completar el proceso anterior, según dicta el Decreto. Por esto, para Caballero, este no puede verse como un nuevo proceso de regularización migratorio, sino como una extensión del que inició en 2022.
El Decreto Ejecutivo, en su artículo 1, establece que quienes podrán acceder a esta regularización extraordinaria son personas que hayan accedido al registro migratorio en el primer proceso que se dio en 2022; y que estuvo activo hasta agosto de 2023. Es decir, las personas que entraron al país después de esta fecha no podrán acceder al proceso de regularización extraordinaria.
El mismo decreto, además, establece que esta nueva acción llevará ocho meses, de los cuales seis meses se destinarán para que las personas que se hayan registrado hasta 2023 puedan renovar su registro migratorio, su registro de permanencia y su solicitud de visa; mientras que los últimos dos meses serán destinados al procesamiento de las solicitudes para su respuesta.
Eso sí, el Decreto establece que, debido a los cierres de los consulados de Venezuela en Ecuador, dados desde la incursión del país en la embajada de México, las personas que formen parte del proceso podrán presentar su cédula venezolana, caducada hasta un máximo de cinco años.
De este modo, el proceso aceptará nuevas solicitudes para el porcentaje de personas que accedieron al registro migratorio, no nuevas personas que han entrado en estado irregular.
Críticas al proceso
Esta exclusión a las nuevas solicitudes es una de las críticas que se han presentado desde diferentes sectores, sobre todo desde asociaciones de representantes venezolanos. Así lo explica Daniel Regalado, presidente de la asociación civil Venezuela en Ecuador.
“Si bien, recibimos la noticia con esperanza de ayudar a los migrantes, el problema es que las personas que siguen llegando no tienen facilidades”, dice. “Esto complica la regularización de los migrantes que entraron desde pasos irregulares desde agosto de 2023”.
Por otro lado, Caballero critica que el proceso de visado implica aún requisitos que resultan imposibles de conseguir para los migrantes, como el certificado de antecedentes penales apostillado. “Para los venezolanos conseguir un apostillamiento es una misión imposible, es complicado porque, o tienen que pagar más, o tienen que falsificar los certificados. Entonces, los requisitos salen de lo lógico para la condición de migración forzada que viven los venezolanos”.
El Decreto Ejecutivo estima que alrededor de 98.000 migrantes se beneficien de este proceso.
Te puede interesar:
